Que la solución de los problemas económicos de los españoles no supone ninguna prioridad para el Gobierno no debería ser ninguna novedad. Al PSOE lo único que le interesa es conservar el poder y para ello tomará no las decisiones adecuadas sino las que le proporcionen un mayor rédito electoral.
Su actitud ante el drama del desempleo es ilustrativa: en lugar de tomar la impopular decisión de liberalizar el mercado laboral para facilitar la contratación de los parados, prefiere subsidiar a toda la población aun cuando ello suponga hipotecar el presente y el futuro de la economía.
Otro tanto, desgraciadamente, sucede en el tema de las pensiones públicas. El sistema de Seguridad Social de casi todos los países desarrollados se basa en un fraude piramidal similar al que implementaron algunos célebres timadores como Madoff. Las pensiones de los jubilados de hoy no proceden de sus cotizaciones pasadas, sino de las de los trabajadores actuales. Dicho de otra manera, si el número de pensionistas crece por encima del número de cotizantes, llegará un momento en el que la Seguridad Social se quede sin fondos suficientes para continuar cumpliendo sus compromisos.
No hace falta ser muy perspicaz para darse cuenta de que en algún momento tendrá que darse esta situación. Al fin y al cabo, los cotizantes de hoy son los contribuyentes de mañana; de modo que la crisis de la Seguridad Social sólo podría retrasarse indefinidamente si la población ocupada creciera de manera exponencial.
Existe un consenso económico casi absoluto en que el sistema de Seguridad Social español va a empezar a experimentar dificultades como mucho dentro de una década. Con todo, la crisis económica ha precipitado los acontecimientos, ya que la brutal destrucción de empleo está minando el número de cotizantes: en marzo, la afiliación ya se había reducido en más de 1.200.000 personas.
De seguir esta tendencia, y nada parece indicar que no vaya a ser así, en pocos meses la Seguridad Social entrará en déficit (es decir, las cotizaciones de los trabajadores serán inferiores a las pensiones) y entonces habrá que comenzar a echar mano de los 57.000 millones del Fondo de Garantía para poder seguir pagando. Aunque la cuantía parece muy elevada, representa un colchón que apenas duraría un par de años, y eso bajo el optimista supuesto de que el déficit sólo representara el 2% del PIB (un cifra que en absoluto exagerada).
De ahí que el gobernador del Banco de España advirtiera el miércoles de que la situación financiera del sistema de pensiones es crítica y que requiere de medidas urgentes. ¿Cuáles? Básicamente, limitar el gasto en pensiones o aumentar los ingresos en forma de contribuciones. Para lo primero, postula incrementar la base del cálculo de la pensión a los 30 últimos años de vida laboral (a mayor número de años, menor pensión). Para lo segundo, aumentar la edad de jubilación por encima de los 65 años (de modo que los trabajadores coticen durante más tiempo).
El Gobierno y los sindicatos cargaron inmediatamente contra su antiguo compañero de filas por considerar que su discurso adolecía de "un exceso de locuacidad, vanidad personal y fanatismo ideológico". No importaba si sus admoniciones estaban fundadas o no, lo único relevante era que su propuesta resultaba ideológicamente inaceptable.
Ayer, María Teresa Fernández de la Vega volvió a criticar al gobernador y a mostrar su disenso. El problema es que la vicepresidenta quiso desmentir a Fernández Ordóñez tratando de utilizar unas cifras que en un lamentable espectáculo mostró desconocer por completo. No sólo confundió el superávit de la Seguridad Social con el Fondo de Reserva, sino que en algún momento incluso se planteó que la cuantía de este último podía ser de 57.000 euros y no de 57.000 millones... unos euros de nada.
¿Cómo se puede criticar algo que no se entiende? Pues sólo desde la osadía y el sectarismo ideológico. De hecho, después de todo ese popurrí incomprensible de cifras, la vicepresidenta quiso dejar claro la lapidaria conclusión de su alocución: "El Gobierno no dará ni un paso atrás en su aumento del sistema de protección social". Dado que Zapatero no tendrá que enfrentarse al desplome del sistema de pensiones, a corto plazo le resulta más rentable no reformarlas y no enemistarse con la extrema izquierda que necesita para sostener su Gobierno.
Sin embargo, el Gobierno calla que su inmovilismo está abocando al sistema a la quiebra y por tanto su supuesta conciencia social está condenado a millones de jubilados a padecer una gran "desprotección social". Todo a cambio de un puñado de votos.
Aunque lo cierto es que lo realmente trágico no es que la quiebra de este fraude estatal termine por materializarse. En realidad, los políticos llevan décadas imponiéndonos un sistema de jubilación que aparte de estar condenado a la suspensión de pagos es mucho más ineficiente que sus alternativas privadas, a saber, los sistemas de capitalización. En estos sistemas son los propios trabajadores quienes, gracias a la inversión de sus ahorros, se pagan sus propias pensiones, cuyas cuantías son muy superiores a las públicas.
El colapso de la Seguridad Social, por consiguiente, sólo será la última canallada de una deliberada política de empobrecimiento de la sociedad que han conservado en España todos los Gobiernos de la democracia aun a sabiendas del perjuicio que estaban causando a la sociedad. Ojalá la cada vez más inexorable necesidad de modificar su desastroso modelo les sirva para reformarlo de verdad y en profundidad.