El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Enrique Villarreal, acaba de expresar su deseo de que la banca pública retorne a nuestro país con el fin de afrontar mejor la crisis. Yo me pregunto para qué quiere el señor Villarreal semejante retorno cuando aquí la mayor parte de los problemas de escasez de crédito están relacionados con lo público.
El presidente del ICO asegura que el modelo de banca pública podría solucionar alguno de los problemas que denuncian los empresarios. Precisamente, dicho modelo es, en buena media, el que ha dado lugar a las restricciones de crédito actuales. Por estos pagos, desde hace años los políticos han hecho de las cajas de ahorros sus bancos públicos, utilizándolas para sus fines, ya fueran financieros, ya de otra naturaleza. Las cajas han visto una y otra vez mediatizada su gestión por dichos intereses, entre los que se han incluido el crédito fácil a las empresas sin pararse a reflexionar un solo instante acerca de cuestiones tales como la concentración de riesgos. De haberlo hecho, hoy ese número nada desdeñable de cajas de ahorros que tienen que acudir a las ayudas del Gobierno sería muy inferior. De no haber concedido tanto crédito con tanta alegría, de no haber llevado a cabo tanta inversión y tanta financiación política, hoy muchas de ellas no estarían como están, que es bastante mal. Las cajas, sometidas al control de los políticos regionales y locales, han venido actuando como bancos públicos y ahora lo están pagando muy caro, ellas y la economía española en general. Los bancos privados, en cambio, tendrán sus problemas, sus dificultades, pero ahí están, sin necesitar ayuda ni intervención pública; es más, renegando de ella en más de uno y en más de dos casos, entre otras cosas porque temen que sea el primer paso, si no para su nacionalización, sí para verse sometidas al control político directo, que es lo peor que les podría pasar. Así es que, desde esta perspectiva, aquí lo que falla es lo que, por lo visto, el señor Villarreal quiere resucitar a nivel nacional.
Por si no fuera bastante prueba lo anteriormente expuesto, no hay más que ver lo que está sucediendo en torno a la Caja de Castilla-La Mancha, la entidad presidida por el ex secretario de Estado socialista, Juan Pedro Hernández Moltó. Desde que comenzó la crisis muchos indicios apuntaban a que dicha caja era una de las que más problemas tenía. Ahora está bastante claro... bastante claro que tenía, y tiene, problemas más que serios pero que no se sabe cuáles son, ni de qué naturaleza, porque sus dirigentes se niegan a informar al respecto a los consejeros del PP en la entidad y porque no facilitan explicación alguna de por qué se tiene que fusionar con Ibercaja y Unicaja para no ser intervenida por el Banco de España. Curiosamente, dicha fusión, orquestada en Ferraz, sería entre cajas controladas por los socialistas, supongo que para que nunca se sepa qué es lo que ha pasado dentro de ellas. Así se gestiona en España esa banca pública que Villarreal quiere que vuelva en toda su plenitud, con dosis exageradas de oscurantismo –el mismo con el que el Gobierno concede las ayudas al sector crediticio– que, al final, acaban pagando los ahorradores y los contribuyentes. Porque fusiones como esa siempre acaban contando con toda suerte de ayudas públicas, que ya se sabe de qué bolsillo salen.
Los problemas de esas entidades llamadas cajas de ahorros, sometidas al control público y al poder político, son una de las razones fundamentales por las que en España el crédito no abunda tanto como las empresas y las familias desearían, pero no la única. La Administración Pública en todos sus niveles, estatal, regional y local, también tiene su parte de culpa porque no pagan a sus proveedores en tiempo y forma. Éstos, cuando llevan los pagarés de la autonomía, la diputación o el ayuntamiento de turno a que se los descuente su banco, se encuentran con que éste se niega porque no sabe cuándo va a ser satisfecho ese pagaré. Hoy, por término medio, las administraciones públicas están pagando a más de doscientos diez días, como poco. Por ello, los bancos no aceptan los pagarés, las empresas no tienen liquidez, la solvencia de muchas compañías está en entredicho y la banca, en buena lógica y ante el riesgo de suspensión de pagos que implica esta situación, niegan el crédito para no verse inmersos en más problemas de los que ya tienen con la crisis financiera internacional y el fuerte crecimiento de la morosidad derivado de la dureza de la crisis. Si una empresa es solvente, desde luego que no le falta crédito; el problema está en la que presenta dudas sobre su solvencia debido a su gestión, a la naturaleza de su negocio o a las deudas que tiene contraídas con la Administración. Eso es lo que hay que resolver, y no abogar por más banca pública.
Por último, si lo que quiere el presidente del ICO es que el crédito llegue a las familias y empresas, con independencia de todo lo anterior, eso es muy fácil de conseguir sin necesidad de tener que resucitar a los bancos públicos. Basta, por ejemplo, con que el Gobierno se convierta en garante último de los créditos de dudoso cobro a familias y empresas; o con que los conceda él mismo a través del ICO, como hace con otras líneas de financiación. Pero claro, eso implica destinar dinero público a lo que hay que destinarlo en lugar de a políticas de corte populista y electoralista, algo a lo que Zapatero no está dispuesto a renunciar porque se quedaría sin los pocos recursos que aún le restan para financiar sus campañas de marketing y publicidad.
Para afrontar la crisis crediticia en España no hacen falta más bancos públicos, que de esos ya tenemos suficientes con cuarenta y nueve cajas de ahorros. Lo que se precisa son políticos sensatos que se dediquen a gobernar, no a ejercer de ilusionistas con trucos que se ven a la legua y que pagamos todos, muy caro, por cierto; o a no malgastar los recursos públicos. Cuánto ganaríamos si nuestros dirigentes no tiraran el dinero de todos.