Es muy difícil hacer política cuando no se predica con el ejemplo porque los afectados por las medidas y decisiones del Gobierno siempre se resistirán a las mismas alegando que el Ejecutivo dice una cosa y, dentro de su ámbito de competencias, hace la contraria. Así, desde luego, nunca habrá forma de sacar adelante medida alguna. Este comentario viene a cuenta de los mensajes contradictorios que está lanzando el Gabinete en materia salarial. Por un lado, el Ministerio de Economía, y el Banco de España también, vienen insistiendo desde hace meses en la necesidad de que en nuestro país se moderen los salarios, algo lógico teniendo en cuenta la naturaleza, características y gravedad de la crisis económica por la que está atravesando nuestro país. Pero, por otro, en lugar de aplicarse a sí mismo la receta que prescribe para los demás –a los funcionarios–, de moderación salarial nada de nada. Así, desde luego, no va a lograr que en el sector privado los sindicatos renuncien a lo que están consiguiendo en el sector público, con el ejemplo que está dando con los funcionarios.
Le guste o no a los sindicatos, en esto de la moderación salarial el Gobierno tiene razón. España está en crisis en parte porque durante los últimos años ha perdido competitividad a pasos agigantados, diga lo que diga el Ejecutivo. Ahora toca reparar los daños producidos por una inflación que se ha situado sistemáticamente más de un punto por encima de la media de la Unión Europea, lo que exige o bien aumentar la productividad o bien moderar el crecimiento de los costes. Ahora bien, la productividad no se incrementa de la noche a la mañana. Para ello hace falta invertir en tecnología, en investigación y desarrollo, en formación del personal, en mejorar el sistema educativo, etcétera, etcétera, etcétera, lo cual lleva tiempo y consume unos recursos que, hoy por hoy, son más bien escasos a causa de la crisis. Así es que, aunque la productividad debe ser uno de los objetivos a medio plazo, a corto hay que incidir sobre aquellos elementos que pueden deparar efectos en dicho espacio temporal, es decir, en la moderación del crecimiento de los costes o en su reducción. En este sentido, la moderación salarial juega un papel muy importante por lo necesaria que resulta para devolver la competitividad a la economía española. Ahora que vivimos en el mundo del euro, no podemos devaluar para conseguir ese resultado y, por tanto, la única forma de volver a ser competitivos es o a base de moderación salarial o a base de reducciones de costes que incluyen despidos. De no actuarse de esta manera, muchas empresas están condenadas a desaparecer.
Ahora bien, aunque la lógica económica sobre la que se sustentan las demandas de moderación salarial es tan clara como irrefutable, una cosa es la teoría y otra la práctica. Y en la práctica lo que entienden los trabajadores es que no es lo mismo predicar que dar trigo y que si el sector público es capaz de subir el sueldo a los funcionarios, a pesar de la crisis, por qué no van a ser ellos iguales que esa casta de privilegiados que tienen asegurado el puesto de trabajo de por vida. De ahí a pensar que el Gobierno los trata de forma muy injusta hay un trecho muy pequeño que lleva necesariamente al rechazo de la moderación salarial, todo por culpa de que el sector público no aplica a sus empleados la medicina que prescribe a los del sector privado.
¿Esto por qué sucede? Pues muy sencillo, porque los funcionarios son empleados del Gobierno y muchos de ellos decidirán su voto en las elecciones en función de cómo les trate quien detenta el poder político, mientras que en el sector privado la culpa de la moderación salarial será imputada, por lo general, a las empresas, lo que no tendrá costes políticos para el partido cuyos diputados se sientan en el banco azul del Congreso. O sea, dicho sencilla y llanamente, que mientras Zapatero y los suyos piden sacrificios a los trabajadores de las empresas, se dedican a comprar apoyos electorales entre sus empleados. Por si alguien a estar alturas tenía dudas, el mercado de votos ya se ha abierto.