La iniciativa de los gobiernos vasco y catalán de gravar con nueve euros diarios a las viviendas desocupadas abre una senda peligrosa, de consecuencias impredecibles, para el sector inmobiliario español. La medida, de llegar a aprobarse definitivamente, constituye un despropósito completo porque ignora tanto la naturaleza del problema como sus consecuencias.
A estas alturas es evidente que España tiene un serio problema con la vivienda, tanto por su elevada carestía como por el incremento de precios de la misma, muy superior al del nivel de renta de los españoles. Desde esta óptica, para muchas personas la vivienda se convirtió en un bien de inversión que ha venido registrando fuertes revalorizaciones desde 1997. Por ello, muchos ciudadanos han adquirido casas con el único fin de venderlas con el paso del tiempo y obtener con ello importantes plusvalías. Esas viviendas, por supuesto, han permanecido vacías porque la finalidad de su adquisición no era la de ser ocupadas o alquiladas, sino, simplemente, la de constituir un objeto de inversión sumamente rentable. Pero quien tiene la culpa de esto son las propias comunidades autónomas.
En 1997, el Tribunal Constitucional reconoció que las competencias en materia de urbanismo correspondían a las comunidades autónomas, tal y como se recoge en su sentencia sobre la ley del suelo de 1989. Son ellas, por tanto, las encargadas de articular y ejecutar las políticas de vivienda y, por tanto, son las responsables de su encarecimiento al no haber actuado como debían, ejerciendo esas competencias que el Constitucional les reconoció en su momento. Ahora, Cataluña y el País Vasco pretenden arreglar el problema por la vía menos adecuada, esto es, imponiendo ese canon de nueve euros diarios a las viviendas desocupadas para que salgan al mercado y se abaraten tanto su precio como los alquileres. Esto es un error.
Desde hace tiempo se sabe que la naturaleza del problema de la vivienda en España reside en el régimen de intervención administrativa sobre el suelo, a través del cual se financian los ayuntamientos. Las corporaciones locales, por tanto, restringen su oferta con el fin de obtener más dinero y, de esta forma, se encarece la vivienda, mientras se da lugar a la aparición de la corrupción relacionada con el urbanismo. Lo que tendrían que hacer el País Vasco y Cataluña, por tanto, es liberalizar el suelo para resolver el problema. Por supuesto, enseguida aparecerá quién se pregunte por las finanzas municipales si no pueden contar con los ingresos procedentes de las recalificaciones. Pero nuevamente la pelota vuelve al tejado de los gobiernos regionales, puesto que las corporaciones locales dependen orgánicamente de ellos. Es a las autonomías a quienes corresponde el solventar los problemas de las Haciendas locales y son quienes, en realidad, no lo están haciendo pese a contar con recursos más que de sobra después de las últimas transferencias de ingresos impositivos procedentes del Estado que se les hicieron a través del último sistema de financiación autonómica.
Las autonomías han fallado en la gestión de la vivienda y, por lo se deduce de las intenciones de catalanes y vascos, van a volver a hacerlo. En lugar de actuar por las vías anteriormente señaladas, o en vez de aprobar una legislación sobre alquileres que proteja al propietario de la vivienda para permitir su salida al mercado de alquileres, en lo que se quieren embarcar los gobiernos catalán y vasco es una suerte de expropiación del derecho de propiedad, que es, en última instancia, en lo que consiste ese canon de los nueve euros. Por supuesto, siempre habrá quien diga que no es justo que exista en España un importante parque de viviendas desocupadas mientras su precio está por las nubes, pero cuando hay otras soluciones reales y eficaces para resolver el problema, pretender transitar por la vía de la tributación es una confiscación deliberada del derecho de propiedad y de las rentas de quienes poseen un bien solo por el mero hecho de poseerlo. Liberalicen el suelo, reformen la ley de alquileres y verán como todo se resuelve sin tener que acudir a la creación de nuevos impuestos.
Por último, tanto catalanes como vascos, como cualquier otra autonomía que pretenda imitarlos, debería tener en cuenta que, con la creación del canon de nueve euros sobre la vivienda desocupada, que supone el pago de 270 euros mensuales o 3.285 euros anuales, pueden desencadenar un peligroso proceso de venta masiva de viviendas con el fin de evitar el pago de esas cantidades que desemboque en un desplome de los precios. Es decir, pueden provocar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y, con él, originar muchos y serios problemas económicos no solo a sus regiones sino al conjunto del país. Por todo ello, la vía emprendida por los Ejecutivos vasco y catalán es sumamente peligrosa y deberían rectificarla cuanto antes, sin esperar a la resolución de los previsibles recursos en los tribunales que la aprobación de semejante canon sin duda traerá.
