Les ha costado una eternidad pero por fin han reconocido que han creado un monstruo. Un informe de la Comisión Europea y del Comité de Política Económica ha dado la voz de alarma. El informe anuncia que el actual modelo de pensiones públicas de la mayor parte de los países europeos, el estandarte del Estado del Malestar, corre un considerable riesgo de bancarrota. Ya era hora de que espabilasen. Un poco más y se dan cuenta el día que suspenden los pagos a los pensionistas.
Aún así, todavía les queda mucho por entender. El informe se limita a realizar una proyección de la población en edad de trabajar, la población activa y el número de jubilados para cada país de la Unión para poder calcular cuál será el gasto en pensiones de cada estado a medio plazo y extraer conclusiones. Mediante este sencillo ejercicio han visto que entre 2004 y 2050 la población en edad de trabajar se verá reducida en torno al 16 por ciento y que los jubilados aumentarán un 77 por ciento. En consecuencia el gasto en pensiones en el conjunto de la UE aumentará en un 4 por ciento del PIB. En nuestro país, ese incremento del gasto público necesario para mantener el sistema público de pensiones sería de 7,1 puntos del PIB en 2050. Estos datos les han hecho cuestionarse seriamente la sostenibilidad financiera de estos sistemas.
Sin embargo, los autores del informe no dan una cuando intentan identificar el origen del problema. El estudio se refiere en todo momento al “problema del envejecimiento” como el responsable último del desaguisado. Y esto, queridos políticos, es no haberse enterado de la misa la mitad. El problema no consiste en que la gente decida libremente tener menos hijos. Sin duda alguna, también considerarían un grave problema (medioambiental) que la gente decidiera tener más hijos. La causa del caos tampoco es que la esperanza de vida aumente. De hecho, la perversión del sistema estatal de pensiones queda reflejado en esta contradicción: la libre decisión del número de hijos o la mejora de la esperanza de vida suponen un problema mortal para un sistema supuestamente pensado para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. ¡Qué vergüenza!
El problema es mucho más sencillo. El sistema de pensiones estatal es un fraude basado en un modelo de venta piramidal y coactivo prohibido en España por la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Es en ese modelo dónde la libertad de los padres y el incremento de la esperanza de vida son un peligro. En un sistema privado de capitalización una mayor libertad y una vida mejor y más larga son una bendición. La mayoría de los individuos no parece darse cuenta del problema porque la educación pública ha logrado neutralizar tantas mentes que muchos piensan que, lo que es un fraude con múltiples complicaciones en las relaciones privadas, deja de serlo si es el estado quien lo organiza. Así que antes de privatizar las pensiones y pasar a un sano sistema de capitalización no estaría mal quitar la educación pública de las zarpas del estado. A lo mejor entonces hasta los políticos se dan cuenta cómo crearon este Frankenstein y cómo eliminarlo.
