El Ejecutivo de Zapatero parece empeñado en mantener la validez de aquello que se decía en tiempos de Felipe González de que el Gobierno solo acierta cuando rectifica. Es lo que acaba de suceder con las modificaciones anunciadas al tratamiento de los planes de pensiones en el proyecto de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En el diseño que salió del Consejo de Ministros se penalizaba el cobro de una sola vez, en el momento de la jubilación, del dinero acumulado en el plan, frente a la alternativa de una renta vitalicia. Esa penalización ahora se va a reducir de manera considerable.
El origen de todo este lío era el deseo del Gobierno de promover mayores cotizaciones a la Seguridad Social, aunque fuera en detrimento de los planes privados de pensiones que, según el entorno monclovita de Zapatero, es algo que solo se pueden permitir las personas más acomodadas. Sin embargo, cuando en España hay más de siete millones de planes de pensiones contratados, lo que, extrapolando, supone que casi tres cuartas partes de las familias de este país tienen suscrito uno, de lo que estamos hablando, en realidad, es de un fenómeno popular y asequible, en mayor o menor grado, a todas las clases sociales. Pero el Ejecutivo, deseoso de mantener todo bajo control estatal, pretendía favorecer a la Seguridad Social, bajo su poder, frente a los planes privados. Y aquí se equivocó de lleno.
Hoy por hoy, las finanzas de la Seguridad Social están saneadas debido a los más de cinco millones de puestos de trabajo que se han creado en los diez últimos años. Pero ese saneamiento de hoy es el problema de mañana porque los nuevos cotizantes del presente serán los pensionistas del futuro, que es donde volverán los problemas. Un estudio reciente de la Fundación de Estudios Financieros indica que el momento en que las cuentas de la Seguridad Social volverán a registrar un déficit es el año 2015, para agravarse las cosas a partir de entonces. Por consiguiente, la estrategia del Gobierno de promover que los autónomos coticen más a la Seguridad Social de forma voluntaria, o de desviar al sistema público de pensiones las aportaciones particulares a los planes privados de pensiones, que es, en el fondo, lo que pretendía en la reforma del IRPF, no es más que pan para hoy y hambre para mañana: aportaría más recursos en los primeros años, retrasando algo en el tiempo el momento de la crisis, pero crearía más obligaciones futuras que agravarían las dificultades.
La solución a este problema, por ello, pasa necesariamente, y en parte, por la promoción de los planes privados de pensiones, que descargan a la Seguridad Social de obligaciones futuras. Sin embargo, hoy los planes de pensiones tienen un problema: la mayor parte de la gente prefiere el cobro de una sola vez porque la renta vitalicia no es muy grande y porque, con el fallecimiento del beneficiario, no queda nada para los herederos. En cambio, con la percepción en forma de capital la cosa cambia. Además, el beneficiario puede destinar esos recursos a cosas tales como adquirir una casa en propiedad, o títulos de deuda pública y acciones que le reporten una renta y pueda dejarlos después a sus herederos. Por eso, la opción preferida de muchos, en el momento de la jubilación, es el cobro de una sola vez del dinero acumulado en el plan en lugar de percibir una renta vitalicia. Si se penaliza ese cobro, entonces los planes de pensiones perderán parte de su atractivo cuando resultan tan necesarios para ayudar a resolver los problemas futuros, e inevitables, del sistema público de pensiones. Y el tema de las pensiones es algo de tanta importancia socioeconómica que no se puede jugar con él tan a la ligera como ha hecho el Gobierno. El Ejecutivo se equivocó con el tratamiento que les dio en el proyecto de reforma del IRPF. Afortunadamente, ahora va a rectificar. Es lo mejor para el futuro de los españoles.