Con la OPA de Gas Natural sobre Endesa, España se juega mucho más que la libre competencia en un sector como el energético, ya de por sí bastante concentrado. Se juega su credibilidad como país, como lugar de inversiones, a través de la confianza que merezcan a los inversores las autoridades económicas y reguladoras españolas. Una confianza que, a tenor de todo lo que está ocurriendo en torno a esta operación empresarial, se encuentra en niveles muy bajos.
Conviene recordar, en primer lugar, que Gas Natural ha esperado a lanzar la OPA sobre Endesa a que los organismos reguladores que tienen que pronunciarse sobre la misma –el Tribunal de Defensa de la Competencia y, sobre todo, la Comisión Nacional de la Energía– cambiasen a sus presidentes por otros afines al PSOE, como acaba de ocurrir. Esta ha sido una estrategia deliberada de la gasista, expresada en petit comité por algunos de sus más destacados dirigentes que, en más de una ocasión, han señalado que esperarían a que se produjera el cambio en la presidencia de la CNE para volver a la carga con su intento de hacerse con una compañía eléctrica, y lo hacían con la seguridad de que, en esta ocasión, acabarían por salirse con la suya. En cierto modo, esta posición es lógica ya que la Comisión, cuando la presidía Pedro Meroño, vetó la OPA de Gas Natural sobre Iberdrola y, por tanto, no hacía falta ser muy listo para pensar que la negativa del regulador del sector energético volvería a aparecer en cuanto hubiese un nuevo intento porque las razones que justificaron su negativa, sobre todo la viabilidad financiera de la operación y el conflicto entre las actividades eléctrica y gasista, siguen vigentes en su plenitud. Por esa misma razón cabría esperar que la llegada de Maite Costa a la presidencia del organismo no cambiara las cosas. Sin embargo, no ha sido así. Por ello, conviene preguntarse cuáles son los motivos reales que han llevado a este organismo a modificar su posición ante dos situaciones prácticamente calcadas.
Las explicaciones que ofrece la CNE al respecto son poco convincentes, lo que obliga a pensar en otras motivaciones. Desde esta óptica es inevitable recordar que la propia Maite Costa pertenece a ese PSC-PSOE –lo mismo que el ministro de Industria, José Montilla– al que La Caixa, accionista de referencia de Gas Natural, ha condonado una deuda de 6,57 millones de euros, el 45% del total que esta formación política adeuda a la entidad financiera. Si hay relación o no entre esta condonación y la OPA tendrá que decirlo la Justicia. Sin embargo, y a todos los efectos, basta con que se hayan producido estos hechos para que la presidenta de la CNE se hubiera abstenido en este asunto, cosa que no ha hecho. Por este mismo motivo, el propio Gobierno, al que, en última instancia, corresponde dar o no el visto bueno a la operación, a la luz de los informes de la CNE y del Tribunal de Defensa de la Competencia, debería abstenerse y dejar el asunto en manos de la Comisión Europea, ya que, por decirlo de alguna manera, quien tendrá que exponer este asunto en el Consejo de Ministros es el propio Montilla.
El Ejecutivo, sin embargo, no quiere que sea Bruselas quien decida sobre una cuestión que considera que cae dentro de su ámbito de competencias. En cierto modo, es lógico porque a ningún Gobierno le gusta que la Comisión Europea le imponga nada. Pero en este caso concurren también circunstancias que, por el bien de todos, aconsejan que sea alguien más neutral quien decida sobre una cuestión en la que el Gobierno se encuentra muy implicado a favor de una de las partes. No olvidemos que, al principio de la legislatura, los dirigentes económicos del Gobierno se pronunciaron a favor de nuevas operaciones de concentración en el sector energético, que Montilla está trabajando sobre todo, y por encima de todo, para favorecer los intereses catalanes a cualquier precio; que organismos reguladores teóricamente independientes, como la CNMV, han tomado partido por Gas Natural, lo que ha obligado a Endesa a acudir a la Justicia y la Audiencia Nacional le ha dado la razón; que, incluso, destacados miembros del Ejecutivo han expresado en público su respaldo a la operación, que de por medio está la condonación del crédito al PSC-PSOE por parte de La Caixa, el primer accionista de Gas Natural, y que los propios dirigentes de la compañía gasista catalana se mostraban muy seguros de que en cuanto terminara el mandato de Meroño en la CNE se acabarían los problemas con este organismo regulador. En estas circunstancias, ¿esta moralmente legitimado el Gobierno para resolver la OPA? No.
