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CiU y Coalición Canaria tampoco apoyan la reapertura de la comisión sobre Gescartera

Nacionalistas catalanes y canarios entienden, al igual que el PP, que son los tribunales de Justicia los que deben determinar los responsables de la trama de Gescartera y no una comisión de investigación que ya concluyó sus trabajos hace un año y que no aportó luces. Los tres partidos no van a apoyar la reapertura de la comisión parlamentaria.

L D (EFE) Tanto CiU como CC consideran que no tiene sentido volver a abrir la comisión ahora si hace un año ya determinó que no había responsabilidad política del Gobierno en el escándalo. Entienden que la investigación que se sigue en la Audiencia Nacional no da motivos para que el caso vuelva a ser estudiado en el Congreso, como ya han pedido IU, PNV y grupo Mixto.

El diputado de CC Luis Mardones, que fue el presidente de la comisión de investigación, sostiene que “a efectos políticos, se cumplió con lo acordado por el pleno del Congreso” y ahora, “únicamente cabe esperar a que se pronuncie la autoridad judicial”. Desde CiU, fuentes del grupo catalán apuntan que “no es positivo que se haya una investigación paralela en el Parlamento y en la Audiencia Nacional”. La formación nacionalista recuerda que la comisión de Gescartera “hizo un gran trabajo” y fue la que “más horas” invirtió en estudiar un caso.

Aunque el PP coincide con estos dos grupos en que no es necesario reabrir la comisión, el secretario de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte, ha reconocido que su grupo está dispuesto a que Rato y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, vuelvan a comparecer en el Congreso para informar sobre el desarrollo de la investigación de Gescartera. El PSOE, que aún no ha solicitado formalmente la reapertura de la comisión, ha pedido ambas comparecencias, y también ha requerido del Gobierno los informes elaborados por la Policía Judicial y por la Comisión del Blanqueo de Capitales sobre las cuentas opacas del HSBC.

La comisión parlamentaria, que trabajó durante dos meses, eximió de responsabilidades políticas al Gobierno, en concreto a los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Hacienda, Cristóbal Montoro. El dictamen, al que se opusieron PSOE, IU, PNV y Mixto, propuso además diversas medidas para mejorar los controles en los mercados financieros y en los órganos de supervisión del Estado, en especial, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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