(Libertad Digital) Según el diario El País , los diputados socialistas Antonio Cuevas, Juan Fernando López Aguilar, Ángel Martínez Sanjuán y María Teresa Costa, junto al parlamentario de ERC Joan Puigcercos, todos ellos miembros de la comisión parlamentaria sobre el “caso Gescartera”, pretenden ejercer la acción popular en este caso, que instruye la juez Teresa Palacios, de la Audiencia Nacional. Lo intentaron desde el principio, aunque se les denegó por cuestiones formales. Tras subsanarlas, la magistrada ha decidido ahora pedirles una fianza de 60.000 euros. Teresa Palacios se lo comunicó a los diputados en una providencia dictada el pasado 2 de octubre, que ha sido recurrida la semana pasada por el letrado que asiste a estos parlamentarios, Leopoldo Torres Boursault.
Según El País , el abogado dice que sus representados, debido a las denegaciones anteriores, “se han visto privados de intervenir en las numerosas diligencias de instrucción practicadas hasta ahora”. Según Leopoldo Torres, la exigencia de una fianza “es contraria al ordenamiento jurídico”. A su juicio, la cantidad es excesiva y los diputados “carecen de medios suficientes” para pagarlas. El letrado afirma que el Sindicato Unificado de Policía, que también se ha personado como acusación particular, sólo tuvo que abonar 3.000 euros, una cantidad mucho menor a la que ahora pide la juez a los diputados del PSOE y ERC. Según el recurso presentado por los diputados, “sólo cabría entender objetivamente que se nos pretende apartar de este proceso por unos medios o por otros: ayer exigiendo un poder especial que ya se ha aportado, hoy una fianza desorbitada'.
El caso Gescartera, la agencia de valores de Antonio Camacho, se destapó tras ser intervenida la firma el 14 de junio de 2001. De inmediato cobró dimensión política, ya que su presidenta era Pilar Giménez-Reyna, hermana del que entonces era secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse el caso.
Según El País , el abogado dice que sus representados, debido a las denegaciones anteriores, “se han visto privados de intervenir en las numerosas diligencias de instrucción practicadas hasta ahora”. Según Leopoldo Torres, la exigencia de una fianza “es contraria al ordenamiento jurídico”. A su juicio, la cantidad es excesiva y los diputados “carecen de medios suficientes” para pagarlas. El letrado afirma que el Sindicato Unificado de Policía, que también se ha personado como acusación particular, sólo tuvo que abonar 3.000 euros, una cantidad mucho menor a la que ahora pide la juez a los diputados del PSOE y ERC. Según el recurso presentado por los diputados, “sólo cabría entender objetivamente que se nos pretende apartar de este proceso por unos medios o por otros: ayer exigiendo un poder especial que ya se ha aportado, hoy una fianza desorbitada'.
El caso Gescartera, la agencia de valores de Antonio Camacho, se destapó tras ser intervenida la firma el 14 de junio de 2001. De inmediato cobró dimensión política, ya que su presidenta era Pilar Giménez-Reyna, hermana del que entonces era secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, que dimitió seis días después de conocerse el caso.