L D (EFE) Esta circunstancia permitió a Gescartera apuntar pérdidas en estas supuestas inversiones para contrarrestar las plusvalías ficticias que anotaba a los clientes reales. Los dos imputados que declararon, padre e hija, Ignacio y Elena Sánchez, explicaron que buscaron a estas personas a petición de Julio Rodríguez Gil, asesor fiscal que trabajó para Antonio Camacho y que actualmente se encuentra en prisión preventiva por su implicación en esta causa.
Según su declaración, Rodríguez Gil, alegando que era empleado de Hacienda y que no quería figurar, les pidió que buscaran varias personas que aceptaran firmar unos contratos de inversión en blanco y que entregaran una fotocopia de su carné de identidad. Esta operación les permitiría ganar a cada uno de los firmantes 250.000 pesetas si las inversiones iban bien y no perder cuantía alguna si resultaban fallidas. Ignacio Sánchez, que ya tuvo que declarar sobre estos hechos ante la Policía y que no firmó ninguno de estos contratos, reconoció que consiguió captar con esta operativa unas diez personas, todas ellas de su entorno, e, incluso, aseguró que había más voluntarios dispuestos a dar sus datos.
También compareció ante la juez Palacios, esta vez como testigo, el ex director de la gestora de fondos de Gescartera y anteriormente encargado de la inversión de derivados de la entidad, Marcos Quevedo. El testigo negó haber aplicado plusvalías ficticias a varios de sus familiares, aunque reconoció que su mujer, su hermana, su cuñada y su cuñado fueron clientes de Gescartera mientras él fue empleado de la entidad.
Quevedo hizo estas declaraciones pese a que uno de los letrados le presentó unos documentos entregados por el HSBC en los que consta que realizó operaciones de compra-venta de derivados para unos 40 ó 50 clientes, entre los que estaban varios miembros de su familia. Estos documentos son los movimientos de una cuenta genérica abierta por HSBC en Bankinter para que el propio Marcos Quevedo realizara operaciones de derivados, aunque en ellos no consta la cuantía de las operaciones, sino únicamente el apunte.
Según su declaración, Rodríguez Gil, alegando que era empleado de Hacienda y que no quería figurar, les pidió que buscaran varias personas que aceptaran firmar unos contratos de inversión en blanco y que entregaran una fotocopia de su carné de identidad. Esta operación les permitiría ganar a cada uno de los firmantes 250.000 pesetas si las inversiones iban bien y no perder cuantía alguna si resultaban fallidas. Ignacio Sánchez, que ya tuvo que declarar sobre estos hechos ante la Policía y que no firmó ninguno de estos contratos, reconoció que consiguió captar con esta operativa unas diez personas, todas ellas de su entorno, e, incluso, aseguró que había más voluntarios dispuestos a dar sus datos.
También compareció ante la juez Palacios, esta vez como testigo, el ex director de la gestora de fondos de Gescartera y anteriormente encargado de la inversión de derivados de la entidad, Marcos Quevedo. El testigo negó haber aplicado plusvalías ficticias a varios de sus familiares, aunque reconoció que su mujer, su hermana, su cuñada y su cuñado fueron clientes de Gescartera mientras él fue empleado de la entidad.
Quevedo hizo estas declaraciones pese a que uno de los letrados le presentó unos documentos entregados por el HSBC en los que consta que realizó operaciones de compra-venta de derivados para unos 40 ó 50 clientes, entre los que estaban varios miembros de su familia. Estos documentos son los movimientos de una cuenta genérica abierta por HSBC en Bankinter para que el propio Marcos Quevedo realizara operaciones de derivados, aunque en ellos no consta la cuantía de las operaciones, sino únicamente el apunte.