La asociación de usuarios de servicios financieros, Adicae, ha calificado de "injusticia hacer pagar a todos los españoles" por el fraude de Gescartera declarando responsable civil subsidiario al Estado, como solicitarán a los tribunales algunas partes de este caso. Adicae, personado de forma particular y como acusación popular en la Audiencia Nacional, que cuenta con el respaldo de numerosos afectados, considera que actualmente no "es el momento procesal oportuno para plantearlo". Además, destacan que, por lo investigado hasta ahora, los responsables civiles subsidiarios serían la auditora Deloitte and Touche, la Fundación ONCE y los bancos y entidades que han servido de soporte al fraude.
La Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros mostró su convencimiento de que en caso de que el Estado fuera declarado responsable civil subsidiario, únicamente debería pagar las cuantías que no fueran capaces de hacer frente los responsables directos y los propios funcionarios responsables. Reiteró también que su defensa en la Audiencia Nacional se centrará en la recuperación de todo el dinero posible allá donde esté, "porque no puede haberse volatilizado".
Adicae buscará también la responsabilidad directa de todos los que resulten condenados penalmente y la responsabilidad civil subsidiaria de cualquier persona o institución que haya colaborado directa o indirectamente al fraude. De esta forma, responde un día después de que Ausbanc anunciara que intentará probar que algunas instituciones públicas funcionaron de forma deficiente en relación a Gescartera, con lo que el Estado sería declarado responsable subsidiario y tendría que indemnizar a los afectados.
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Adicae dice que sería una "injusticia hacer pagar a todos los españoles" el fraude de Gescartera
En contra de las tesis de Ausbanc, la Asociación de Usuarios de Banca, Cajas y Seguros ha calificado de "injusticia hacer pagar a todos los españoles" por el fraude de Gescartera declarando responsable civil subsidiario al Estado. Para Adicae, hasta ahora, los responsables civiles subsidiarios serían la auditora Deloitte and Touche, la Fundación ONCE y los bancos y entidades que han servido de soporte al fraude.
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