L. D. / EP.- El informe de la auditoría revela que la Agencia Tributaria realizó más de 350 inspecciones a personas físicas y jurídicas relacionadas con Gescartera en las que sólo se encontraron cuatro infracciones. No obstante, la más llamativa fue la cometida por Malpartida desde su puesto de trabajo, al consultar el expediente abierto a la empresa en la que trabajaba su mujer y de la que él era inversor, lo que, según las normas de la Agencia Tributaria, es ilegal.
La auditoría se compone de tres partes, de las cuales la primera analiza las inspecciones y actuaciones realizadas en relación con el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna. En ese primera apartado, según las fuentes jurídicas consultadas, no hay ningún dato relevante.
La segunda parte está compuesta por más de 350 inspecciones a personas relacionadas con Gescartera, entre las que se encuentra la relacionada con Angel Malpartida. Lo más llamativo de la tercera parte del informe son diversas irregularidades detectadas en la delegación de Gescartera en Cuenca.
Fuentes de la acusación indicaron que de la auditoría de la Agencia Tributaria se puede interpretar que existió una "negligencia" y, por tanto, una "responsabilidad objetiva" del Estado en el fraude de Gescartera. Por ello, no descartan solicitar la responsabilidad civil del Estado, para que haga frente a las eventuales indemnizaciones que soliciten los inversores de la agencia de valores.
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La auditoría se compone de tres partes, de las cuales la primera analiza las inspecciones y actuaciones realizadas en relación con el ex secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna. En ese primera apartado, según las fuentes jurídicas consultadas, no hay ningún dato relevante.
La segunda parte está compuesta por más de 350 inspecciones a personas relacionadas con Gescartera, entre las que se encuentra la relacionada con Angel Malpartida. Lo más llamativo de la tercera parte del informe son diversas irregularidades detectadas en la delegación de Gescartera en Cuenca.
Fuentes de la acusación indicaron que de la auditoría de la Agencia Tributaria se puede interpretar que existió una "negligencia" y, por tanto, una "responsabilidad objetiva" del Estado en el fraude de Gescartera. Por ello, no descartan solicitar la responsabilidad civil del Estado, para que haga frente a las eventuales indemnizaciones que soliciten los inversores de la agencia de valores.
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