Libertad Digital.- Mientras que David Vives, ex responsable de Supervisión de la CNMV, sostuvo ante la comisión de investigación que se alteró el acta del Consejo porque durante la reunión él mismo planteó la necesidad de intervenir (dadas las “evidencias” de que faltaba dinero en Gescartera). Pilar Valiente, ex presidenta de la CNMV, y Luis Ramallo, ex vicepresidente, negaron que Vives presentase formalmente en algún momento la intervención ante aquella reunión del Consejo. Ambos se escudan en el acta, redactada por Antonio Alonso Ureba, quien además es hombre de la total confianza de Pilar Valiente.
Por su parte, Juan Fernández Armesto, ex presidente de la CNMV, reconoció que sí hubo una propuesta verbal aunque no se planteó de manera formal dicha intervención. Sin embargo, reconoció que fue él, en calidad de presidente de la CNMV, el que convocó de manera extraordinaria el Consejo para estudiar una posible intervención. Algo que no está reflejado en el acta. En este documento sí que figuran dos folios anexos que no fueron reconocidos por Fernández Armesto. Al menos, no sabe quién pudo redactarlos y adjuntarlos. Se trataría, al parecer, de un informe de David Vives argumentando la necesidad de intervenir Gescartera.
Todo el interés está ahora puesto en determinar las irregularidades que contiene ese acta y en probar si fue falsificada. En explicar por qué, si durante el Consejo que se habló de la posibilidad de intervenir la agencia de valores, esta circunstancia no consta en el acta. El que deberá aportar todos los detalles será el secretario de la CNMV por aquel entonces: Antonio Alonso Ureba. Él fue el encargado de redactar el documento y sobre él recaen todas las sospechas. Hombre de la total confianza de Pilar Valiente y hermano del abogado de Gescartera, su labor en el Consejo del 16 de abril de 1999 fue mucho más allá de elaborar el acta. Presentó una fórmula “jurídica imaginativa”, según palabras de Fernández Armesto ante la comisión parlamentaria, para eludir la intervención de la agencia de valores.
La omisión en el acta de esa propuesta de intervención, si se demuestra que se hizo de forma deliberada, puede traer consecuencias legales para Alonso Ureba e incluso para los asistentes a ese Consejo, que aprobaron el acta en una reunión posterior. La legislación vigente establece que, para considerar una acta como falsificada, primero debe demostrarse que la omisión ha sido deliberada y tenía un motivo. En ese hipotético caso ya no será tan importante la mera falsificación como la posibilidad de que se abra un proceso por presuntos delitos de prevaricación.
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Por su parte, Juan Fernández Armesto, ex presidente de la CNMV, reconoció que sí hubo una propuesta verbal aunque no se planteó de manera formal dicha intervención. Sin embargo, reconoció que fue él, en calidad de presidente de la CNMV, el que convocó de manera extraordinaria el Consejo para estudiar una posible intervención. Algo que no está reflejado en el acta. En este documento sí que figuran dos folios anexos que no fueron reconocidos por Fernández Armesto. Al menos, no sabe quién pudo redactarlos y adjuntarlos. Se trataría, al parecer, de un informe de David Vives argumentando la necesidad de intervenir Gescartera.
Todo el interés está ahora puesto en determinar las irregularidades que contiene ese acta y en probar si fue falsificada. En explicar por qué, si durante el Consejo que se habló de la posibilidad de intervenir la agencia de valores, esta circunstancia no consta en el acta. El que deberá aportar todos los detalles será el secretario de la CNMV por aquel entonces: Antonio Alonso Ureba. Él fue el encargado de redactar el documento y sobre él recaen todas las sospechas. Hombre de la total confianza de Pilar Valiente y hermano del abogado de Gescartera, su labor en el Consejo del 16 de abril de 1999 fue mucho más allá de elaborar el acta. Presentó una fórmula “jurídica imaginativa”, según palabras de Fernández Armesto ante la comisión parlamentaria, para eludir la intervención de la agencia de valores.
La omisión en el acta de esa propuesta de intervención, si se demuestra que se hizo de forma deliberada, puede traer consecuencias legales para Alonso Ureba e incluso para los asistentes a ese Consejo, que aprobaron el acta en una reunión posterior. La legislación vigente establece que, para considerar una acta como falsificada, primero debe demostrarse que la omisión ha sido deliberada y tenía un motivo. En ese hipotético caso ya no será tan importante la mera falsificación como la posibilidad de que se abra un proceso por presuntos delitos de prevaricación.