L. D.- La información publicada este lunes por el diario El Mundo , en la que narra con todo detalle la negligente actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en torno al caso Gescartera, ha dejado en evidencia las distintas estrategias que se están llevando a cabo en esta trama. Según el citado periódico, la responsabilidad de la CNMV en este caso se remonta al año 1999, cuando –con Juan Fernández-Armesto como presidente– el órgano regulador descubrió un apunte falso de 650 millones en Gescartera.
Se abrió entonces un expediente por infracción muy grave que no se cerraría hasta quince meses después (13 de julio de 2000), aunque rebajando la calificación hasta dejarlo sólo en grave. Este punto es de notable importancia, puesto que las “infracciones muy graves” tienen que hacerse públicas en el Boletín Oficial del Estado, algo que evidentemente no se hizo.
Sin embargo, esta información contradice una nota de prensa hecha pública por la CNMV el pasado 24 de agosto. Ese día, en respuesta a otra noticia del diario El País , la Comisión aseguraba que “el Consejo fue informado por el director general de Supervisión (David Vives) a través de un documento de trabajo de las actuaciones supervisoras sobre la citada sociedad”. Nada que ver con el “expediente por infracción muy grave” en el que se supone que Vives trabajó durante quince meses. La CNMV también subrayó que decidió “por unanimidad” reforzar las actuaciones sobre Gescartera.
Cabe destacar de la información publicada por El Mundo este lunes, que en ella no se menciona para nada a Antonio Alonso Ureba, ex secretario del Consejo de la CNMV, a quien diversas fuentes han señalado como el artífice del retraso de la investigación a Gescartera. Alonso, además, ha sido citado como testigo por el fiscal anticorrupción.
En este sentido, al contrario que los anteriores responsables de la CNMV, Fernández-Armesto y Luis Ramallo, quien sale bastante bien parada de la noticia elaborada por el director adjunto de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, es Pilar Valiente. La actual presidenta de la Comisión, nombrada por Rodrigo Rato y, por el momento, única responsabilidad política del vicepresidente segundo del Gobierno, “no mantuvo una postura definida al respecto” de Gescartera en la reunión urgente que celebró el consejo de la CNMV el 16 de abril de 1999. Armesto y Ramallo, sin embargo, si que tuvieron una actitud “compresible” con la agencia de Antonio Camacho, según explica el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez.
Se abrió entonces un expediente por infracción muy grave que no se cerraría hasta quince meses después (13 de julio de 2000), aunque rebajando la calificación hasta dejarlo sólo en grave. Este punto es de notable importancia, puesto que las “infracciones muy graves” tienen que hacerse públicas en el Boletín Oficial del Estado, algo que evidentemente no se hizo.
Sin embargo, esta información contradice una nota de prensa hecha pública por la CNMV el pasado 24 de agosto. Ese día, en respuesta a otra noticia del diario El País , la Comisión aseguraba que “el Consejo fue informado por el director general de Supervisión (David Vives) a través de un documento de trabajo de las actuaciones supervisoras sobre la citada sociedad”. Nada que ver con el “expediente por infracción muy grave” en el que se supone que Vives trabajó durante quince meses. La CNMV también subrayó que decidió “por unanimidad” reforzar las actuaciones sobre Gescartera.
Cabe destacar de la información publicada por El Mundo este lunes, que en ella no se menciona para nada a Antonio Alonso Ureba, ex secretario del Consejo de la CNMV, a quien diversas fuentes han señalado como el artífice del retraso de la investigación a Gescartera. Alonso, además, ha sido citado como testigo por el fiscal anticorrupción.
En este sentido, al contrario que los anteriores responsables de la CNMV, Fernández-Armesto y Luis Ramallo, quien sale bastante bien parada de la noticia elaborada por el director adjunto de El Mundo, Casimiro García-Abadillo, es Pilar Valiente. La actual presidenta de la Comisión, nombrada por Rodrigo Rato y, por el momento, única responsabilidad política del vicepresidente segundo del Gobierno, “no mantuvo una postura definida al respecto” de Gescartera en la reunión urgente que celebró el consejo de la CNMV el 16 de abril de 1999. Armesto y Ramallo, sin embargo, si que tuvieron una actitud “compresible” con la agencia de Antonio Camacho, según explica el periódico dirigido por Pedro J. Ramírez.