L. D. / Agencias.- La CNMV decidió intervenir la sociedad después de que esa agencia de valores le entregara un certificado bancario falso sobre dónde tenía depositado el dinero de sus clientes, estimado en 18.000 millones y del que no se tiene todavía conocimiento de su paradero.
Los investigadores encontraron después que ese dinero, estimado en unos 18.000 millones de pesetas, no aparece en ningún sitio; que Gescartera no se dedicaba, como debía, a comprar y vender títulos de renta fija y variable a sus clientes sino que les ofrecía unos enigmáticos “depósitos estructurados” por los que pagaba elevados intereses con dinero captado de nuevos clientes. Gescartera no podía ofrecer depósitos remunerados: ésa es una actividad bancaria.
Gescartera hace al menos un año que no se realiza operaciones reales en los mercados financieros. Antonio Rafael Camacho, el propietario de Gescartera y ahora encarcelado, estaba ya desviando el dinero hacia un destino que aún no se ha descubierto, pues los investigadores no han logrado encontrar ni una peseta del dinero que le confiaron sus clientes.
Las sociedades de cartera -lo que era Gescartera hasta febrero de este año- sólo pueden, por ley, gestionar de forma individualizada las órdenes de compraventa de acciones y renta fija que les transmiten sus clientes. Una agencia de valores, además, puede negociar por cuenta propia y participar en el aseguramiento de las suscripciones de emisiones de OPV (ofertas públicas de venta de acciones por salidas a Bolsa). Y unas operaciones más amplias requieren más vigilancia.
Nuevas sanciones a Camacho
La situación también parece complicarse para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, actualmente en prisión por orden de la juez Teresa Palacios, y que ya tuvo problemas con Hacienda en el pasado. El otro apoderado de la agencia, José María de la Serna, evitó la cárcel por la medida de gracia de la juez, que le obligó únicamente a comparecer diariamente en los juzgados por la grave enfermedad que padece el imputado.
Según publica el diario "El Mundo", la Agencia Tributaria le impuso una sanción de un millón de pesetas en 1997 a una de sus sociedades, Promociones Andolini, domiciliada en Barcelona y de la que es administrador desde 1995. Hacienda levantó actas a la empresa dedicada, según el Registro Mercantil, a la compra, tenencia y venta de valores mobiliarios, por no haber declarado unos ingresos que, según fuentes jurídicas, pudieron elevarse a tres millones de pesetas, de acuerdo con la declaración que hizo ante la instructora del caso Julio Rodríguez, asesor fiscal del dueño de la agencia. Este recibía 975.000 pesetas al mes para que representara a amigos de Camacho a los que Hacienda abría expedientes de investigación.
La titular del juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional investiga en estos momentos si el dueño de Gescartera empleó el dinero de los clientes para satisfacer cometidos diferentes, razón por la que ayer compareció como testigo Rodríguez, así como Salvador Bartolomé Codina, asesor mercantilista y responsable de crear sociedades para Camacho desde 1992.
Fuentes jurídicas apuntaron ayer que Bartolomé negó ante la juez conocer la operativa de Gescartera, así como de la posibilidad de que parte del dinero se ocultara al fisco a través de paraísos fiscales. !-->
Los investigadores encontraron después que ese dinero, estimado en unos 18.000 millones de pesetas, no aparece en ningún sitio; que Gescartera no se dedicaba, como debía, a comprar y vender títulos de renta fija y variable a sus clientes sino que les ofrecía unos enigmáticos “depósitos estructurados” por los que pagaba elevados intereses con dinero captado de nuevos clientes. Gescartera no podía ofrecer depósitos remunerados: ésa es una actividad bancaria.
Gescartera hace al menos un año que no se realiza operaciones reales en los mercados financieros. Antonio Rafael Camacho, el propietario de Gescartera y ahora encarcelado, estaba ya desviando el dinero hacia un destino que aún no se ha descubierto, pues los investigadores no han logrado encontrar ni una peseta del dinero que le confiaron sus clientes.
Las sociedades de cartera -lo que era Gescartera hasta febrero de este año- sólo pueden, por ley, gestionar de forma individualizada las órdenes de compraventa de acciones y renta fija que les transmiten sus clientes. Una agencia de valores, además, puede negociar por cuenta propia y participar en el aseguramiento de las suscripciones de emisiones de OPV (ofertas públicas de venta de acciones por salidas a Bolsa). Y unas operaciones más amplias requieren más vigilancia.
Nuevas sanciones a Camacho
La situación también parece complicarse para el dueño de Gescartera, Antonio Camacho, actualmente en prisión por orden de la juez Teresa Palacios, y que ya tuvo problemas con Hacienda en el pasado. El otro apoderado de la agencia, José María de la Serna, evitó la cárcel por la medida de gracia de la juez, que le obligó únicamente a comparecer diariamente en los juzgados por la grave enfermedad que padece el imputado.
Según publica el diario "El Mundo", la Agencia Tributaria le impuso una sanción de un millón de pesetas en 1997 a una de sus sociedades, Promociones Andolini, domiciliada en Barcelona y de la que es administrador desde 1995. Hacienda levantó actas a la empresa dedicada, según el Registro Mercantil, a la compra, tenencia y venta de valores mobiliarios, por no haber declarado unos ingresos que, según fuentes jurídicas, pudieron elevarse a tres millones de pesetas, de acuerdo con la declaración que hizo ante la instructora del caso Julio Rodríguez, asesor fiscal del dueño de la agencia. Este recibía 975.000 pesetas al mes para que representara a amigos de Camacho a los que Hacienda abría expedientes de investigación.
La titular del juzgado central de instrucción 3 de la Audiencia Nacional investiga en estos momentos si el dueño de Gescartera empleó el dinero de los clientes para satisfacer cometidos diferentes, razón por la que ayer compareció como testigo Rodríguez, así como Salvador Bartolomé Codina, asesor mercantilista y responsable de crear sociedades para Camacho desde 1992.
Fuentes jurídicas apuntaron ayer que Bartolomé negó ante la juez conocer la operativa de Gescartera, así como de la posibilidad de que parte del dinero se ocultara al fisco a través de paraísos fiscales. !-->