L. D. / Agencias.- La CNMV aprobó la transformación de Gescartera en Agencia de Valores el 13 de julio de 2001, y en esa misma sesión se decidió incoar un expediente sancionador a los miembros de su consejo de administración por su falta de colaboración en el control de las cuentas de la entidad. Además, esta sanción no se hizo pública ya que la ley del Mercado de Valores sólo obliga a hacerlo cuando la infracción se considera "muy grave".
A juicio de Pilar Valiente, la actuación de la CNMV en este caso ha sido "diligente, dedicada y eficaz". En las conclusiones de su intervención, Pilar Valiente ha subrayado que Gescartera "nunca fue objeto de reclamaciones de sus clientes", lo que hubiera dado indicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tomar cartas en el asunto mucho antes. Desde su punto de vista, "por desgracia, a veces es imposible de detectar un fraude si no hay indicios".
Según ha asegurado la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el Congreso de los Diputados, tras la investigación realizada a Gescartera se concluyó que la sociedad había cometido dos infracciones "graves" (y no "muy graves"). La primera infracción fue no remitir en el plazo fijado la información y documentación requerida por la CNMV y la segunda, el incumplimiento de la legislación vigente al respecto de la contabilidad y los libros y registros oficiales.
El hecho de que los accionistas fueran personas consideradas "honorables" y que ninguno tuviera ningún antecedente penal en este sentido, así como que ningún cliente hubiera realizado reclamación alguna, hizo que la CNMV confiase en la buena fe de Gescartera, según ha dicho Pilar Valiente. Posteriormente, la presidenta del organismo público ha concluido su intervención afirmando que los gestores de la agencia de bolsa intervenida son gente "sin escrúpulos".
Ni rastro del dinero desaparecido
La CNMV decidió intervenir la sociedad después de que esa agencia de valores le entregara un certificado bancario falso sobre dónde tenía depositado el dinero de sus clientes, estimado en 18.000 millones y del que no se tiene todavía conocimiento de su paradero. Rafael Camacho, el propietario de Gescartera y ahora encarcelado, estaba ya, desde hacía un año como mínimo, desviando el dinero hacia un destino que aún no se ha descubierto, pues los investigadores no han logrado encontrar ni una peseta del dinero que le confiaron sus clientes.
Los investigadores supieron después que Gescartera no se dedicaba, como debía, a comprar y vender títulos de renta fija y variable a sus clientes sino que les ofrecía unos enigmáticos “depósitos estructurados” por los que pagaba elevados intereses con dinero captado de nuevos clientes. Gescartera no podía ofrecer depósitos remunerados ya que esta es una actividad bancaria.
Las sociedades de cartera -lo que era Gescartera hasta febrero de este año- sólo pueden, por ley, gestionar de forma individualizada las órdenes de compraventa de acciones y renta fija que les transmiten sus clientes. Una agencia de valores, además, puede negociar por cuenta propia y participar en el aseguramiento de las suscripciones de emisiones de OPV (ofertas públicas de venta de acciones por salidas a Bolsa). Y unas operaciones más amplias requieren más vigilancia.
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A juicio de Pilar Valiente, la actuación de la CNMV en este caso ha sido "diligente, dedicada y eficaz". En las conclusiones de su intervención, Pilar Valiente ha subrayado que Gescartera "nunca fue objeto de reclamaciones de sus clientes", lo que hubiera dado indicios a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para tomar cartas en el asunto mucho antes. Desde su punto de vista, "por desgracia, a veces es imposible de detectar un fraude si no hay indicios".
Según ha asegurado la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el Congreso de los Diputados, tras la investigación realizada a Gescartera se concluyó que la sociedad había cometido dos infracciones "graves" (y no "muy graves"). La primera infracción fue no remitir en el plazo fijado la información y documentación requerida por la CNMV y la segunda, el incumplimiento de la legislación vigente al respecto de la contabilidad y los libros y registros oficiales.
El hecho de que los accionistas fueran personas consideradas "honorables" y que ninguno tuviera ningún antecedente penal en este sentido, así como que ningún cliente hubiera realizado reclamación alguna, hizo que la CNMV confiase en la buena fe de Gescartera, según ha dicho Pilar Valiente. Posteriormente, la presidenta del organismo público ha concluido su intervención afirmando que los gestores de la agencia de bolsa intervenida son gente "sin escrúpulos".
Ni rastro del dinero desaparecido
La CNMV decidió intervenir la sociedad después de que esa agencia de valores le entregara un certificado bancario falso sobre dónde tenía depositado el dinero de sus clientes, estimado en 18.000 millones y del que no se tiene todavía conocimiento de su paradero. Rafael Camacho, el propietario de Gescartera y ahora encarcelado, estaba ya, desde hacía un año como mínimo, desviando el dinero hacia un destino que aún no se ha descubierto, pues los investigadores no han logrado encontrar ni una peseta del dinero que le confiaron sus clientes.
Los investigadores supieron después que Gescartera no se dedicaba, como debía, a comprar y vender títulos de renta fija y variable a sus clientes sino que les ofrecía unos enigmáticos “depósitos estructurados” por los que pagaba elevados intereses con dinero captado de nuevos clientes. Gescartera no podía ofrecer depósitos remunerados ya que esta es una actividad bancaria.
Las sociedades de cartera -lo que era Gescartera hasta febrero de este año- sólo pueden, por ley, gestionar de forma individualizada las órdenes de compraventa de acciones y renta fija que les transmiten sus clientes. Una agencia de valores, además, puede negociar por cuenta propia y participar en el aseguramiento de las suscripciones de emisiones de OPV (ofertas públicas de venta de acciones por salidas a Bolsa). Y unas operaciones más amplias requieren más vigilancia.
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