Transcurrido casi año y medio desde la conversión de Zapatero a la realidad económica (mayo de 2010), nos encontramos con que la crisis europea no está en vías de solución ni España está hoy más cerca de la recuperación económica. El Gobierno socialista español ha dilapidado el posible efecto de credibilidad y confianza de su dramática conversión, más aparente que real, y ha perdido todo este tiempo en un intento pueril de engañar nada menos que a Bruselas, París, Berlín y a los inversores, acreedores y electores.
Son muchos, desde luego, los obstáculos estructurales e institucionales que frenan nuestro crecimiento económico pero el principal, el que hace de España un caso único en el mundo desarrollado, es sin duda, nuestro marco laboral y sindical. A la vista de lo ocurrido en los treinta y cinco años transcurridos desde 1975, hoy podemos afirmar con rotundidad que la creación de empleo ha sido el gran fracaso de la España democrática. Y que ello se ha debido a un marco laboral y sindical claramente incompatible con el funcionamiento de una economía de mercado abierta a la competencia exterior. Hemos tenido que vivir con un mercado laboral tan disparatado e injusto que en el período de máxima prosperidad (1997-2007) nuestra tasa oficial de paro no bajó del 8% de la población activa, porcentaje que se considera inaceptable en la mayoría de los países desarrollados.
No estamos descubriendo nada nuevo. Economistas e instituciones nacionales y extranjeras llevan decenios recordando a los gobiernos de España la necesidad de enfrentarse de una vez con el gravísimo problema de nuestro mercado laboral. Hace más de quince años, por ejemplo, animado por la victoria conservadora en las elecciones generales de 1996 (24% de paro), el autor de estas líneas aconsejaba en Cinco Días abandonar la actitud resignada que se ha mantenido ante el problema desde la muerte de Franco.
Ante el poco éxito de su consejo, este autor volvía cinco años después sobre el tema: "La suma de intervencionismo franquista, consenso democrático y estado de bienestar socialista nos ha llevado en España al sistema laboral y sindical más injusto y disfuncional del mundo desarrollado, que muy probablemente ha retrasado en varios años nuestra convergencia real con la renta media de la Unión Europea".
Docenas de estudios e informes se han publicado en la misma línea en los últimos treinta años y con el mismo efecto, es decir, ninguno. España ha mantenido de forma continua, en años buenos y en años malos, el doble de paro que los demás países desarrollados.
Los sindicatos han llegado, incluso, a sustituir al poder legislativo en los temas laborales, aunque todo ello haya resultado en un paro escandaloso, sin igual en el mundo desarrollado. ¿Cómo es posible que estas organizaciones, cuya afiliación real no llega hoy ni al 6% de la población activa, hayan conseguido privilegios y financiación sin fin con gobiernos socialistas y con gobiernos conservadores?
La falta de información fiable y la complejidad misma del proceso han ocultado con eficacia el camino que nos lleva desde el sindicalismo revolucionario de inspiración marxista del siglo XIX al sindicalismo institucionalizado de hoy, convertido al reformismo a cambio de increíbles privilegios y muy generosas subvenciones estatales. Gobiernos de todos los signos, incluidos los de los últimos años del franquismo, han estado siempre dispuestos a conseguir la "paz social" a cambio de otorgar generosa financiación y amplios privilegios y poderes a los aparatos sindicales.
Tal vez la causa del comportamiento tan temeroso de todos nuestros gobiernos democráticos ante las exigencias sindicales esté precisamente en lo disparatado de sus fines y objetivos declarados. Así, cuando en 1977 los tres principales sindicatos alcanzan pleno reconocimiento legal, Comisiones Obreras sigue con su objetivo de "destruir las estructuras de la sociedad capitalista"; la Unión Sindical Obrera habla de "transformar el Estado burgués como organización económica explotadora" y la Unión General de Trabajadores clama por "una nueva sociedad basada en la propiedad colectiva de los medios de producción". Todo esto tenía más importancia de lo que puede parecer hoy, treinta años después, pues en España entonces estábamos en la delicada operación histórica de la Transición, un partido laborista radical gobernaba y arruinaba al Reino Unido y en Francia cuatro años después, en 1981, Mitterrand ganaba las elecciones con un programa no muy diferente al de nuestros sindicatos. En este contexto histórico es muy posible que estas baladronadas sindicales asustasen a nuestra clase política. Lo que sí sorprende es que el susto haya durado tantos años.