El proyecto de Ley de Transitoriedad que presentaron los independentistas catalanes la semana pasada, ideada para proceder a la "desconexión" territorial y administrativa del resto España tras la celebración del referéndum el próximo 1 de octubre, incluye, entre otros preceptos, el particular reparto de activos y deudas entre ambas administraciones, a imagen y semejanza de lo que sucede en cualquier divorcio o disolución societaria.
En concreto, el texto señala que "el Estado catalán sucede al Estado español en la titularidad de cualquier clase de derecho real sobre todo tipo de bienes en Cataluña", apropiándose así del patrimonio estatal que esté ubicado en el territorio catalán. Asimismo, aunque este proyecto no establece nada concreto con respecto a la deuda extra que también deberían asumir los catalanes como consecuencia de la secesión, los independentistas ya han avanzado que si no se produce una negociación bilateral sobre el reparto de activos, la futura Generalidad independiente se negaría a aceptar la parte del endeudamiento estatal que le correspondería.
Pero, ¿qué pretenden realmente los separatistas? Aunque la Ley de Transitoriedad no dice mucho al respecto, la cuestión es que la Generalidad ya encargó en su día un informe detallado sobre la distribución de activos y pasivos entre ambas administraciones, cuya redacción corrió a cargo del Consejo Asesor para la Transición Nacional en 2014. Este documento, junto a las cuentas que elaboró en 2013 la Fundación Josep Irla, vinculada a ERC, especifican el plan de los independentistas para llevar a cabo el citado reparto de patrimonio y deudas.
Capital físico: 100.000 millones de euros
El primer capítulo tiene que ver con el capital físico. Según el informe del citado Consejo Asesor, "en principio, todos los bienes públicos situados en el territorio secesionado pasan al Estado sucesor [Cataluña] de forma directa y sin contraprestaciones, tal como establece el artículo 2.2.a de la Convención de Viena de 1983 [...] Aunque la Convención no lo especifica, esto incluye todo tipo de activos y bienes de Estado como edificios, servicios y corporaciones públicos".
Esto incluiría todos los inmuebles, empresas, infraestructuras (puertos, aeropuertos, carreteras, barcos, aeronaves, trenes...), así como centros educativos y sanitarios de titularidad estatal. El siguiente cuadro, elaborado por la Fundación de ERC, valoraba estos activos en algo más de 80.000 millones de euros a fecha de 2005. Su valoración actual, teniendo en cuenta la inflación y las depreciaciones registradas desde entonces, rondaría, posiblemente, los 100.000 millones de euros.
Este capital, según el plan de los independentistas, debería pasar al nuevo Estado catalán de forma automática y sin ningún tipo de compensación. Es decir, gratis total. Por otro lado, los bienes militares radicados en Cataluña constituyen una "categoría especifica" cuyo reparto debería ser "proporcional", según dicho documento.
Capital financiero: 120.000 millones
El segundo gran capítulo es el referido al capital financiero. El Gobierno central, la Seguridad Social y el Banco de España también poseen un gran volumen de activos financieros que, según los secesionistas, deberían ser repartidos mediante una negociación bilateral tomando como referencia o bien el criterio de población (los catalanes representan el 16% del total de españoles) o el de PIB (Cataluña representa el 20% del PIB español).
En este apartado se incluirían, entre otros activos, todos los créditos o préstamos concedidos por el Estado a terceros, sean empresas públicas o agentes privados; las reservas del Estado en metales preciosos, euros y otras divisas; las cuentas corrientes; los títulos y acciones de empresas privadas; corporaciones públicas empresariales; fundaciones; créditos concedidos a terceros países o entidades de Derecho Internacional Público; los bienes públicos ubicados en el extranjero (embajadas, consulados, sedes de instituciones y organismos públicos, bases científicas, plataformas petrolíferas…); satélites e instalaciones espaciales; el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la conocida como hucha de las pensiones); los ingresos derivados de la reciente privatización de empresas y servicios públicos del Estado o la venta de patrimonio público con el fin de amortizar deuda; los archivos del Estado; patrimonio histórico, artístico y cultural…
Aunque la valoración y el posterior reparto de algunos de estos activos dependería de la hipotética negociación que entablaran el Gobierno central, por un lado, y la Generalidad, por el otro, el volumen potencial a repartir supera los 616.000 millones de euros a cierre de 2016: el Gobierno central poseía más de 516.000 millones en activos financieros, otros 40.000 millones pertenecientes a la Seguridad Social y cerca de 60.000 millones en reservas internacionales del Banco de España.
Así pues, a Cataluña le corresponderían algo más de 98.000 millones de euros si se aplicara el criterio poblacional (16%) y unos 123.000 millones en función de su PIB (20%). Si a todo ello se suman los 100.000 millones ya descritos de capital físico, el plan de los separatistas consiste en apropiarse de hasta 223.000 millones de euros del Estado.
El reparto de la deuda
Ésta es la razón por la que los nacionalistas sostienen que una Cataluña independiente nacería con un Estado solvente y, por tanto, sostenible desde el punto de vista financiero. Dado que la deuda pública común también se repartiría, a priori, de forma proporcional, esta carga extra se vería compensada por los activos financieros procedentes del Estado, bajo la amenaza de no asumir dichos compromisos en caso de que el Gobierno central se niegue a tales transferencias.
A cierre de 2016, la deuda de la Administración Central se situaba en 900.000 millones de euros -excluyendo los 50.000 millones del Fondo de Liquidez Autonómico inyectados a Cataluña-. A la Generalidad, por tanto, le corresponderían entre 122.000 y 176.000 millones de euros, según se aplicase el criterio de población o PIB, respectivamente. A ello habría que sumar, además, la parte proporcional de la deuda que acumulan las empresas públicas -entre 5.400 y 7.899 millones-.
Así pues, los catalanes deberían asumir una deuda extra de entre 128.000 y 184.000 millones de euros que, sumada, a la deuda autonómica de la Generalidad (algo más de 75.000 millones), harían un total de entre 203.000 (91% del PIB catalán) y 259.000 millones de euros (116%), respectivamente.
Sin embargo, el negocio para los secesionistas sería redondo, puesto que, según su plan, estas cantidades se verían reducidas a poco más de 104.000 (47% del PIB) ó 136.000 millones de euros (61%), una vez restados los activos financieros asumidos por Cataluña, según se aplicase el criterio de población o de PIB. Y ello sin contar los 100.000 millones que se embolsarían con la apropiación del capital físico estatal radicado en dicha comunidad.