Aunque la manifestación del sábado 26 de agosto en Barcelona fue convocada como acto de repulsa por los atentados sufridos en la Ciudad Condal y en Cambrils, amplios segmentos del independentismo radical optaron por convertir la marcha en un acto de protesta contra la Casa Real y el Gobierno de España.
Sobre la mesa, una teoría de la conspiración que también ha calado en las filas de la extrema izquierda del resto de España. Según este relato, España habría cebado la financiación del yihadismo, como consecuencia de las ventas de armas al resto del mundo. En esta línea iban muchas de las proclamas y pancartas que se vieron en la manifestación que acogió la Ciudad Condal.
Ni que decir tiene que en el atentado de Las Ramblas no se empleó ningún arma o que el plan original de los terroristas era hacer estallar varias bombas de fabricación casera... Pero estos hechos incontestables no parecen importar a quienes insisten en mantener este delirante relato desde las filas del independentismo radical.
No obstante, puestos a hablar sobre ventas de armas como acuerdos catalizadores del terrorismo y la violencia en el mundo, tendría sentido plantearse qué medidas han tomado las autoridades catalanas al respecto. Si atendemos al relato que enarbolan los independentistas radicales, sería de esperar que no exista ningún vínculo, ningún apoyo y ninguna ayuda por parte del gobierno catalán al sector armamentístico.
Pero la realidad es distinta. La industria militar catalana fue auditada en 2012 por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. La conclusión del estudio no puede ser más reveladora, a la luz de lo que hemos escuchado en los últimos días. Y es que, de acuerdo el Centro Delàs, la Generalidad ha aprobado ayudas al sector militar por un monto superior a los 60 millones de euros.
Las cifras, que corresponden al período comprendido entre 2002 y 2011, muestran que las empresas militares de la región recibieron 18,3 millones de subvenciones, cifra a la que hay que sumarle más de 44 millones en ayudas para las fábricas que suministran los vehículos al Ejército español, también radicadas en la comunidad autónoma catalana.
El informe del Centro Delàs es especialmente revelador porque señala que, conforme la agenda independentista ha ido a más, las ayudas al sector militar han crecido de forma acelerada. Y es que las ayudas para 2002-2011 duplican los niveles observados en la década de los 90. Es más, el estudio afirma que la reducción presupuestaria que tuvo lugar a nivel nacional tras el estallido de la Gran Recesión no afectó a las ayudas públicas concedidas por la Generalidad, que siguió haciendo aportaciones estables al sector.
Las ayudas al sector han seguido en pie entre 2012 y 2016. El pasado año, el Parlamento regional dio un giro y acordó la retirada de ayudas, así como la "prohibición de maniobras en espacios no estrictamente militares" o la "desautorización de la presencia de aviones de combate" en celebraciones públicas. Pero, de momento, la única evidencia es que, durante décadas, el Gobierno catalán ha subvencionado a esa misma industria que los independentistas más radicales ligan con los ataques. Unos ataques que, paradójicamente, fueron perpetrados por terroristas que basaban su estrategia en vehículos, bombas caseras y otras técnicas de ataque que nada tienen que ver con el sector militar.
El mercado de las armas en Cataluña
Los datos de las Cámaras de Comercio y Aduanas, que dependen de la Agencia Tributaria, son claros. Según el capítulo 93 de comercio exterior, referido a armas largas, pistolas, granadas, minas y otros artefactos, las empresas catalanas del ramo facturaron 45 millones de euros en 2016.
Más de 1,6 de esos 45 millones se explican íntegramente por las ventas de las empresas armamentísticas de Cataluña a Arabia Saudí. Además, también se cerraron acuerdos de ventas con Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y otros países de Medio Oriente y África.