La retórica anticapitalista que domina el debate público en nuestro país cobra especial virulencia a la hora de referirse a los españoles más acaudalados. "Los ricos" son el chivo expiatorio de referencia a la hora de explicar cualquiera de los males de nuestra economía. En consecuencia, no faltan las voces que llaman a confiscar buena parte de estas fortunas, bien con un "impuesto a la riqueza", bien por vías más radicales, con el objetivo de "repartir" dicho patrimonio según el criterio de los gobernantes de turno.
¿Qué ocurriría si, en efecto, llevásemos estas propuestas a la práctica? De entrada, hay que considerar que el grueso del patrimonio de las grandes fortunas está invertido en acciones de sus propias compañías. Amancio Ortega, por ejemplo, amasa cerca del 60% del capital social de su empresa Inditex. Evidentemente, el mero anuncio de la confiscación de la fortuna de Ortega tendría un impacto inmediato en la cotización de la compañía. Las acciones del gigante textil caerían estrepitosamente, ya que la empresa sería arrebatada de las manos de su fundador y pasaría a depender del Estado, hundiendo su valor en bolsa.
Hay, además, otros factores que debemos considerar. Por un lado, es difícil imaginar que un amplio programa de confiscación termine siendo respaldado por la Justicia. Por otro lado, tampoco sería razonable pretender que las grandes fortunas se queden de brazos cruzados y, de hecho, lo más probable es que todos reaccionasen sacando de España el grueso de su patrimonio. Por tanto, la cruda realidad es que, incluso si un programa tan nefasto fuese deseable, la realidad terminaría haciéndolo inviable.
Pero, con ánimo de polemizar, olvidaremos durante los siguientes párrafos la aplastante realidad y asumiremos que no sucede nada de lo expuesto anteriormente. Por desgracia para los anticapitalistas, igualmente nos encontraríamos con una realidad muy distinta a la que nos pretenden dibujar. Y es que, como ha explicado el escritor Axel Kaiser a la hora de hacer un ejercicio similar para Chile, la confiscación repentina de las grandes fortunas de nuestro país solo serviría para cubrir algunos meses de gasto público…
Tres meses de gasto
Para que se entienda bien, vayamos por partes. Tomemos primero las diez grandes fortunas de España. Según la revista Forbes, se trata del propio Amancio Ortega (Inditex), Juan Roig (Mercadona), Rafael del Pino (Ferrovial), Sandra Ortega (Inditex), Isak Andic (Mango), Sol Daurella (Coca Cola), Francisco y Jon Riberas Mera (Gestamp), Familias Herráiz, Mahou y Gervás (Mahou San Miguel), Juan Miguel Villar Mir (OHL) y Víctor Grifols (Grifols).
El patrimonio conjunto que acumulan estos diez nombres asciende a 113.000 millones de euros. Si atendemos al relato habitual de quienes abogan por actuar contra estas grandes fortunas, dicha cantidad permitiría satisfacer todo tipo de necesidades de gasto. Sin embargo, las cifras son las que son y, por mucho que 113.000 millones sean una cifra muy abultada, su impacto sería limitado y efímero, lejos del "maná" prometido por los enemigos del mercado.
¿Por qué? Veamos. En el año 2016, el conjunto de las Administraciones Públicas del Reino de España asumió un gasto total de 472.248 millones de euros, lo que equivale al 42,4% del PIB. Esta cifra supone un gasto medio de 39.354 millones al mes o, lo que es lo mismo, alrededor 1.310 millones de euros de gasto diario. Pues bien, si diésemos el lamentable paso de confiscar los 113.000 millones de las diez grandes fortunas de nuestro país, no lograríamos "cubrir" ni tres meses de gasto público. Para ser precisos, estos nuevos ingresos apenas nos servirían para financiar los presupuestos de las Administraciones durante 86 días…
Conviene recordar, por otro lado, que 71.000 de los 113.000 millones que controlan las diez grandes fortunas de nuestro país corresponden al patrimonio de Amancio Ortega. Esto significa que 32 de los 86 días de gasto público que se podrían financiar por esta lamentable vía provendrían directamente del bolsillo del empresario gallego.
Evidentemente, incluso si por esta vía se lograsen muchos más recursos, seguiríamos estando ante un escenario irreal, por los motivos expuestos al comienzo del artículo. Y ni que decir tiene que el discurso favorable a la expropiación es moralmente reprobable. Pero, además, hay que tener en cuenta que un programa así tendría un impacto muy negativo sobre la inversión, motor a su vez del crecimiento y la creación de empleo. Si a todo ello le sumamos que las magnitudes que estamos manejando no cubren ni tres meses de gasto público, parece claro que insistir en "redistribuir" o directamente confiscar el patrimonio de las grandes fortunas es caer en un debate intelectualmente obsceno y económicamente estéril.