El exrector de la Universidad Complutense de Madrid y experto en demografía Rafael Puyol afirmó el miércoles que el actual sistema de pensiones público, obligatorio, contributivo y de reparto,"no va a permitir el pago futuro de las pensiones, por mucho que se empeñen en decirnos lo contrario".
El profesor, que ha participado en el curso de verano organizado en la Escuela Asturiana de Estudios Hispánicos de La Granda sobre envejecimiento, ha expuesto los indicadores sobre el número de pensionistas, la tasa de dependencia, la ratio cotizante y la llamada tasa de reemplazo. Del año 2015 al 2030 España va a pasar de 8,6 millones de pensionistas a 11,4 millones, lo que supondrá pasar de la actual ratio de 2,28 trabajadores por cada pensionista a 1,3 cotizantes por cada jubilado, "cuando para pagar una pensión, sin tirar de la hucha, que es lo que está sucediendo, deberían de ser unos cuantos más".
Entre las medidas a corto plazo, ha propuesto desincentivar la jubilación anticipada, ampliar la vida laboral, elevar el número de años de cotización para el cálculo de la base reguladora de la pensión y poner en marcha medidas fiscales para animar al ahorro privado. A largo plazo, el ponente se ha mostrado convencido de que habrá que modificar el sistema de pensiones hacia un modelo mixto que combine el sistema de capitalización con el de reparto.
El contexto para la transformación que ve necesaria "no es nada fácil" con cuatro grandes interlocutores sociales con planteamientos bien definidos: el Ministerio de Trabajo, que defiende el alargamiento de la vida laboral; las empresas, que siguen políticas más orientadas a las jubilaciones anticipadas; los sindicatos, "que no quieren ni oír hablar de prolongar la actividad", y los propios trabajadores, "que tampoco son partidarios de ello".
Puyol ha subrayado que la población potencialmente activa de España, la que se encuentra entre los 20 y 64 años, va a perder en los próximos 15 años más de dos millones de personas y las pérdidas se van a concentrar sobre todo en el tramo de entre los 20 y los 49 años, lo que repercutirá en un envejecimiento de la masa laboral. "Va a ser necesario revisar toda la política de jubilaciones y prejubilaciones anticipadas en un país como el nuestro en el que no se lleva mucho lo de trabajar por encima de una determinada edad", ha señalado.
Puyol ha expuesto todos estos datos en un contexto mundial de envejecimiento generalizado de la población, con personas que han alcanzado los 122 años de edad y con un incremento del número de los llamados "supercentenarios", personas con más de 110 años.