El Ministerio de Hacienda ha dado 24 horas a la interventora general de la Generalidad de Cataluña, Rosa Vidal Planella, para que aclare si se han desviado 6.150 euros a preparar el referéndum del 1 de octubre y le recuerda que puede tener responsabilidades administrativas o penales si no contesta.
El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha remitido este lunes una carta a la interventora general de la Generalidad de Cataluña, la segunda en menos de una semana, después de la que le envió el pasado martes reclamando explicaciones por el desvío, detectado el pasado 13 de julio y que llevó a Moncloa a anunciar el endurecimiento de los controles sobre el destino del FLA y el aviso de que las transferencias serían suspendidas si se detectaban pagos para el referéndum.
En esta nueva misiva, Fernández de Moya señala que la información recabada "se trasladará a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos públicos".
Además, se recuerda a la interventora que en el certificado semanal que le corresponde emitir hará expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiación que, directa o indirectamente, pretendan financiar procesos refrendatarios, así como "las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad".
La rápida respuesta de la Generalidad: no es para el 1-O
Esta vez, la respuesta de la Generalidad ha sido rápida: se ha recibido en unas horas. En ella, Vidal Planella señala que estos gastos están relacionados con un contrato de mantenimiento de un software de procesos electorales.
Según fuentes de la Consejería de Economía consultadas por Europa Press, esa partida corresponde al mantenimiento ordinario del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalidad (CTTI) y, en concreto, al mantenimiento de un sistema de gestión informática: "Se trata de un tema de mantenimiento ordinario que no tiene nada que ver con el referéndum".
El contenido de esta respuesta está siendo analizado "minuciosamente" por el Gobierno, ha subrayado Fernández de Moya en declaraciones a la Cope , que ha reiterado que el Ejecutivo no va a "consentir ni tolerar" que se vulnere la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 5 de julio que decretaba la nulidad del programa 132 que se recoge en los presupuestos de la Generalidad bajo el epígrafe de organización de procesos electorales.