¿Cuántos trabajadores públicos tiene España? Parece una pregunta sencilla de responder, pero no lo es tanto. La primera alternativa es acudir al "Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Registro Central de Personal" que publicaba hace unos días el Ministerio de Hacienda y Función Pública con datos de enero de 2017. De acuerdo al recuento oficial del Gobierno, en España las diferentes administraciones emplean a un total de 2.523.167 personas Son 175.461 menos que las 2.698.628 que aparecían en el mismo informe en enero de 2010.
Pero no es ésta la única cifra a nuestro alcance. En los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) que cada trimestre publica el INE, también hay un apartado en el que se contabiliza a los trabajadores públicos. De acuerdo a esta encuesta, en realidad había 2.973.800 empleados públicos en nuestro país; y en el mismo período de 2010 había 3.160.500. Más o menos vemos que en ambos casos hay una diferencia de 450.000 trabajadores entre las cifras de la EPA y las del Ministerio. Son el medio millón de empleados públicos fantasma de los que ya hablábamos en Libertad Digital en 2010, la mayoría de ellos parte de las empresas y organismos públicos paralelos formados por las administraciones autonómicas y locales.
Como se explica con detalle en la introducción del Boletín Estadístico, las agencias del Estado y la mayoría de las entidades públicas empresariales y organismos públicos dependientes de la Administración Central sí están incluidos en el recuento oficial (desde Adif a Renfe pasando por el Museo del Prado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). Pero al mismo tiempo certifica que "no se dispone de datos de efectivos de las Entidades equivalentes" dependientes de la administraciones locales y autonómicas. Todo esto es importante por dos razones: en primero lugar, porque medio millón de empleados que no se sabe muy bien a qué se dedican no es moco de pavo; y en segundo lugar, por lo que implica a la hora de hacer comparaciones con otros países y el número de empleados que cada uno tiene. Sea cual sea la cifra que queramos coger (EPA o MINHAFP), parece claro que sería deseable que los organismos locales y regionales tuvieran el mismo nivel de transparencia que los del Estado.
El desglose
En el siguiente cuadro podemos encontrar la principal tabla del Boletín. A la hora de analizar el tipo de ocupación, situación laboral y detalle de los empleados, usaremos esta fuente, que ofrece más detalle que la EPA. Los datos del INE nos servirán a la hora de hacer las comparaciones entre CCAA.
Como vemos, sólo el 20,7% de los empleados del registro trabajan para el Estado: 522.412 personas. El resto se divide entre CCAA (51,81% y 1,3 millones), administraciones locales (21,5% y medio millón) y universidades (5,9% y 150.000 personas). Dentro de la plantilla dependiente del Estado, 206.706 personas trabajan para la Administración General, 138.883 a las Fuerzas de Seguridad, 120.648 a las Fuerzas Armadas, 24.424 a la administración de justicia y el resto (31.751 personas) en organismos independientes.
Por tipo de contrato, el MINHAFP divide en tres a los empleados públicos:
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Funcionarios de carrera: son funcionarios 1,5 millones de los empleados públicos: el 60% si cogemos las cifras del Registro y el 50% si aceptamos las de la EPA.
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Personal laboral: el registro define a este tipo de empleado como "el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas". Suman 583.713 entre todas las administraciones
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Otro personal: todos aquellos empleados que no entran en ninguna de las dos anteriores: eventuales, interinos... Son 420.784 personas. Es de suponer que el medio millón de funcionarios fantasma también entra en estas dos últimas categorías.
Por sexo llama la atención que hay más mujeres que hombres en las administraciones públicas. Y llama la atención no tanto porque no se conociera ese dato (que mantiene esta tendencia desde hace años) como porque implica una diferencia significativa respecto al sector privado, en el que sigue habiendo una mayoría masculina. En las administraciones, según el registro, hay 1.128.072 hombres (44,7%) y 1.395.095 mujeres (55,3%), una diferencia que no hará más que acentuarse en los próximos años. En determinados cuerpos, hay procesos de selección dominados de forma abrumadora por las mujeres; e incluso en cuerpos tradicionalmente masculinos (como las Fuerzas Armadas o de Seguridad) hace mucho que el porcentaje de mujeres es creciente (siguen muy por debajo, pero cada vez menos). En este sentido, destaca la cifra de las administraciones regionales, seguramente porque se han conformado en los últimos veinte años, cuando más se ha acelerado la incorporación de la mujer al mercado laboral, y porque son las que gestionan salud y educación dos sectores con una presencia femenina muy mayoritaria: entre los trabajadores de las autonomías, más de dos tercios (903.014 de un total de 1.307.358) son mujeres.
Por regiones
Para el análisis por regiones, acudimos a la EPA, en parte porque hace más sencillo comparar el número de empleados públicos sobre el total de ocupados en cada autonomía. Y porque es más realista contar a esos trabajadores que, aunque no entren en el registro, sí forman parte de algún ente público.
Como podemos ver, destaca el caso de Extremadura, una región en la que más de uno de cada cuatro ocupados trabaja para algún ente público (en Ceuta y Melilla la cifra está por encima del 40%). El resto no ofrece demasiadas sorpresas: las regiones más pobladas y ricas tienen un porcentaje de empleados públicos por debajo de la media; incluso en Madrid, que siempre tiene un sesgo al alza porque concentra al porcentaje más elevado de trabajadores del Estado.
El resumen
Con todo esto sobre la mesa, queda una foto con diferentes enfoques posibles. En primer lugar está la pregunta sobre si los empleados públicos han sufrido más o menos la crisis que los del sector privado. En el siguiente cuadro se muestran las cifras de la EPA para asalariados del sector público y privado en 2002-2006-2010-2014-2017 (no se contabilizan autónomos y otros trabajadores no incluidos en la categoría de asalariado). En ambos casos vemos un fuerte crecimiento en los años pre-crisis. Pero mientras que el sector privado siente entre 2006 y 2010 la llegada de las vacas flacas (pierde 800.000 ocupados de 2006 a 2010), las administraciones siguen ampliando sus plantillas en los primeros años de la crisis. Eso cambia a partir de 2013-14 y se consolida en los últimos ejercicios. De 2002 a 2017, el saldo es parecido en las dos categorías (un 15% más de ocupados): un dato a tener en cuenta cuando se hacen comparaciones sobre los empleos no recuperados por la administración y se usan cifras de 2010. Sí, es cierto, si se compara con ese máximo el empleo público no se ha recuperado al 100%. Pero tampoco el privado respecto de las cifras 2006-07. Y habría que preguntarse si estaban justificadas esas plantillas públicas que se dispararon entre 2002 y 2011.
También llama la atención el peso decreciente del Estado en lo que hace referencia a la función pública. Incluso sin contar al medio millón de funcionarios fantasma que la EPA sí recoge y que trabajan en su gran mayoría para CCAA y organismos locales, lo cierto es que las regiones ya emplean más de la mitad de los trabajadores públicos. En 2010 la cifra era del 50,0%. Vamos, que el creciente peso de las autonomías en la contratación pública sigue la misma tendencia incluso en estos años en los que tanto se ha hablado de recortes.
En tercer lugar, respecto a las noticias de la semana pasada en las que Cristóbal Montoro anunció una histórica oferta de empleo público, con más de 20.000 plazas entre nuevos puestos y consolidación de los ya existentes (y hay otros 7.800 de promoción interna), hay que recordar que se dirigen a la Administración General del Estado y la Administración de Justicia, que suman unos 230.000 trabajadores en total. Es decir, hablamos de una oferta de plazas que suman casi el equivalente al 10% de la plantilla actual.
En resumen, es verdad, que si se compara con los países del norte de Europa, España tiene menos empleados públicos en relación a los ocupados totales. También es cierto que en cuanto a las remuneraciones, somos uno de los países que mejor paga a sus funcionarios: lo que provoca que en términos de gasto total en salarios a los funcionarios respecto al PIB nuestro país esté más o menos en la media de la UE. No sólo eso, lo que es bastante excepcional es el régimen de contratación, despido y organización interna: ya explicamos hace unos meses que, por ejemplo, apenas un 1% de los trabajadores públicos suecos es funcionario. Y un último apunte a tener en cuenta: porque quizás lo más importante no es cuántos son, sino cómo son seleccionados (si tienen sentido las actuales oposiciones), cómo ascienden, qué pueden hacer para ganar más, si existe alguna forma de pedir responsabilidades a los incumplidores, qué perspectiva hay de desarrollar una carrera laboral... Nada de eso está sobre la mesa de una posible reforma del sector público. Las cifras de empleados de las administraciones que incluye el Boletín Estadístico pueden cambiar (de hecho, lo van a hacer con seguridad en los próximos ejercicios); todo lo demás no lo hará.