La pasada semana, el Gobierno de Mariano Rajoy aceptó, a regañadientes, las condiciones que Ciudadanos le había impuesto para aprobar el techo de gasto sobre el que se articulen los Presupuestos Generales del Estado para 2018. A pesar de las bravatas y amenazas de Cristóbal Montoro, que quería retrasar cualquier medida a 2018-19 para acercarla a las elecciones, al final al Ejecutivo no le quedó otra que pasar por el aro del partido naranja: como consecuencia, los españoles que ganen menos de 14.000 euros al año quedarán eximidos de pagar el IRPF (hasta ahora la frontera estaba en los 12.000 euros), los que ganen menos de 18.000 euros verán reducida su factura con Hacienda y habrá nuevas ayudas a las familias con hijos y dependientes a su cargo.
Todo lo que ha ocurrido en esta negociación retrata al Gobierno y a su ministro de Hacienda, el nefasto Cristóbal Montoro. Para empezar, por su férrea negativa a bajar impuestos: con lo fácil que le ha sido al Ejecutivo tirar de cartera cuando lo ha necesitado, sin ir más lejos en la negociación con el PNV para los PGE de 2017, sorprende lo mucho que le ha costado pactar una rebaja tributaria. Para un partido que quiere vender la imagen de que es el defensor de las clases medias y de los impuestos bajos, el resultado no es demasiado satisfactorio. Ciudadanos le ha ganado la batalla de fondo y la de la opinión pública. Es la formación naranja la que sale del encuentro como responsable de que los españoles paguen menos impuestos frente al voraz Montoro, que se aferraba con uñas y dientes a sus impuestos, incluso arriesgando el resultado de la votación de los Presupuestos.
No seremos nosotros los que nos quejemos de una rebaja de impuestos. No están los trabajadores españoles como para despreciar ningún alivio, por pequeño que sea. Y éste lo es. Pero no podemos dejar de señalar que no nos gusta el mensaje con el que se ha rodeado el anuncio que, además, no difiere demasiado de los habituales cuando se trata de impuestos en nuestro país.
Nuestros partidos compiten cada día por prometer más gasto público en cualesquiera partidas que se les ocurran. Pero claro, cuando uno gasta, la primera pregunta que surge es de dónde conseguirá los ingresos para sufragar el dispendio. Durante años lo normal era el silencio. El papel de los programas electorales lo aguanta casi todo. Pero con la crisis de déficit que vive España desde 2009-10 ya no es tan fácil. Hay que cumplir con Bruselas, alcanzar un objetivo y cuadrar las cuentas. Por eso, ahora la táctica ha cambiado: se promete gasto y se anuncian nuevos ingresos... que sólo pagarán los ricos. Pero el nuevo argumento es tan falaz como el antiguo.
Tal y como explicábamos esta semana en Libre Mercado, el grueso de la recaudación por IRPF en España lo soportan las clases medias. Las familias con ingresos bajos pagan pocos impuestos sobre el trabajo (porque no ganan demasiado y porque los mínimos exentos y los tipos son generosos para esos primeros tramos, al menos si los comparamos con lo que ocurre en otros países de Europa). Tampoco los ricos españoles (rentas a partir de 90.000-100.000 euros) aportan tanto como en otros países de la UE... porque no hay, desgraciadamente.
España presenta dos anomalías con respecto a los países de su entorno con los que siempre se compara (Francia, Alemania, Reino Unido...): una es la elevadísima tasa de paro, motivo de lógica preocupación nacional. La otra no le importa a casi nadie: es la ausencia de una clase media-alta digna de tal nombre. Hablamos de esas empresas de tamaño mediano (a partir de 50 empleados) que conforman la base sobre la que se asienta el resto del tejido productivo de una economía sana. Y también de esos trabajadores de alta cualificación, muy productivos, que generan riqueza, atraen talento e impulsan la competitividad de toda un país. Uno de los objetivos de cualquier partido político responsable (perdón por el oxímoron) debería ser revertir esta situación. No es el caso de los españoles: prefieren expoliar a los pocos que hay, ponerles trabas por su éxito y culparles de todos los males posibles.
En el trayecto, intentan engañarnos a los demás, al trabajador medio, haciéndonos creer que dispararán la recaudación pero no nos costará nada a nosotros, porque sólo los malvados millonarios pagarán la factura. Del mismo modo, nos venden rebajar muy limitadas en el IRPF, y que benefician fundamentalmente a los que ya no pagaban impuestos, como una dádiva milagrosa dirigida a la clase media. Y tampoco.
El Estado español necesita recaudar impuestos. De hecho, incluso aunque a nosotros nos gustaría ver una reducción en el peso del sector público a medio plazo, no podemos obviar que los compromisos nos atan y que la tarea no es sencilla. Hace unos años, este Gobierno encargó a un grupo de expertos dirigido por el profesor Lagares el diseño de una reforma que fuera neutra desde el punto de vista recaudatorio pero que al mismo tiempo consiguiera un sistema fiscal más justo y que penalizara menos la creación de riqueza. Hicieron un buen trabajo: rebajas sustanciales de tipos en los impuestos directos unidas a reducción de las bonificaciones, subida de los mínimos en el IRPF, más peso de los indirectos y las tasas, menos cotizaciones sociales, impuestos más sencillos... No cumplía con nuestra idea de un sistema fiscal perfecto pero suponía un avance considerable. Acabó en el cubo de la basura, como otras muchas buenas iniciativas y promesas del PP de Mariano Rajoy. Además, siempre queda el recurso de bajar un poquito los impuestos a unos meses de las elecciones (como quería hacer de nuevo Montoro), como si el votante fuera un menor de edad desmemoriado al que es fácil estafar otra vez. ¿Para qué meterse a cambiar de verdad las cosas si uno puede tirar de un poco de lenguaje político engañoso, otro puñado de cifras poco claras y una pizca de electoralismo sobre las clases medias? Al fin y al cabo, no hay más que escuchar a nuestros políticos: en España los impuestos sólo los pagan los ricos.