Trece años después de la derogación del Plan Hidrológico Nacional por José Luis Rodríguez Zapatero, la situación del sector agrícola del sureste español ha entrado en una fase agónica por falta de agua. Zapatero, siendo ministra Cristina Narbona, suprimió el instrumento jurídico y técnico que habría puesto fin al déficit estructural de la cuenca del río Segura y garantizado los recursos hídricos para mantener la agricultura de la zona, la más intensiva y con mejores resultados de toda Europa.
Pero Zapatero necesitaba los votos de ERC (y del PSC) para llegar a La Moncloa y, en consecuencia, su primera decisión ejecutiva como presidente fue eliminar de un plumazo el trasvase del Ebro. A cambio, los socialistas se sacaron de la manga las desalinizadoras. A su construcción dedicaron 4.000 millones de los fondos europeos destinados al Plan Hidrológico Nacional (PHN), y lo hicieron con tanta solvencia -la habitual en los socialistas- que aún hoy carecen de las acometidas eléctricas y conducciones necesarias para que cumplan plenamente su función.
Los populares tratan ahora de asustar a los regantes con el "¡que viene la Narbona"! (recientemente elegida presidenta del PSOE) para mantener ese voto cautivo, pero lo cierto es que han tenido tiempo suficiente para haber solucionado el destrozo perpetrado por la nueva mandataria socialista y su jefe de entonces, el gran ZP. Lejos de ello, ahora resulta que el PP no quiere tampoco trasvases y su ministra de Agricultura, García Tejerina, trata de convencer a los regantes levantinos de que tienen que cambiar "su modelo productivo". Eso mismo propone González Pons desde Bruselas, que en una reunión con los agricultores que ven morir sus plantaciones y están ya al borde de la ruina tuvo el cuajo de exigirles que no mencionaran más los trasvases porque ese argumento ya no cala en Europa.
¿Vendrán Tejerina y González Pons al campo de Cartagena a explicar a los miles de magrebíes que viven de la agricultura que tienen que cambiar "su modelo laboral"? ¿Les animarán a entrar en la Universidad para doctorarlos, por ejemplo, en Estudios de Género? Los dos dirigentes populares podrían salir de gira por el agro levantino acompañados de los líderes de Podemos, partidarios también de cambiar el modelo productivo, que llevaría a la indigencia a los trabajadores más necesitados de España en un ejemplo muy gráfico de lo bien que estarían "los de abajo" con las políticas podemitas, que ahora el PP también quiere aplicar.
Los franquistas Indalecio Prieto y José Borrell
Los argumentos para oponerse a llevar agua desde donde sobra hasta donde escasea no pueden ser más romos. De hecho, una cuestión meramente técnica se ha convertido en un arma arrojadiza entre las distintas fuerzas políticas, que cambian diametralmente de criterio según estén en el Gobierno o la oposición. Se llega a tachar de franquistas los trasvases haciendo gala de una gran indigencia intelectual, puesto que el primer Plan Hidrológico Nacional (que, naturalmente, incluía un trasvase de agua desde el Ebro al Levante) fue elaborado por Indalecio Prieto, ministro socialista durante la II República.
A lo largo del franquismo se construyeron embalses para impulsar al sector agrícola, pero el siguiente PHN no lo diseñó ningún ministro de Franco sino uno socialista, Josep Borrell (irónicamente, pareja de la dirigente del PSOE más furiosamente antitrasvasista, la citada Cristina Narbona). Borrell volvió a incluir al Ebro en el eje central del plan, al objeto de utilizar parte de sus 6.000 hectómetros cúbicos excedentarios. De hecho, el plan de Borrel establecía el trasvase de 1.800 hm3 a otras cuencas, casi el doble de lo que contemplaría el PHN elaborado por Aznar poco después.
Aquel Plan Hidrológico no llegó a aprobarse porque previamente era necesario elaborar los planes de cuenca y un Plan Nacional de Regadíos y, además, los socialistas no consiguieron el consenso necesario en el Consejo Nacional del Agua. Era el año 1996 y el felipismo ya tocaba a su fin, sin margen de tiempo suficiente para cumplir todos los trámites y hacer pedagogía. Sin embargo, quedaron suficientemente constatados el empeño de Borrell por articular un plan que, definitivamente, solucionaba el desequilibrio hídrico de la nación y la defensa del proyecto del presidente Felipe González, que en un gesto de apoyo a su ministro llegó a decir públicamente que "algunos se sientan en su botijo y no quieren dar de beber a los que se mueren de sed".
Fue Isabel Tocino, ya en el primer Gobierno de Aznar, la que consiguió elaborar todos los planes de cuenca y llevar a cabo los trámites para la aprobación del nuevo Plan Hidrológico Nacional, un documento que, finalmente, obtuvo el respaldo de una amplísima mayoría de las comunidades autónomas y del resto de miembros del Consejo Nacional del Agua. El proyecto incluía inversiones de extraordinaria envergadura a lo largo de toda la cuenca del Ebro, donde se sigue dando la paradoja de pueblos cercanos al río más caudaloso de España con problemas de abastecimiento de agua potable. Llegó a ponerse la primera piedra de este Trasvase del Ebro, a su vez piedra angular del PHN, pero las elecciones del 14 de marzo de 2004, en las que el PP resultó derrotado contra todo pronóstico, permitieron la llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el resultado por todos conocido.
Pero el que personajes como González Pons y García Tejerina (con el silencio estruendoso del expresidente murciano Ramón Luis Valcárcel, hoy compañero del político valenciano en Estrasburgo) traten de engañar a sus votantes carece de relevancia. Lo sustancial es el papel del actual presidente del Gobierno en todo este asunto. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta parlamentaria no movió ni un solo papel para solucionar uno de los mayores problemas estructurales de España y eso, tarde o temprano, acabará pasando factura.
Lo que Rajoy no quiere recordar
El 14 de julio de 2005 tuvo lugar en Murcia una de las manifestaciones más numerosas que se recuerdan. Regantes de Alicante, Almería y Murcia, acompañados de miles de ciudadanos, se reunieron en la capital murciana para protestar por la derogación del PHN y exigir soluciones al Gobierno de ZP ante la falta de agua. En la cabeza de la manifestación, sosteniendo la pancarta, Mariano Rajoy Brey; completaban la terna esa tarde los presidentes de Murcia y de la Comunidad Valenciana.
Una semana antes, el entonces jefe de la oposición había afirmado en Almería que su primera decisión al frente de un Gobierno del Partido Popular sería (¡exacto!) recuperar el Plan Hidrológico Nacional. No fue tan gráfico como el ministro de Agricultura de Aznar, Arias Cañete, (en octubre de 2000, a preguntas de unos agricultores jumillanos, afirmó que el trasvase del Ebro se haría "por cojones"), pero el mensaje fue igual de nítido. Por cierto, García Tejerina era secretaria de Estado del impulsivo ministro, pero, al parecer, fue la única persona en toda España que no escuchó el exabrupto entusiasta de su jefe: hace pocos días rechazó la posibilidad de cualquier nuevo trasvase ante los agricultores murcianos que acudieron a su despacho en busca de socorro, con el argumento de que ni ella ni ningún dirigente de su partido habían prometido jamás nada parecido. Increíble, pero cierto.
Pues bien, Rajoy llegó en 2011 a La Moncloa con una mayoría histórica, lo que le garantizaba carta blanca para deshacer todas las tropelías de su antecesor. No revertió ninguna. No solo eso. En lo que se refiere al problema del agua, lo cierto es que lo agravó.
María Dolores de Cospedal, en Castilla-La Mancha, acordó con José María Barreda una reforma del Estatuto de Autonomía que ponía fecha de caducidad (en 2015) al Trasvase Tajo-Segura. La secretaria general del PP fue, por tanto, impulsora de una medida que habría acabado con el futuro del sureste español, arruinado a decenas de miles de pequeños agricultores y expulsado del mercado laboral a más de cien mil trabajadores.
Era demasiado hasta para Rajoy. Para evitar una afrenta a la actual ministra de Defensa, en el PP acordaron una solución intermedia a través de un memorándum de gestión que elevó de 240 a 400 hm3 las reservas intocables de la cabecera del Tajo, haciendo mucho más difíciles los trasvases en los momentos de mayor necesidad. Paralelamente, los populares aragoneses, con Rudi a la cabeza, acordaron con los regionalistas elevar también la reserva mínima del Ebro hasta un nivel que, de hecho, jamás ha sido alcanzado, lo que impide también cualquier aportación de caudal en el futuro.
Esas han sido las dos grandes decisiones de Rajoy para gestionar del agua en España, un conflicto en el fondo absurdo, que solo tiene justificación como argumento arrojadizo entre las fuerzas políticas, porque lo cierto es que hay soluciones técnicamente viables para acabar con ese problema ancestral de una vez por todas.
Los expertos en ingeniería hidráulica llevan años proponiendo la interconexión de cuencas (entre el Ebro, Duero, Tajo y Segura) como la solución más barata y ecológica al desequilibrio hídrico español. El agua es un recurso nacional cuyo reparto equitativo es imprescindible si queremos ser un país estructurado. Además, sepan los anti-trasvasistas que los regantes del sureste pagan el agua trasvasada a un precio bastante caro y, además, con religiosa puntualidad. De hecho están dispuestos a cubrir los costes de esta conexión de cuencas, que no perjudica a nadie y supondría el despegue definitivo de la región que exporta los productos hortofrutícolas más apreciados en los mercados europeos. El 80% de las exportaciones españolas de estos productos procede de aquí, lo que convierte a la agricultura de la región en una de las fuentes de empleo y de riqueza más importantes con que cuenta el Levante español.
La traición de la clase política es tan grosera que hasta el representante de los regantes del trasvase Tajo-Segura, poco sospechoso de pertenecer a Podemos, ha tachado de "estafa electoral", lo que socialistas y populares vienen perpetrando contra los intereses de los productores murcianos, alicantinos y almerienses desde que, hace ahora trece años, Zapatero se cargó el Plan Hidrológico Nacional. El enfado es tan grande que ya se están planteando paros de producción que llevarían al desabastecimiento de hortalizas en los mercados del norte y centro de Europa. Así están los ánimos cuando, inmersos ya en el verano, los agricultores levantinos ven cada vez más cerca la ruina que se les avecina por una mera cuestión de insolidaridad de la clase política autonómica, y de un Gobierno incapaz de tomar decisiones en un asunto que le compete en exclusiva para no perjudicar sus expectativas electorales en determinados territorios.
Ni siquiera para abrir los pozos de sequía, que palían ligeramente el desastre, han estado raudas las autoridades del Ministerio. Esta misma semana firmaron finalmente la autorización, después de casi un año de dilaciones injustificadas ante una situación de extrema gravedad, que llevó a los agricultores a comienzos de abril a tomar la capital murciana con cientos de tractores que colapsaron la ciudad. En cuanto a las desaladoras, las hay que funcionan al ralentí porque no tienen la potencia eléctrica necesaria contratada y están mal conectadas con las redes de riego. Por otra parte el agua desalada (o desmayá, como la denominan los agricultores de la zona), exige fuertes subvenciones públicas, porque su precio de mercado resulta prohibitivo para uso agrícola y, por su composición, es imposible utilizarla de manera intensiva sin causar graves daños a las plantaciones.
Esta es la gestión del Gobierno de Rajoy y estos sus resultados. A él parece darle exactamente igual. ¡No le quita la siesta el Golpe de Estado de Cataluña, le va a molestar que Angela Merkel no encuentre brócoli en su supermercado habitual! Pero en Murcia, el discurso del agua ha permitido al PP ganar elecciones durante 20 años. En 2019 son las autonómicas y al año siguiente las Generales, en las que Murcia aporta 10 diputados al Congreso. Si Mariano cree que su manejo magistral de los tiempos va a evitar un desastre electoral sin precedentes para el PP, entonces es que padece el mismo mal que el campo murciano: una falta de riego monumental.