"Estado Plurinacional". Es la expresión de moda en las filas de la izquierda española. Empezó siendo una muletilla a la que acudía Pablo Iglesias cada vez que tocaba definir su modelo territorial. Y ahora se ha convertido en el mantra que repite Pedro Sánchez a la hora de plantear una posible reforma de la Constitución Española.
En la academia, hablar de "Estado Plurinacional" es sinónimo de referirse a Bolivia, pero hasta ahora ningún líder de la izquierda española había hablado explícitamente de traer a nuestro país el modelo constitucional del país gobernado por Evo Morales. Ese silencio se ha roto esta semana con las declaraciones de Adriana Lastra, la nueva vicesecretaria del PSOE. Y es que la nueva integrante de la Ejecutiva de Ferraz se ha referido explícitamente al país andino cuando se le han pedido ejemplos de sistemas constitucionales como el que ahora defiende el partido que lidera Pedro Sánchez.
¿Y en qué consiste el texto constitucional que tanto inspira a la izquierda española? Se trata de una Carta aprobada en 2009, mediante un referéndum en el que apenas el 61% de los bolivianos dio su visto bueno al documento, un porcentaje mucho más bajo que el 92% con el que se aprobó la Constitución Española de 1978.
Con la proclamación del Estado Plurinacional, Bolivia entró en su decimoséptimo período constitucional. Al frente de la iniciativa estaba el mandatario bolivariano Evo Morales, que promulgó el texto en febrero de 2009 y declaró que este hito servía para proclamar "la vigencia política del Estado plurinacional unitario y la vigencia económica del socialismo comunitario".
Una Constitución anticapitalista
Esa visión anti-mercado está presente en el mismo preámbulo, en el que se afirma que la Constitución sirve para "dejar en el pasado" el Estado "neoliberal". De hecho, la Carta boliviana "prohíbe el latifundio", en un polémico artículo que impide la propiedad de superficies que excedan las cinco mil hectáreas de dimensión.
¿Qué incluye la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia? Entre los puntos más polémicos, se instaura una cuota mínima de parlamentarios indígenas y se adopta un sistema judicial indígena aplicado únicamente a determinados territorios. Por otro lado, en lo tocante al sistema territorial, se establecen cuatro niveles administrativos: departamentos, provincias, municipios y territorios indígenas.
Resulta especialmente curioso el artículo número cinco, en el que se reconocen 37 lenguas oficiales. Se trata del español y de otros 36 idiomas de los pueblos indígenas: aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movina, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
Por otro lado, el artículo 384 indica que "el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. Su revalorización, producción, comercialización e industrialización se regirá mediante la ley".