Desde que se aprobó la reforma laboral en 2012, el mercado de trabajo en España ha dado un giro de 180 grados. De acuerdo con la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro ha caído del 24,2 por ciento con el que arrancó el gobierno de Mariano Rajoy al 18,8 por ciento registrado en el primer trimestre del presente curso 2017. El número de desempleados se ha reducido intensamente, pasando de 5,7 a 4,2 millones de personas durante el mismo período.
En 2012, la aprobación de la reforma laboral fue muy contestada políticamente. A la cabeza de estas críticas estaba el PSOE. El entonces portavoz de empleo de la formación, Jesús Caldera, compareció en Ferraz para tildar de "decretazo" la reforma laboral y remarcar que su aprobación "sólo servirá para incentivar el despido, por lo que no creará empleo". Algo parecido declaró el entonces líder del partido, Alfredo Pérez Rubalcaba, que dijo sentirse "preocupado por todos los detalles que vamos conociendo de la reforma".
También José Antonio Griñán, que en 2012 ostentaba la presidencia de la Junta de Andalucía, movió ficha y advirtió que la reforma laboral del gobierno de Rajoy "propiciará la destrucción de empleo". Algo similar declaró Soraya Rodríguez, que entonces ejercía como portavoz del PSOE en el Congreso: "estaremos en la calle, en el parlamento y en todos los ámbitos para parar esta reforma laboral, porque están en juego los derechos de los trabajadores y los desempleados".
Podemos aún no existía, de manera que Izquierda Unida era la segunda formación izquierdista más relevante del momento. Su líder, Cayo Lara, afirmaba entonces que la reforma de Rajoy "es como todas las aprobadas con anterioridad y, por tanto, no creará empleo". El de IU declaró que no le gustaba "ni la música ni la letra de la propuesta" y afirmó que no existía "razón desde el punto de vista del PIB dio de la economía para perder más derechos de los trabajadores". Como respuesta, llamó a "conquistar la calle con movilizaciones".
En el campo mediático, el diario El País se mostró especialmente crítico con la reforma laboral. En marzo de 2012, publicó una encuesta que señalaba que tres de cada cuatro españoles opinaba que la reforma laboral no serviría para crear empleo. Entre los votantes del PSOE, apenas un 3 por ciento creía que las nuevas reglas del mercado de trabajo servirían para crear empleo.
Los sindicatos reaccionaron con especial virulencia. Ya en diciembre de 2011, dos meses antes de que la reforma fuese presentada, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advertía que "aprobar una reforma laboral no creará empleo". Un mes después, en enero de 2012, la central volvía a la carga y emitía un comunicado muy similar.
Con la reforma ya aprobada, tomó la palabra Josep María Álvarez, que entonces dirigía UGT en Cataluña y ahora ejerce como líder del sindicato, tras haber relevado a Cándido Méndez. Según Álvarez, "la reforma laboral es brutal y no creará empleo sino que lo destruirá". En su opinión, la norma aprobada por Rajoy "estaba marcada por los mercados europeos y para dar satisfacción a Merkel".
Por su parte, Cándido Méndez sumó fuerzas con Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CCOO. Ambos líderes sindicales insistieron en que era necesario "desbaratar la reforma laboral" y denunciaron las "falsas expectativas sobre el efecto de la reforma en las cifras de paro, algo que iremos viendo conforme pase el tiempo y los datos de desempleo vayan mostrando que el paro no se va reduciendo". El objetivo, según Méndez y Toxo, era pasar a la acción y "convertir la calle en un hervidero contra la reforma".