El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa hoy en 825 euros al mes, prorrateando las dos pagas extraordinarias, y se coloca en la parte media a escala internacional. Se sitúa muy por debajo del de Francia o Alemania -unos 1.500 euros-, Reino Unido, con 1.300, o EEUU, con cerca de 1.200 euros. El SMI español es, por ejemplo, un 55% del francés o alemán, si bien estos diferenciales se explican en parte por el diferente nivel de vida de esas economías en relación a la española.
En perspectiva, durante los últimos 20 años el SMI en España ha evolucionado en línea con el francés -el alemán es más reciente-, en comparación con una mayor variabilidad en economías anglosajonas, como la inglesa o la estadounidense.
En términos ajustados por paridad adquisitiva equivalente, para tener en cuenta el mayor o menor nivel de vida en cada país, el SMI fue de 12.300 euros en 2016 y, tras la subida aplicada este año, la proporción actual sería del 66% respecto del salario mínimo alemán o francés.
Ahora bien, si se compara el SMI con la productividad del factor trabajo, se observa cierta correlación. En las economías con mayor productividad, la relación SMI/productividad se sitúa por debajo de la recta de regresión, lo cual indica que el SMI es, en términos relativos, inferior a su productividad.
Existen algunas referencias que indican que el SMI en España es relativamente bajo, ya que representa el 31% y el 37% del salario medio y mediano en contratos de jornada a tiempo completo, superior al del EE.UU -25% y 36%-, pero inferior al de Alemania - 43% y 48%- o Reino Unido - 41% y 49% -.
Una de las consecuencias de lo anterior es que la incidencia actual del SMI sobre los salarios es baja. Según datos de Eurostat, para un tramo determinado de trabajadores, apenas un 0,2% de los salarios se encuentran por debajo del 105% del SMI, nivel inferior al 10% de Francia.
Efectos del salario mínimo de 1.000 euros
Sin embargo, cualquier decisión política en esta materia debería incluir un análisis de sus posibles impactos. Partidos como el PSOE o Podemos plantean elevar el SMI hasta el entorno de los 1.000 euros en 2020. ¿Cómo afectaría esta subida a los trabajadores?
Para poder hacer una estimación, se muestra a continuación un sencillo ejercicio a partir de la información de la Encuesta de Población Activa (EPA) sobre los salarios. Tomo el segundo decil -cuyos rangos mínimo y máximo dividen los salarios en diez grupos de igual número- que, según la última información disponible de 2015, tenía un valor máximo de 980 euros.
Para extrapolar este máximo a 2020, año objetivo del SMI, tomo como referencia las subidas de los convenios sectoriales de 2016 y 2017 y elevo dicha tasa al 1,5% en 2018 y al 2% en 2019 y 2020, que es el objetivo de estabilidad de precios del BCE:
Como resultado, en 2020, el SMI se situaría un 10% por encima del decil 2 -y obviamente del 1 que se sitúa por debajo-, lo que implica que los contratos a tiempo completo de ese rango deberían subir un 10% como mínimo para adaptarse al nuevo salario mínimo fijado por ley.
El total de asalariados con un contrato con jornada completa que se situarían por debajo del nuevo SMI rondaría las 914.000 personas. Es decir, el nuevo SMI afectaría a cerca de un millón de trabajadores y, dado el mayor coste laboral que supondría la actualización de sus salarios, son muchos los que correrían el riesgo de perder su puesto de trabajo.
Los perfiles laborales más afectados
A continuación, se identifican en detalle los perfiles más vulnerables ante la subida del salario mínimo que plantean PSOE y Podemos. Por edad, un 29% de los asalariados menores de 24 años y un 12% del total entre 25 y 34 años se verían afectados. Por el contrario, la subida del SMI apenas afectaría a un 4% o 5% de los trabajadores en los colectivos de mayor edad.
Los trabajadores con menor experiencia serían los más afectados. Una tercera parte de los asalariados con menos de dos años en su empleo actual, y, por tanto, con un menor coste de despido, podrían verse afectados. Por el contrario, sólo afectaría a un 3%-6% de los de mayor experiencia.
Si se produjeran despidos entre colectivos con menor experiencia, se estaría profundizando en la dualidad del mercado laboral -por un lado, un colectivo laboralmente estable con elevados costes de despido y experiencia, y, por otro, el que transita entre empleo precario con contratos temporales y el desempleo-.
Por dimensión de la empresa, el nuevo SMI afectaría más a los trabajadores de pymes, sobre el que descansa una parte importante del tejido económico.
Por último, las comunidades autónomas más afectadas serían, precisamente, las que tienen mayores tasas de paro y donde el factor trabajo tiene, como consecuencia, un menor coste, así como un menor nivel de renta. Extremadura y Andalucía ocupan las dos últimas posiciones en cuanto a renta por habitante ajustada por poder adquisitivo.
Así pues, en Canarias, Extremadura y Andalucía el efecto sería superior al resto de regiones, poniendo en riesgo de despido a entre el 12% y el 15% de sus trabajadores.
En definitiva, antes de implantar subidas en el SMI deberían valorarse bien los riesgos que ello implica. Así, si bien es cierto que el SMI es relativamente bajo si se compara a nivel internacional y que es probable que su incidencia general en el mercado de trabajo sea limitada en la actualidad, deben considerarse varios aspectos clave:
1. Los colectivos más vulnerables, como los trabajadores de menor edad y experiencia, podrían verse afectados de forma negativa por una subida como la propuesta. Además, también dañaría a las comunidades autónomas con más paro y menos renta.
2. La evolución histórica del SMI siempre ha estado en línea con la subida del coste de la vida (IPC) y la evolución de los convenios, por lo que un aumento superior podría acabar afectando a la estabilidad de precios y, por tanto, ser neutral a efectos reales. Es decir, la subida del SMI acabaría trasladándose a los precios de la cesta de la compra, de modo que no se lograría el objetivo de mejorar las condiciones de los trabajadores con sueldos más bajos.
En perspectiva, las subidas del 12% que deberían realizarse entre 2017 y 2020 para alcanzar el SMI de 1.000 euros sólo tienen precedentes en 1983 y 2004, con la particularidad que fue en un único año. Si se descuenta la variación del IPC, ninguna sería comparable: la de 1983 apenas compensó el incremento de los precios, y las dos realizadas en 2005 fue del 8%.
3. Así pues, el incremento del coste laboral afectaría de tal manera a los márgenes empresariales que podría desembocar en el despido de ese casi millón de trabajadores afectados, especialmente los más vulnerables (jóvenes y con escasa formación y experiencia laboral). En este sentido, cabe recordar que el mercado laboral español se caracteriza por un dominio del efecto salidas sobre el de entradas. Es decir, priman los despidos sobre las contrataciones.
4. El segundo gran riesgo de implantar una fuerte subida del SMI es que las empresas opten por contratos a jornada parcial en vez de a jornada completa. Este efecto sería especialmente negativo en un mercado como el español, con la segunda mayor tasa de subempleo de Europa -hasta un 8% de los trabajadores desearía trabajar más horas-.
En resumen, existen riesgos asociados a un incremento del SMI de tal envergadura en tan corto espacio corto de tiempo, que van desde un potencial incremento de los despidos y una profundización de las desigualdades (tanto por edad y estatus laboral como por regiones) hasta una mayor precarización del empleo -mayor temporalidad y subempleo-. Además, los riesgos sobre la estabilidad de precios ponen en entredicho el objetivo de la medida, que, en teoría, es mejorar el nivel de vida de los colectivos que menos ganan.