El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) estima en más de cinco meses -115 días hábiles que en la práctica suponen 162 días- el tiempo que tarda en tramitarse la ejecución de un proceso de desahucio como consecuencia de la ocupación de una vivienda.
Así lo ha manifestado en el Congreso Vicente Pérez Daudí, profesor Titular de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona (UB) y miembro de la Comisión Normativa del Colegio de Abogados de Barcelona, durante su intervención en las comparecencias que inician el trámite parlamentario de la proposición de ley presentada por PDeCAT para agilizar los procedimientos de desahucio en casos de una ocupación.
Sin embargo, ha señalado que un propietario afectado por la ocupación de su vivienda es consciente o debe saber que hasta dentro de dos o tres años no podrá recuperar la propiedad efectiva de su vivienda. Así, ha señalado que, si bien la última sentencia por la vía penal, de marzo de 2017, se refiere a una ocupación de antes de octubre de 2015. Un año y medio que, si bien supone un plazo "bastante rápido", ha dicho, aún restaría ejecutarse el desalojo.
Por la vía civil existen tres procedimientos, algo que ha llamado a simplificar y delimitarlo a un único procedimiento. "Lo ideal sería crear una justicia anticipatoria, como existe en Italia, Francia y Alemania", ha aseverado, con un sistema similar de medidas cautelares. En este sentido, se ha mostrado favorable a la adopción de medidas cautelares como las propuestas en la proposición de ley llevada al Congreso por el PDeCAT de "eficacia inmediata" y que, en paralelo, se desarrolle la oposición a esa medida cautelar, donde se puedan presentar alegaciones. Esto, ha sostenido, permitiría una reducción de la actividad delictiva desarrollada por mafias organizadas. "Si se logra un procedimiento rápido y eficaz, y no en dos o tres años por vía civil, es un fenómeno disminuirá radicalmente", ha dicho.
"Hay propietarios que prefieren pagar a un matón"
Otra de las personas llamadas a comparecer este martes en el Congreso ha sidoAnna Nicolás González, abogada especialista en Derecho Inmobiliario, que ha explicado a los diputados que los casos de ocupación que atiende afecta a ciudadanos "de a pie". "No hablo de bancos ni de grandes promotores, sino de gente común". Para Nicolás, la actual legislación ha dejado "un campo abonado por la lucha de las migajas", ya que muchas de las mafias de la ocupación se centran en viviendas de protección, reservadas precisamente para personas con dificultades para acceder a un piso.
Asimismo, ha alertado de la actividad de "grupos organizados para defender propietarios con violencia". "No lo podemos recomendar, pero hay propietarios que prefieren pagar a un matón. Esto es así", ha dicho. "Desde mi humilde opinión es necesaria una reforma urgente de la ley y dar una solución a esta problemática", ha aseverado esta abogada, que ha acudido al Congreso a petición del PDeCAT.
"Más seguridad jurídica"
A la Comisión de Justicia del Congreso también han acudido representantes de los Mossos d'Esquadra, que han reclamado la inclusión en la ley de medidas cautelares y una mayor seguridad jurídica para todos los actores que intervienen tras una ocupación de una vivienda.
"El marco legal no ofrece toda la seguridad jurídica que sería necesaria. Lo ideal sería que la autoridad judicial, en un breve plazo, adoptase la medida cautelar que debería contemplarse específicamente en los textos legislativos", ha dicho el comisario de la Prefactura de la Policía de los Mossos Xavier Gàmez. Asimismo, ha reclamado "criterios procedimentales y temporales homogéneos" en esta materia, con el fin de "disuadir" a aquellas personas que, ha señalado, "terminan aprovechándose y lucrando de esta situación".
Ante los casos de víctimas de mafias, que ocupan viviendas previamente ocupadas, el mando policial ha defendido que se les ofrece denunciar por un delito de estafa a las personas que le arrendan ilegalmente la vivienda, aunque ha lamentado que no encuentran "mucha colaboración después para perseguir a estas personas".
Diferentes supuestos
Por su parte, la responsable de la asesoría jurídica de los Mossos, María Pau Martí González, ha lamentado que la actual legislación recoja "realidades muy diferentes" ante la inexistencia de elementos diferenciadores, tanto entre los supuestos perjudicados como entre los ocupantes. "Es irrelevante que ésta persona sea un particular, una sociedad pequeña o multinacional, un banco, o una administración pública de pisos de protección, o una ONG. Todos estos perfiles tienen cabida en este artículo", ha dicho, destacando que igual sucede por parte del ocupante.
Asimismo, ha dicho que "en no pocas ocasiones" estos casos se derivan a la jurisdicción civil por el principio de intervención mínima, algo que, ha contrapuesto, corresponde aplicar "estrictamente" al legislador, "que debe decidir qué conductas son sancionables o no". "Una vez que éste es ejercido, el único principio que rige es el de legalidad", ha subrayado.