Salta un nuevo escándalo en el subvencionado sector del carbón nacional. El expresidente de la Mina La Camocha, Manuel Martín, ha reconocido este lunes ante el juez que compraba carbón extranjero y lo hacían pasar por nacional para cobrar la subvención correspondiente.
Martín es uno de los cuatro acusados por una supuesta defraudación en el cobro de subvenciones. El juicio ha celebrado la segunda sesión en el Juzgado Penal número 2 de Gijón, tras haber emitido el magistrado titular un auto en el que rechazó las peticiones de las defensa de anularlo al considerar prescritos los hechos investigados que corresponden a los años 1998, 1999 y 2000. El juez Luis Ortiz Vigil ha estimado que con la primera indagatoria a los acusados ha quedado interrumpido el plazo legal de 5 años que fija la ley para la prescripción de estos delitos y ha rechazado incorporar documentación incautada en los registros que está deteriorada.
El expresidente de la explotación ha asegurado que a partir del año 1997 las ayudas a la minería no estaban vinculadas a la producción, sino que eran de tipo generalista, "destinadas a reducir la actividad". Según ha explicado, la compra de carbón, nacional e importado según la Fiscalía, permitió reducir costes y que la empresa continuara en activo hasta su disolución en diciembre del 2007. "La compra de carbón no es delito y en ningún caso se alteró la finalidad de las ayudas", declaró.
La Fiscalía sostiene que a través de Hullas de Coto Quirós, La Camocha adquiría carbón de importación que vendía a las centrales térmicas como si fuera extraído en sus pozos. En concreto, a través de Hullas de Coto Quirós se habrían importado unas 33.782 toneladas de carbón que facturó a La Camocha como prestación de servicios y alquiler de maquinaria.
A través de la sociedad "Trabajos y Explotaciones" se habrían introducido por los mismos conceptos otras 34.124 toneladas. En aquellos años la tonelada de carbón de importación costaba unos 45 euros mientras que el valor medio de las ayudas correspondientes a la hulla autóctona que recibió por tonelada durante esos tres años fue de 189,88 euros.
El Fiscal y la Abogacía del Estado piden condenas de nueve años de cárcel para cada uno de los cuatro acusados de defraudar 17 millones de euros en ayudas al carbón durante tres ejercicios, el pago de indemnizaciones al Estado por la misma cantidad y multas de otros 17 millones de euros.
En la jornada de este martes también ha testificado la excontable de la mina que se ha declarado "inocente", aunque admitió haber firmado facturas de pago por compra de carbón. Según ha afirmado, todas las facturas eran supervisadas y autorizadas por el entonces presidente del Consejo de Administración, el ex consejero Víctor Zapico, fallecido después de la primera sentencia.
Margarita García ha asegurado que su función era "técnica", que no tenía ningún poder de decisión en la compañía y que se limitaba a dar curso al pago de las facturas. Ha afirmado además que Mina La Camocha atravesaba dificultades financieras que obligaron al ex consejero Víctor Zapico a "ir a Oviedo" en varias oportunidades para gestionar créditos con Cajastur para poder pagar las nóminas.