El secretario general de UGT, José María Álvarez, planteó la siguiente propuesta para resolver el colapso del sistema de pensiones: "Que los robots paguen por los trabajadores que no están en las empresas a la Seguridad Social".
Como siempre sucede con los enemigos de la libertad, se presentan como caballerosos desfacedores de entuertos, con un amplio abanico de consecuencias plausibles de su intervencionismo, y, por supuesto, sin costes ni desventajas de ningún tipo. En este caso, si los robots pagan impuestos, las pensiones públicas serían sostenibles, y además se beneficiarían los trabajadores. Así razonó don José María:
De la misma manera que en el siglo XVIII hubo una reducción de jornada con la entrada de la máquina de vapor, hoy tienen que empezar a redistribuirse los beneficios que representan [los avances tecnológicos– desde el punto de vista de menos mano de obra, menos horas para producir, seguridad social… Se trata de que los robots no sólo tengan beneficios sobre el precio final del producto o la cuenta de resultados de las empresas, sino también sobre los trabajadores en activo que no van a tener un puesto de trabajo porque las máquinas nos lo habrán quitado.
Por empezar por su objetivo primordial, subir los impuestos no garantiza la sostenibilidad de las pensiones, no sólo por el desequilibrio demográfico entre cotizantes y pensionistas, sino por un fallo estructural de los sistemas de reparto: los que deciden el monto de las prestaciones son los mismos que deciden el monto de las cotizaciones, a saber, los Estados. Por lo tanto, no hay sostenibilidad que valga, realmente, y cotizantes, contribuyentes y jubilados están siempre en manos del poder político, que elegirá lo que mejor le convenga en cada caso.
En segundo lugar, la idea de que hay que castigar fiscalmente a las máquinas por ser responsables del desempleo es un disparate ludita que no se tiene en pie. Si la tecnología destruyera empleo de verdad, el empleo habría desaparecido. Es obvio que, al tiempo que suprime puestos de trabajo, crea muchos más. Aplicando la lógica del señor Álvarez, entonces habría que cobrar impuestos a los robots, pero al mismo tiempo subsidiarlos, porque la tecnología promueve la productividad y el empleo en la economía.
En tercer lugar, el señor sindicalista distorsiona el pasado porque, aunque efectivamente el desarrollo del capitalismo aumentó la productividad y los salarios, a la vez que facilitó la reducción de las jornadas laborales, esta reducción no se produjo gracias a la intervención política y sindical, ni a la elevación artificial de los costes laborales, sino al revés, por su disminución. Tampoco fue la intervención redistributiva de los Estados lo que hizo que la tecnología beneficiara a capitalistas y a trabajadores, sino el propio mercado, más productivo gracias a la libertad y la competencia.
Por último, ¿qué es eso de que paguen impuestos los robots? Evidentemente, tal cosa no es posible. Del mismo modo que, aunque hablemos de ello todo el rato, la gasolina, el tabaco o el alcohol no pagan impuestos, como no paga impuestos ningún objeto. Los impuestos los pagan las personas. Y por eso convendrá retomar el tema la próxima semana, cuando analizaremos a una persona de fama mundial que coincide con José María Álvarez. Es uno de los empresarios más famosos del planeta: Bill Gates, nada menos.