Dos mundos que se dan la espalda. En España, empresas y escuelas no es que no tengan demasiada relación. Es que la mayoría de las veces están enfrentadas. Este jueves, la CEOE presentaba su Libro Blanco sobre la materia, titulado La educación importa. Su presidente, Juan Rosell, y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, eran los encargados de hacer los honores a una obra que la patronal asegura que les ha llevado más de dos años de trabajo.
Es un informe exhaustivo, que mezcla datos sobre mercado de trabajo, notas de los estudiantes españoles en las pruebas internacionales o gasto educativo, con las propuestas propiamente dichas. Más de 65 medidas concretas que los empresarios creen que permitirían que la educación española subiera ese peldaño que le falta para igualarse a la de los países más avanzados. No hay muchas sorpresas en las peticiones de la CEOE: acercar lo que se enseña a lo que demanda el mercado laboral, más autonomía para los centros (públicos y privados), reforzar la libertad de elección de los padres, control sobre los resultados y rendición de cuentas, un marco normativo más estable o mejorar la formación de los profesores.
Casi todas son propuestas que, de una forma u otra, han aparecido en el pasado, en los sucesivos informes que se han ido publicando sobre la educación española en los últimos años. Si acaso, algunas de las medidas más concretas para desarrollar esos puntos generales sí llaman más la atención, aunque tampoco son 100% nuevas: un MIR para los maestros, una reválida de certificación al final de la ESO, evaluaciones internas para los centros, bono escolar para la educación infantil o más protagonismo de las empresas en el diseño de la FP y de sus títulos. Y todo ello dentro de un marco estable y duradero: la CEOE pide una norma estatal común sobre las cuestiones básicas y con un horizonte temporal que vaya más allá de una legislatura.
Ahora sólo queda por ver si les hacen caso o, como mínimo, entrar en el debate. Hasta ahora, al menos en lo que tiene que ver con la escuela, la opinión de los empresarios españoles ha importado más bien poco. Para empezar, el ministro, sentado al lado de Rosell, ha hecho mucho hincapié en la necesidad y la conveniencia de afrontar ese pacto educativo e incluso ha asegurado que un Parlamento tan dividido como el actual puede ser una "oportunidad". Méndez de Vigo ha defendido una ley "estable", que perdure en el tiempo. Y si se alcanza ese Pacto, ha explicado, debería establecerse un requisito extra, de una mayoría cualificada en el Parlamento, para derogar esa ley educativa salida del consenso, con el objetivo de que un nuevo Gobierno no pueda saltarse lo acordado nada más llegar a La Moncloa.
El punto de partida
El planteamiento de los autores de este libro blanco parte de tres premisas fundamentales. En primer lugar, el sistema educativo español necesita un impulso para acercarse a los de los países de nuestro entorno en cuanto a resultados. Esto no es sólo por una cuestión de comparaciones entre sistemas, sino porque el desarrollo tecnológico está convirtiendo en obsoletas muchas de las materias que se ofrecen en las aulas españolas. Y el problema no es de gasto. Más allá del debate que se pueda tener sobre el reparto del presupuesto, los resultados de los diferentes sistemas educativos en el mundo no parecen tener una relación directa con los recursos, sino con el modelo: qué se enseña, cómo, quién lo hace y cómo se organizan.
El anterior gráfico es un buen ejemplo de la denuncia de los empresarios sobre la falta de idoneidad de los actuales planes de estudio. En nuestro país, dentro de las cuatro grandes ramas universitarias, hay exceso de licenciados en ciencias sociales y humanidades; y al mismo tiempo, tenemos carencias en las carreras técnicas y en las relacionadas con la salud. "No tengo nada en contra de la filología etrusca", ha dicho Rosell durante la presentación, "pero sería absurdo incentivar estos estudios".
Porque además el problema no es sólo de la universidad ni los malos resultados se ciñen a la educación superior o a las notas de PISA. Este segundo gráfico muestra el porcentaje de población joven (de 25 a 34 años) que no tiene título en Educación Secundaria Superior (bachillerato o FP superior). Se considera que es el nivel mínimo que el mercado laboral demanda. Es algo más que la educación obligatoria y el objetivo de un país del primer mundo como España debería ser al menos el 90% de sus jóvenes lo consiga. Pues bien, ahora mismo estamos en el 65,6% y apenas hay otros países de la UE con los que podamos compararnos. Y no hablamos del conjunto de la población adulta (en este caso podría pensarse que las personas mayores, que fueron a la escuela hace 30 y 40 años, cuando el país era muy diferente, tiran para abajo la estadística): lo que nos dice este gráfico es que 1 de cada 3 treintañeros españoles de la actualidad no tiene el título mínimo que un buen sistema educativo debería proporcionarle.
Por último, la cuestión del gasto. Es cierto que En términos de gasto educativo sobre el PIB España está en los últimos lugares de la OCDE. Pero si miramos a gasto real por alumno no es así. A lo largo de toda su etapa escolar y universitaria, las administraciones españolas gastan al nivel de finlandesas, británicas, francesas u holandesas. Nuestro problema es que tenemos pocos alumnos (en parte por una cuestión demográfica y en parte por las altas tasas de abandono escolar). Es ahí donde hay que centrar el análisis y buscar soluciones a los problemas.
De hecho, como puede verse en este gráfico, una vez superado un determinado nivel de gasto (más o menos 55.000-60.000 dólares por alumno entre los 6 y los 15 años), los resultados se estabilizan bastante. Hay que llegar a ese mínimo, algo que todos los países ricos hacen, pero luego la clave está más en el modelo que en el gasto. Así, países que gastan mucho como EEUU, Suecia o Reino Unido tienen resultados similares a los de España; y al mismo tiempo, tenemos a Estonia, Corea o Taiwan, con un gasto igual o incluso algo inferior al nuestro y que obtienen unas calificaciones excelentes.
Las propuestas
En este contexto llegan las propuestas de la CEOE. Como decimos, no hay grandes novedades. Los diez epígrafes y las 68 medidas que proponen los autores se podrían dividir en cuatro grandes grupos. Las dirigidas a la modernización de los currículos y métodos de enseñanza. Las que pretenden hacer que las aulas se parezcan más a las oficinas o las plantas. Las que plantean una reforma de la organización de escuelas, institutos y universidades, junto a los cambios necesarios en la carrera docente. Y las legales/políticas.
Las siguientes son las más interesantes de esas propuestas:
- "Un nuevo currículo para un tiempo nuevo"
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Selección moderna de los contenidos en las áreas tradicionales
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Potenciar las enseñanzas STEM (acrónimo en inglés de science, technology, engineering y mathematics)
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Reforzar las lenguas extranjeras, en especial el inglés
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Selección moderna de los contenidos en las áreas tradicionales
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Animar a los alumnos a desarrollar un espíritu emprendedor
- "Fortalecer la autonomía de los centros, su gobernanza y la rendición de cuentas"
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Reducir la presión regulatoria sobre los centros escolares
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Promover la adaptabilidad de los centros a los requerimientos de su contexto local
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Adaptar el modelo MIR al ámbito docente. Plan de carrera para el profesorado
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Establecer un sistema de incentivos, tanto retributivos como de promoción para los docentes
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Introducir sistemas de evaluación externa e interna que tomen en consideración el nivel socioeconómico de los alumnos. Promover la transparencia de resultados
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Establecer formas justas y efectivas de intervención si los resultados de un centro lo sitúan reiteradamente por debajo de lo que le correspondería
- "Asegurar un marco básico, moderno y efectivo, común para todo el Estado"
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Establecer para todo el Estado un marco normativo básico
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Promover un acuerdo social y político. Orillar los enfoques puramente ideológicos de la educación. Acordar una visión ampliamente compartida de las metas y del rumbo
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Aplicar el bono escolar en el primer ciclo de la educación infantil
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Definir una evaluación de certificación, de ámbito estatal, al final de la ESO
- "Facilitar la transición de la educación al empleo"
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Potenciar los modelos de formación profesional dual
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Garantizar alternativas formativas para evitar el abandono escolar temprano
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Incrementar el papel de los empresarios en la FP. Reconocer un mayor protagonismo de las empresas en la definición de los títulos de la FP
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Fomentar la experiencia laboral y la vinculación con la empresa durante el período universitario. Incorporar a las organizaciones territoriales en el Consejo de Universidades