El Reino Unido post-Brexit no será el paraíso liberal que algunos quisieron entrever el pasado mes de junio. No en los próximos años. Al menos si Theresa May gana las próximas elecciones generales, como anticipan todas las encuestas. Y de hecho, desde una perspectiva liberal, quizás hasta sería peor que no lo hiciera y se impusiera Jeremy Corbyn.
La sucesora de David Cameron ya dejó claro desde el comienzo de su mandato que su liderazgo al frente de los tories sería muy diferente al de su antecesor. Desde que la actual primer ministra llegó a Downing Street se ha producido un giro evidente en algunas cuestiones fundamentales. En la parte económica, pero también en algunos temas sociales. May apuesta por más Gobierno, más intervencionismo, un país más cerrado y una apelación directa al votante medio, al que promete proteger de las incertidumbres del mundo moderno y de las grandes corporaciones. El lenguaje no es tan diferente del que usó durante su campaña Donald Trump y tiene tintes populistas evidentes, con numerosos guiños nacionalistas y muchas medidas dirigidas a frenar al extranjero, ya sea éste un inmigrante ilegal, un técnico de primer nivel o una multinacional que quiera invertir en el país.
Este jueves, la líder del Partido Conservador presentaba su programa electoral: "Avanzamos juntos. Nuestro plan para un Reino Unido más fuerte y un futuro más próspero". Analizando su contenido, parece como si la primera ministra quisiera aprovecharse de la debilidad del Partido Laborista y del UKIP para pescar también entre el electorado obrero más desencantado. Y podría hacerlo. A cambio, nacionalistas escoceses y los liberal-demócratas estarán encantados porque el nuevo posicionamiento de los tories les abre una puerta por la que intentarán colarse para atraer a los votantes más liberales y menos nacionalistas.
En cualquier caso, lo que no parece muy probable es que May se convierta en la nueva Margaret Thatcher ni el Reino Unido post-Brexit en el nuevo Singapur: un país abierto al mundo, con una economía muy flexible y competitiva, que ha pasado del tercer al primer mundo en cuestión de décadas y ahora disfruta de una renta per cápita superior a la española y a la británica. En realidad, todo apunta a que podría tomar la dirección contraria. Este jueves, The Economist alertaba acerca de los peligros del aislacionismo en un momento en el que, sin el respaldo de la UE ni la entrada directa a un mercado común de 400 millones de personas, el Reino Unido necesita más apertura, competitividad, flexibilidad y capacidad para atraer talento y riqueza. Tras ver las promesas de May, ese riesgo parece que está más vivo que nunca.
Las propuestas
Incluso en el lenguaje sorprende el manifiesto de May, que asegura que perseguirá una agenda que no estará basada en los intereses de "las élites de Westminster", sino que buscará "los intereses del británico de a pie". Algo que se propone hacer reforzando el papel de las instituciones públicas en la vida diaria de los británicos.
Para que un país permanezca estable y su economía sea sólida, con una sociedad saludable, necesitamos una asociación entre el individuo y la nación, entre el sector privado y los servicios públicos y [necesitamos] el fuerte liderazgo que sólo el Gobierno puede proveer. Creemos en estas cosas porque somos conservadores y no a pesar de ser conservadores. El conservadurismo nunca ha sido la filosofía que han descrito los caricaturistas. No creemos en los mercados libres sin restricciones. Rechazamos el culto al individualismo. Aborrecemos las divisiones sociales, la injusticia y la desigualdad (…) Es una creencia no sólo en la sociedad, sino en el bien que el Gobierno puede hacer. Una percepción de que el cambio es inevitable y puede ser bueno, pero que este cambio debe ser moldeado a través de un fuerte liderazgo y principios claros, buscando el bien común.
Así, el programa de los conservadores mantiene alguna referencia genérica a ayudar a las empresas, premiar el esfuerzo, ser más competitivo o bajar impuestos a los trabajadores. Pero en la mayoría de las propuestas concretas lo que se intuye es un claro giro hacia el intervencionismo estatal.
Sólo en materia tributaria May intenta mantener el discurso de los conservadores y asegura que seguirán siendo el partido de los impuestos bajos (aunque incluso aquí ha abierto la puerta en el pasado a posibles subidas de impuestos puntuales a las rentas más altas y a las grandes empresas). También es cierto que es un tema en el que es más fácil prometer que cumplir y en el que los números les salen a todos los partidos, incluso a aquellos que aseguran que unirán propuestas con mucho más gasto y menos impuestos. De hecho, es complicado encontrar algún partido que vaya a las urnas con una subida de impuestos generalizada en su programa. Ni siquiera Corbyn lo hace y defiende que sus incrementos fiscales sólo afectarían a los más ricos o a las grandes empresas.
De la misma manera, May asegura que reducirá el déficit y mantendrá el ajuste en las finanzas públicas a lo largo de la próxima legislatura con el objetivo de equilibrar las cuentas a mediados de la próxima década. Tampoco parece un objetivo demasiado ambicioso para un país que tiene un déficit público equivalente al 3% del PIB una década después de que comenzase la crisis. Además, los conservadores no explican en detalle cómo lo conseguirán, pero prometen menos impuestos directos para las familias y un sistema fiscal simplificado. Por otra parte, May asegura que no tocará el IVA y confirma que mantiene su intención de rebajar el Impuesto sobre Sociedades hasta el 17% para 2020.
Pero la gran pregunta no tiene que ver con un punto más o menos en el IS, sino con qué pasará con el Reino Unido a partir de junio, cómo se desarrollarán las negociaciones con la UE y cómo será el futuro post-Brexit. May asegura que quiere "una asociación profunda y especial con la Unión Europea" y habla de "cooperación", de seguir siendo aliados y de buscar acuerdos comerciales en aquellas cuestiones beneficiosas para ambas partes. El problema es que a esta música hay que encontrarle una letra concreta y esto no será tan sencillo. De hecho, el programa de los conservadores advierte que "no llegar a un acuerdo [con la UE ] es preferible que llegar a un mal acuerdo" y promete que serán firmes en lo que hace referencia al control de sus fronteras. Con este punto de partida, parece claro que la negociación se prevé dura.
May también dedica un capítulo al comercio exterior y asegura que el Reino Unido seguirá siendo un país abierto a la globalización. Para tratar de evitar los miedos de los votantes menos pro-Brexit y de aquellos que trabajan para industrias con muchos lazos con el extranjero, la primera ministra promete que el país mantendrá todos los acuerdos previos de la UE en sus mismos términos y trabajará para forjar nuevos pactos comerciales multilaterales.
Pero de nuevo nos encontramos con otro capítulo en el que hay una gran distancia entre lo que se dice y lo que se podría hacer. Porque este lenguaje favorable a un país abierto y globalizado convive en el programa con la promesa de dificultar la llegada al Reino Unido a los trabajadores extranjeros, luchar contra la deslocalización de empresas o limitar las inversiones de multinacionales extranjeras en "sectores estratégicos" de su país. En este contexto, los tories piden reformar la legislación de fusiones y adquisiciones para impedir o dificultar algunas inversiones: "Damos la bienvenida a las inversiones internacionales y queremos que tengan éxito, pero no cuando este está motivado por una apropiación agresiva de activos o la evasión fiscal".
Además, May quiere "controlar" la inmigración y cree que las 273.000 personas (en términos netos) que el año pasado llegaron a las costas británicas suponen un número "demasiado alto" que hay que "reducir". Para conseguirlo, promete incrementar la tasa que pagan las compañías que emplean a trabajadores extranjeros (pasará de 1.000 a 2.000 libras). Y lo que saque multando a estas empresas con muchos empleados extranjeros asegura que lo destinará a formación de los nacionales. En esta línea de lucha contra la inmigración, May propone subir los ingresos mínimos que deben acreditar los inmigrantes para pedir visados para familiares, "endurecer los requisitos" para entregar visados a estudiantes y subir las tasas a los extracomunitarios para quieran usar la sanidad pública británica. Del mismo modo, el Ejecutivo adoptará medidas para que "los estudiantes abandonen el país una vez que terminen sus cursos", a no ser que cumplan unos "nuevos y más exigentes criterios" para quedarse a trabajar en Reino Unido. Nada de esto gustará a las poderosas y muy famosas universidades británicas que desde hace décadas han encontrado un enorme nicho de mercado entre los estudiantes extranjeros. Tampoco en las firmas de la City y los grandes conglomerados británicos harán mucha gracia estas medidas, que limitarán su capacidad de atracción del talento foráneo (las empresas británicas, sobre todo en el sector financiero, están entre las más internacionalizadas de Europa).
Las propuestas de May en el apartado intervencionista no se terminan aquí. También promete elevar el salario mínimo, apuesta por un mercado laboral más rígido y en el que el papel del Estado sea mayor, pide regular la economía colaborativa, propone un fuerte catálogo de reglas contra la evasión fiscal… Nada de todo esto por separado puede sonar muy diferente a lo que plantean otros partidos conservadores y socialistas del resto de Europa. Pero esta coincidencia es llamativa en sí misma. Desde la década de los 80, el conservadurismo anglosajón era (al menos en teoría) la voz más liberal de la derecha europea en lo que tiene que ver con la política económica. Eso ya se ha terminado. No hay más que ver la cantidad de veces que May promete "regular, limitar, vigilar o restringir" y las pocas oportunidades que da a la competencia o el mercado. En cada mención al mismo, hay una puntualización y una llamada al control del Estado. De nuevo, más que en propuestas concretas, que no hay tantas en el programa, lo que llama la atención son el lenguaje y los principios que May dice que defenderá y que tan lejos están de los que los tories apoyaban hasta su llegada. Por poner sólo un ejemplo más, el programa dedica un apartado a los sueldos en las empresas británicas y pide imponer límites y controles sobre lo que ganan sus ejecutivos. Hace sólo un año habría sido impensable que el Partido Conservador hiciera una promesa como ésta.
Junto a estas nuevas normas, May promete fuertes incrementos del gasto público en infraestructuras, vivienda e I+D. El Plan Nacional de Productividad incluido en su programa electoral sumará hasta 170.000 millones de libras desde ahora a 2020, con medidas para mejorar la red ferroviaria (habla del mayor esfuerzo inversor desde la época victoriana) o la red de carreteras locales (la inversión más grande de la historia en este tema, asegura). Y no se queda aquí: como apuntamos, también habrá mucho dinero público para el sector inmobiliario, la investigación o la formación. Keynesianismo puro y duro en el país de John Maynard Keynes.
También en esta dirección se mueven las propuestas de May para la industria, a la que promete proteger de la competencia extranjera (aunque asegura que no quiere "planificar" la economía), y para las pymes, a las que reservará un 33% de los concursos del Gobierno central. La líder británica dedica una buena parte de su programa a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, buena parte de las ventajas que asegura que facilitarán el clima de negocios en su país están limitadas a las pymes. De nuevo, como muchos otros intervencionismos a izquierda y derecha, May distingue a menudo en la regulación empresarial en función de su tamaño, algo que en otros países como Francia, España o Italia ha provocado que muchas pequeñas compañías no crecieran, por miedo a las obligaciones legales que sólo las grandes tienen. Tampoco parece que sea este el camino para atraer todas esas inversiones que anticipan los defensores del Brexit que llegarán tras la salida de la UE.
En cuanto a los consumidores, los conservadores les dedican una buena parte de su programa económico bajo el título de "reducir el coste de la vida" y "mercados más justos". ¿Y qué significa este planteamiento tan genérico? Pues todo apunta a que una propuesta para intervenir en numerosos mercados en los que May considera que no existe la suficiente competencia. El programa habla de los préstamos a corto plazo, el mercado hipotecario, alquileres, telecomunicaciones, energía, comercio online… En todos estos sectores, si se cumplen sus planes, habrá una nueva regulación, más restrictiva que la actual, y aparecerán, de una forma u otra, los controles de precios (otra propuesta de la izquierda que los conservadores ahora asumen como propia).
Por último queda el tema de las pensiones y los servicios públicos. Aquí May no lo tiene sencillo, porque tiene que conjugar sus promesas de equilibrio presupuestario con una población envejecida. Y no hay que olvidar que entre los mayores de 65 años el porcentaje de voto tory se dispara. Por eso, al final la balanza también se inclina del lado del gasto. May promete garantizar la capacidad de compra de las actuales pensiones e incrementar el gasto sanitario en 8.000 millones de libras a lo largo de la legislatura (también es cierto que promete fuertes subidas del presupuesto en Educación). Pero su mirada está puesta claramente en los mayores y en sus prioridades: pensiones y sanidad. Así, en uno de los puntos más curiosos del documento, se hace una pequeña excepción con su política de limitación de trabajadores extranjeros y promete que en el acuerdo con la UE será "prioritario" encontrar una solución que permita que los 140.000 empleados de la sanidad pública procedentes de otros países comunitarios puedan permanecer en suelo británico. Casi parece como si quisiera calmar los miedos de sus votantes con un mensaje del tipo: "No os preocupéis, que a vuestra enfermera española no la vamos a echar".