La Constitución española, en su artículo 31, afirma que el cobro de impuestos debe realizarse "mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad". Esto es lo que dice la norma y lo que defienden todos los partidos. Del PP al PSOE, pasando por Ciudadanos o Podemos, las formaciones españolas aseguran que todas sus propuestas tributarias están dirigidas a cumplir con los principios que propugna la Carta Magna. Nadie se atreve a saltarse este discurso. Y el que insinúa cualquier matiz al respecto, en la política o en los medios de comunicación, sabe que será acusado de insolidario o egoísta. De hecho, es complicado encontrar cualquier otro tema en el que exista tal consenso a izquierda y derecha del arco parlamentario.
Salvo en una cuestión: los cupos vasco y navarro. Aquí hay que poner un asterisco. Porque cuando se trata de la financiación de estas dos regiones, la intocable progresividad fiscal salta por los aires. Entonces se comienza a hablar de derechos históricos, se justifican los resultados por las negociaciones políticas, se apela al pragmatismo...
No hablamos del diseño general del sistema. Porque una cosa es el Concierto Económico Vasco y el Convenio Navarro y otra el cupo. Es decir, en primer lugar hay un debate sobre si el sistema foral tiene justificación. Aquí hay mucho margen para la discusión y muchas opiniones enfrentadas. En teoría, no hay nada en el Concierto o el Convenio que los haga progresivos o regresivos. Muy "solidarios" (según la terminología al uso) no parecen, porque lo que vienen a decir es que los impuestos recaudados en el País Vasco y Navarra se deben gastar en el País Vasco y Navarra excepto una pequeña aportación a un fondo común. Pero incluso así se podría pensar en alguna forma de crear una caja de compensación para ayudar a las regiones pobres al estilo de los fondos estructurales de la UE. En realidad, los fondos del sistema de negociación autonómica se diseñaron más o menos con ese fin y es cierto que hay una aportación mínima de estas regiones al Fondo de compensación interterritorial.
Pero aquí el problema no es la teoría, que habla de responsabilidad fiscal, de que cada escalón administrativo se haga cargo de sus facturas o de competencia entre administraciones. Lo polémico de verdad es la práctica. Y sobre esto último hay mucho más consenso entre los expertos: ni se hace bien, ni es justo en términos económicos ni hay nada que lo justifique. Vamos, que las reglas de partida pueden ser más o menos correctas (o no, eso lo juzgará cada uno), pero el cálculo que se hace está totalmente distorsionado por las necesidades políticas del Gobierno de turno y las exigencias del nacionalismo vasco. Por ejemplo, en este artículo, El Correo entrevista a tres de los mayores expertos en el tema y la coincidencia es total en dos aspectos: el cálculo del cupo beneficia a las dos comunidades forales y es imposible, en sus actuales términos, extender el sistema al resto de regiones, porque colapsaría la Hacienda pública española.
En 2007, tras la última negociación previa a la de este año, Mikel Buesa calificaba el acuerdo alcanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de "pufo vasco". Lo pactado por Mariano Rajoy tampoco se ha librado de las críticas. Ciudadanos, por ejemplo, ha denunciado el "cuponazo" que La Moncloa ha otorgado al PNV y asegura que votará en contra en el Congreso, pero no será suficiente para que la formación naranja eche abajo los PGE. Y en Podemos se ponen de perfil: como ellos van a decir no a los PGE, eso parece suficiente y se limitan a defender en genérico el Concierto Económico y a pedir "transparencia" en el cálculo, pero no cuestionan en absoluto ni el modelo ni lo pactado en las últimas negociaciones. En resumen, que al final todos tragan.
Cuatro gráficos
Imaginen que un partido llevase en su programa una propuesta de bajada de impuestos sólo a los ricos. O un sistema fiscal no ya proporcional, sino sólo algo menos progresivo que el actual. La respuesta no se haría esperar: "Vergüenza, privilegio, insolidario…". Los siguientes cuatro gráficos podría servir para que nuestros líderes reflexionasen. Sí, la estabilidad política puede ser un bien a valorar. Pero, ¿hasta cuándo y cuánto se puede ceder?, ¿en algún momento habrá alguien dispuesto a mantener el pulso al nacionalismo?
El primer gráfico está sacado del "Informe sobre la dimensión territorial de la actuación de las Administraciones Públicas" del Ministerio de Hacienda (usa datos del ejercicio 2013, aunque fue publicado el año pasado). Es decir, hablamos de un documento oficial elaborado de acuerdo al Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas establecido por el departamento dirigido por Cristóbal Montoro.
Tiene tres columnas. La primera con los datos de la financiación per cápita de cada comunidad autónoma a "competencias homogéneas" (es decir, como si todas tuvieran las mismas competencias transferidas, para que el resultado no quede distorsionado por el hecho de que unas regiones tengan más obligaciones para con sus ciudadanos que otras). Los datos son lo suficientemente claros: el País Vasco y Navarra son las dos regiones (y con bastante diferencia) que más dinero tienen para sus ciudadanos. Y no es sólo porque sean las más ricas. Madrid les supera en renta per cápita y sin embargo es la peor tratada en términos de financiación.
En la tercera columna se asume que la media de las comunidades de régimen común es 100 y se compara cuánto recibe cada región en términos de "habitante ajustado". Éste es un pequeño ajuste estadístico que se usa en el sistema de financiación autonómica y sirve para ponderar qué comunidades autónomas tienen una población que necesita más gasto (por ejemplo, si una región tiene más ancianos, se le aplicará un coeficiente corrector para ponderar el mayor gasto en sanidad o pensiones). De esta manera, lo que cuenta no es sólo el número total de habitantes por región, sino también sus características. Y como vemos, de nuevo País Vasco y Navarra son los que tienen más dinero para financiar sus servicios. A la derecha puede verse el cuadro completo de Hacienda con los cuatro tipos de cálculo diferente que pueden hacerse (metiendo o no esos ajustes estadísticos). En los cuatro casos, País Vasco y Navarra están en el top 3 de los mejor financiados, se cuente como se cuente. Por cierto, que esta mejor financiación no se traduce siempre en mejores resultados: en el informe PISA, por ejemplo, Castilla y León y Madrid lideran la clasificación en España y el País Vasco queda muy por debajo de la media.
El segundo gráfico también esta sacado del mismo informe del Ministerio de Hacienda. En este caso, lo que muestra es un cuadro con las regiones ordenadas en función de su renta (eje horizontal) y el saldo fiscal per cápita de sus habitantes (eje vertical). Es decir, cuanto más a la derecha está una comunidad autónoma, más ricos, en términos de PIB per cápita son sus habitantes. Cuando más arriba está, más gasto reciben respecto a los impuestos que pagan (aquí se contabilizan gastos e ingresos de todas las administraciones).
Como puede verse hay una correlación negativa entre renta y saldo fiscal. Tiene sentido y ocurre en la mayoría de los países. En las regiones más ricas, sus ciudadanos pagan más impuestos, porque los sistemas fiscales occidentales son progresivos. Eso hace que el saldo total de la región (impuestos que pagan sus ciudadanos menos gastos que reciben de los poderes públicos) sea negativo. Y al contrario para las regiones pobres. En este sentido, es lógico que Madrid y Cataluña, dos de las autonomías más ricas, tengan un saldo fiscal negativo. Sus vecinos pagan más en impuestos que gastos reciben en servicios públicos por parte de todos los niveles administrativos.
Sin embargo, en España podemos ver algunos datos llamativos. Valencia tiene una renta per cápita inferior a la media y un saldo fiscal negativo. Mientras tanto, los habitantes del País Vasco, que es la segunda autonomía más rica, reciben de las administraciones públicas más dinero del que pagan en impuestos. Ricos financiados por pobres. El mundo al revés.
El tercer gráfico es una tabla que muestra cómo ha evolucionado el gasto de cada autonomía en la última década. Se encuentra en el informe "Las finanzas autonómicas en 2016 y entre 2003 y 2016", de Ángel de la Fuente para Fedea. Puede servir para ver cómo ha afectado la crisis a los diferentes gobiernos regionales. Tomando 2003 como año base (=100) se mide como han gastado los ejecutivos autonómicos en gasto total, financiero y gasto corriente (este último, según los autores, "puede ser un indicador razonable del nivel de prestación de servicios" de cada autonomía"). De nuevo, destaca el caso vasco. Prácticamente en todos los casos es la región en la que más aumentado el gasto. ¿Crisis? "No si tienes cupo", parecen decir las cifras.
Por último, tenemos otra tabla, esta vez del informe "Servicios públicos, diferencias territoriales e igualdad de oportunidades", publicado en 2015 por la Fundación BBVA y el Ivie. En este caso, lo que se mide es el gasto en tres grandes capítulos: educación en todas las etapas (desde la guardería a la universidad), sanidad (asistencia primaria, hospitalaria, farmacéutica...) y protección social (dependencia, jubilación...). Aquí Asturias supera por poco a País Vasco y Navarra debido sobre todo al gasto derivado del envejecimiento de su población (la asturiana es una de las autonomías con un perfil demográfico más preocupante). Pero incluso así llama la atención la posición de estas dos regiones, que están muy por encima de otras con una población más envejecida (y, por lo tanto, quizás con más necesidad de este tipo de gasto) pero también de Madrid o Cataluña, otras dos autonomías ricas y con una estructura demográfica, económica, socio-cultural, más parecida a la de vascos y navarros. La foralidad también aquí da réditos.
En resumen, se mire como se mire, llama la atención la situación de País Vasco y Navarra (sobre todo del primero) en cuanto a sus cuentas públicas. Aunque son dos de las regiones más ricas, sólo superadas por Madrid, tienen saldos fiscales favorables, pagan menos a la caja común de lo que les correspondería si siguiesen las mismas reglas que el resto, tienen más fondos para financiar sus servicios públicos e incluso en algunos casos son receptores netos de dinero que, en parte, sale de regiones mucho más pobres.
Eso sí, todo apunta a que apenas nadie en el Congreso o en el Senado alzará la voz contra esta situación. En parte porque cada grupo puede pensar que quizás necesite (ahora o en el futuro) a los nacionalistas vascos para sacar adelante una votación. Y en parte porque decir cualquier cosa contra el Concierto Económico Vasco o el Convenio Navarro puede suponer una condena electoral en cualquiera de estas regiones. En realidad, sería perfectamente coherente defender el instrumento general (el Concierto) y criticar la forma en la que se practica (el cupo). Pero ni siquiera a eso están dispuestos nuestros políticos. Y cada cinco años, el resultado de la negociación es un poco mejor para los nacionalistas y más dañino para Hacienda. En esta ocasión, la factura estará entre 4.000 y 5.000 millones. Y la aportación anual que hará el País Vasco pasa de los 1.525 millones en 2016 a menos de 1.000 millones. A este ritmo, un par de negociaciones y un par de gobiernos en minoría... y el cupo puede llegar a ser negativo.