La mayoría de los partidos del Congreso han apoyado este martes la proposición de Ley de Unidos Podemos que pide tramitar la derogación del artículo 315.3, que penaliza con hasta tres años de cárcel a los piquetes que coaccionen en una huelga, aunque varias formaciones han añadido que cambiarán el texto.
El pleno del Congreso ha debatido hoy la iniciativa del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que, a falta de la votación, recibirá el apoyo del PSOE, PNV, ERC, el PDeCAT Compromís y EH Bildu, entre otras formaciones, mientras que Ciudadanos se abstendrá y el PP y Foro Asturias se han mostrado en contra.
La proposición de Ley propone que en el artículo 315 sean castigados con penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses a los que "mediante engaño y abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho a huelga". También si estas conductas se llevan a cabo con fuerza, violencia o intimidación se impondrán penas superiores.
La iniciativa de Unidos Podemos también insta al sobreseimiento de las causas cuando la ley esté en vigor y que los procedimientos que hubieran recaído en sentencia condenatoria se revisen en el plazo máximo de 15 días para anularse la condena y que en el caso de que hubiera comenzado se cancele y se indemnice por el tiempo que hubiere estado en prisión.
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez ha dicho que la negociación colectiva y el derecho a huelga son las herramientas "más potentes" de los trabajadores para defender sus derechos y la diputada Aian Vidal ha subrayado que se criminaliza el derecho a la huelga.
El portavoz de Empleo del PSOE, Rafael Simancas, ha considerado "torticero" el artículo y ha afirmado que pedirán también modificar el artículo 172 del Código Penal para distinguir las coacciones cuando proceden de un derecho fundamental. "Hay que defender los piquetes informativos que no son comandos violentos", ha puntualizado.
El diputado de Ciudadanos, Javier Cano, ha argumentado su abstención en que no pueden aceptar indemnizaciones por sentencias ya firmes, y Mikel Legarda, del PNV, ha pedido la comparecencia de expertos.
Desde ERC, Jordi Salvador ha incidido en que lo mejor de la sociedad "se debe a las luchas del movimiento obrero" y la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró ha reconocido un aumento de litigios debido a la "represión que ha venido de la mano del PP" y ha pedido que el derecho fundamental de huelga se regule como una ley orgánica.
El diputado de Compromís Enric Bataller ha apoyado la derogación por "coherencia" legislativ y que Oskar Matute, de EH Bildu, ha criticado que se intente enfrentar a los huelguistas con la ciudadanía.
El diputado de Foro Asturias Isidro Martínez Oblanca ha recordado que el PSOE fue quien instauró esta reforma del Código Penal y la diputada del PP Silvia Valmaña ha asegurado que el artículo 315.3 protege el derecho a la huelga.