La reforma de la estiba va tomando forma. El Decreto Ley de la reforma se someterá a debate para su aprobación en el Congreso el próximo jueves. Se trata de su segundo examen en el Congreso, y se produce un mes después de que el pasado 16 de marzo recibiera un histórico rechazo.
A pesar de las reuniones entre patronal y sindicatos, el Decreto llega al Congreso con la amenaza de un calendario de paros convocado en los puertos por los sindicatos de estibadores. El primer día de huelga tendrá lugar el próximo 24 de mayo.
Bajo el hashtag #NiUnPasoAtras o el radical #EstibaOMuerte, los estibadores están calentando la huelga en las redes sociales. Los puños en alto y las proclamas no faltan en los vídeos que se distribuyen en la red.
"#NiUnPasoAtras " ASAMBLEA ESTIBADORES VALENCIA#SOSestiba @mundoestiba @Portuariosworld #estibadores #EstibaOMuerte pic.twitter.com/w18jp3J30C
— jjcies (@RESISTIRyVENCER) February 15, 2017
El Gobierno, optimista
No obstante, a pesar de las amenazas de este colectivo, el Ministerio de Fomento se muestra más "optimista" de cara a lograr los apoyos parlamentarios necesarios para convalidar la reforma, que requiere mayoría simple, esto es, un mayor número de votos a favor que en contra.
En la actualidad, la eventual abstención del grupo parlamentario catalán PDeCAT, frente al rechazo que manifestó en la anterior votación, se perfila como decisiva para que el Gobierno saque adelante la reforma de la estiba. Así, la abstención de esta formación, que tendría lugar en pleno reto soberanista, junto con el supuesto respaldo de Ciudadanos y PNV, permitiría lograr dar finalmente 'luz verde' a la reestructuración de la estiba que el Gobierno emprendió el pasado mes de febrero.
Multa de 134.000 euros diarios
Con esta reforma el Ejecutivo busca adaptar el sector de la estiba, la carga y descarga de mercancía en los puertos, a la normativa comunitaria, a la que actualmente contraviene y evitar que el Tribunal Superior de Justicia de la UE imponga una multa a España.
Así, en caso de que el Congreso convalide la reforma, España evitará pagar la multa de unos 25 millones de euros que acumula por la sanción que el Tribunal de la UE ya le impuso en diciembre de 2014 por incumplir la normativa comunitaria con el régimen legal de la estiba, y que se le imponga una segunda, de 134.000 euros diarios, por no cumplir la primera multa.
No obstante, el Gobierno pretende también liberalizar y romper el monopolio de facto en que actualmente se presta este servicio portuario, básico para la economía, dado que los puertos canalizan el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones del país.