James Roberts es investigador de la Fundación Heritage y co-autor del Índice de Libertad Económica que elabora el think tank estadounidense. Ha visitado recientemente España, de la mano de Foro Regulación Inteligente y FAES. En el marco de su paso por nuestro país, Libre Mercado se ha reunido con Roberts para hablar de la mediocre calificación que ha recibido España en la última edición del influyente estudio.
- ¿En qué punto está la economía española?
Está en el punto de pasar de la recuperación, que ya es un hecho, a las reformas estructurales. La crisis fue dura y la mezcla de la crisis con la rigidez laboral produjo millones de parados. Las medidas de ajuste han funcionado, la economía crece al 3 por ciento, se crea empleo con intensidad… pero hay que recuperar el terreno perdido y liberalizar la economía.
- En su última visita a España, nuestro país estaba atravesando un profundo impasse político. ¿Cómo ve las cosas?
Mejor, aunque la situación no es óptima. El Partido Socialista está sumido en importantes problemas internos. La amenaza de Podemos sigue ahí, aunque han cedido un millón de votos. El gobierno tiene un equilibrio algo más estable, con el pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Pero, en cualquier caso, es notable que el crecimiento ha sorteado con solvencia esta situación de incertidumbre.
- ¿Qué problemas hay en clave de libertad económica?
Ahora mismo, España está en el puesto 69 de los 180 países evaluados. La puntuación es de 63,6 puntos sobre 100. Esto supone 4,4 puntos menos en comparación con el resultado de 2016. Es preocupante que España haya cedido tanto terreno en la clasificación. Un problema notable es la situación del imperio de la ley.
Nos preocupa, por ejemplo, la falta de efectividad de los jueces, que necesitan años para resolver los casos que llegan a sus mesas. España no puede permitirse una Justicia tan lenta. La nota obtenida en esta calificación es la segunda más baja de la Eurozona. ¡Solo Eslovaquia está peor! Cada vez que vengo aquí compruebo de primera mano la frustración de los empresarios e inversores, pero también de la sociedad civil, que ve cómo los procesos anti-corrupción se prolongan de manera excesiva.
Y otro punto en el que hay que dar un giro de 180 grados es la regulación. Está asfixiando a las empresas. Es especialmente decepcionante que las comunidades autónomas fraccionen la unidad de mercado. Tampoco es aceptable que año tras año se impongan miles de páginas de nuevas regulaciones. Son sinónimo de complejidad e incertidumbre pare las empresas.
- ¿Hay motivos para pensar que España puede frenar la tendencia y volver a ganar libertad económica?
Por supuesto. Por ejemplo, la reforma laboral de 2012 ha funcionado bien y el desempleo ha caído del 27 al 17 por ciento durante el último lustro. También valoramos positivamente la reforma fiscal introducida en 2015, porque ha reducido tipos en IRPF e Impuesto de Sociedades, así como las rebajas tributarias que se aplicaron en la Comunidad de Madrid durante los últimos años.
En clave financiera, España ha mejorado notablemente el grado de solvencia de su sistema bancario. Era necesario abordar esta cuestión, porque la banca semi-pública estuvo a punto de llevar a la quiebra a todo el país. Los "rescates" han sido costosos y han generado enfado entre los contribuyentes, por lo que ese esfuerzo no puede quedar a medias y ahora hay que ir hacia un modelo bancario cien por cien privado.
- ¿Y qué aspectos le preocupan más?
La fallida reforma de la estiba, por ejemplo, da razones para pensar que el camino de la liberalización no va a ser sencillo. Es llamativo que, aún teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Justicia europea, aún no se ha procedido a liberalizar la contratación en los puertos. Hablamos de un monopolio ilegal que el Congreso de los Diputados debe dar por finiquitado, pero lo que están haciendo los políticos es apuntalarlo.
Por otro lado, también nos preocupa la falta de reformas estructurales orientadas a reducir más significativamente el gasto. España no puede conformarse con un déficit del 3 por ciento del PIB porque supone añadir más deuda y, por tanto, se traduce en un clima fiscal mucho menos atractivo.