Hace tiempo que los sindicalistas tan sólo se representan a sí mismos, dado el sustancial declive social y económico que han registrado en los últimos años. Como cada 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, los grandes sindicatos han salido a la calle para reclamar "derechos laborales" y denunciar la corrupción política. Bajo el lema "No hay excusas, a la calle", las organizaciones sindicales, encabezadas por CCOO y UGT, han pedido "empleo estable, salarios justos, pensiones dignas y más protección social" en más de 70 manifestaciones y concentraciones en toda España. No les han seguido más que 12.000 personas, según fuentes policiales. Los convocantes lo elevan a 50.000.
Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, han encabezado la manifestación de Madrid hasta la Puerta del Sol. Este será el último Día Internacional del Trabajo para Toxo, ya que abandonará el cargo de secretario general de CCOO en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará del 29 de junio al 1 de julio, y dará el relevo al secretario general de CCOO del País Vasco, Unai Sordo, que será su sustituto.
Los sindicatos han estado acompañados en Madrid por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, el secretario general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, y el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, entre otros representantes políticos, mientras que el portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha asistido a la manifestación de Sevilla.
Las reclamaciones sindicales
El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha urgido a tomar medidas contra lo que considera "un proceso de corrupción pornográfico"en un país donde la separación de poderes "es una quimera". En la misma línea, el líder de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha apuntado que España "no puede seguir viviendo en un estado de alarma permanente". Por otro lado, los sindicatos han pedido a la patronal que cierre cuanto antes un pacto salarial que proporcione una mejora de la capacidad adquisitiva de los trabajadores porque, de lo contrario, han asegurado que la negociación colectiva se va a convertir en un "calvario" para los empresarios.
"Hay que repartir la riqueza vía negociación colectiva", ha dicho Álvarez, tras asegurar que los sindicatos "no van a permitir que el incremento de beneficios de las empresas haya alcanzado niveles de 2008 y que los salarios no tengan el correspondiente aumento". En el mismo sentido, también ha considerado que los Presupuestos Generales del Estado deben "redistribuir los recursos que se están generando a los trabajadores en forma de políticas educativas, sociales y especialmente con la renta mínima". Asimismo, ambos han coincidido en solicitar la derogación de la reforma de las pensiones de 2013 y de las reformas laborales de 2010 y 2012 bajo el argumento de aumentar la "calidad del empleo", entre otras medidas.
Más empleo, menos paro
Sin embargo, tanto el lema sindical de este año como sus particulares denuncias chocan con la realidad de la situación económica en España. Su "No hay excusas, a la calle" no ha recibido el respaldo social esperado, a la vista de la escasa participación que ha cosechado la manifestación central de Madrid y el resto de marchas convocadas en el resto de España. No es la primera vez. Las dos huelgas generales que convocaron en 2012, tras la llegada al poder del PP, cosecharon un rotundo fracaso, tras registrar el menor seguimiento de la historia.
Pero es que, además, si por algo se han caracterizado CCOO y UGT en los últimos años es por su frontal rechazo a la reforma laboral que aprobaron los populares a mediados de 2012, arguyendo que agravaría la destrucción de empleo, pese a que la realidad ha sido justo la contraria. España ya ha recuperado 1,5 millones de empleos, la mitad del trabajo destruido durante la crisis, hasta superar los 18,4 millones de ocupados en el primer trimestre de 2017, según la última Encuesta de Población Activa (EPA).
Y lo mismo sucede con el paro. El número de desempleados ha bajado en más de 2 millones de personas desde los peores momentos de la crisis, reduciendo la tasa de paro al 18,7%.
En cuanto a la evolución de los sueldos, si bien es cierto que se han contenido las subidas en los últimos años, con avances anuales del 1% o menos, la nula e incluso negativa inflación registrada desde 2013 ha permitido mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de modo que el salario medio en España ha seguido creciendo durante la crisis.
Los problemas asociados a la pobreza y la desigualdad, sin embargo, tienen que ver con la histórica destrucción de empleo que se produjo tras el estallido de la burbuja crediticia. Es el sustancial aumento del paro el que explica el incremento de la desigualdad, la pobreza o los desahucios durante la crisis, una destrucción laboral que, curiosamente, se produjo bajo el anterior modelo de convenios colectivos que tanto reclaman sindicatos y partidos de izquierda. Pero la creación de empleo también está revirtiendo este proceso, ya que la tasa de pobreza real (porcentaje de la población que sufre una situación de "carencia material severa") está bajando desde 2014.
En cuanto al gasto social, que engloba las partidas destinadas a pensiones, desempleo, educación, sanidad y protección social, su volumen supera el 25% del PIB, frente al 20% registrado antes de la crisis, de modo que la denuncia sindical tampoco se sustenta en esta materia.
Descrédito y corrupción
Lo que sí es evidente incluso para los propios sindicalistas es el histórico declive y desprestigio que han sufrido estas organizaciones. CCOO y UGT han perdido más de 500.000 afiliados durante la crisis, superando apenas los 1,8 millones de asociados. Además, aunque siguen siendo los principales sindicatos de España, también han perdido representatividaden las empresas en favor de otras entidades: el peso de CCOO ha caído del 39% al 35%, y el de UGT del 37% al 32%, con la consiguiente pérdida de representantes e interlocutores sociales.
Este descrédito no sólo se manifiesta entre los trabajadores, sino entre la sociedad en general. No en vano, los sindicatos obtienen la peor valoración entre los españoles, con apenas 2,6 puntos sobre un total de 10, superados únicamente por los partidos políticos (2,23), cuando hace diez años su calificación ascendía a 4,5 puntos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). De hecho, las últimas encuestas disponibles señalan que casi el 85% de la población jamás ha participado en un sindicato y apenas un 3% participa activamente (más allá de estar simplemente afiliado).
Por último, pese a que en la manifestación de este lunes se han centrado en denunciar los últimos casos de corrupción del PP, los sindicatos tampoco pueden dar lecciones de nada en esta materia, ya que tanto CCOO como UGT se han visto afectados por numerosas irregularidades y escándalos en los últimos años, como el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, los ERE fraudulentos en Andalucía, los cursillos de formación o la dimisión del líder de UGT en Asturias, José Ángel Fernández Villa, tras acogerse a la amnistía fiscal para regularizar su fortuna.
Todos estos datos demuestran que los sindicatos no representan a los trabajadores, sino a sí mismos y a sus particulares intereses corporativos, haciendo uso, además, de dinero público para poder financiarse.