El eterno debate sobre la mejora de los servicios públicos tiende a moverse dentro de un marco simplista en el que más gasto supone mejor servicio y menos gasto se traduce en peor servicio. Sin embargo, las políticas de austeridad que se han aplicado en los últimos años han servido para tumbar estos mitos. Y es que, como ha explicado Libre Mercado, la mejora de la sanidad, la educación o el I+D no tiene por qué ir de la mano de un aumento continuado del gasto público.
Recientemente hemos conocido un nuevo ejemplo: el de la Justicia. La Comisión Europea ha publicado su informe sobre la calidad de los sistemas judiciales del Viejo Continente. Como recogió este diario, dicho documento pone de manifiesto que el tiempo de espera para la resolución de litigios difiere mucho entre los distintos países miembros de la UE. Así, un danés espera poco más de dos semanas hasta que el caso queda visto para sentencia, mientras que un portugués enfrenta plazos cercanos a los 700 días.
Podríamos caer en la tentación de pensar que un mayor gasto público podría acercarnos al modelo danés. Sin embargo, el informe de la Comisión Europea y los datos de la agencia estadística comunitaria Eurostat muestran que el gasto no es lo único que importa. El mejor ejemplo lo tenemos comparando la eficiencia de la Justicia española con la de Dinamarca.
En nuestro país, el desembolso de las arcas públicas en materia de tribunales asciende a 80 euros por habitante. En Dinamarca, la cifra es prácticamente idéntica: 79 euros de gasto per cápita. Sin embargo, la resolución de litigios supone 238 días de espera en España frente a los 17 días de plazo observados en el país nórdico.
Si viajamos a Francia, vemos que el gasto público en las cortes de Justicia asciende a 75 euros por habitante. La cifra no está muy lejos de los 79 euros de Dinamarca… pero el tiempo medio de resolución de litigios que se observa en la república gala sí se queda muy lejos de los 304 días de plazo que se observan en Francia. De hecho, entre los años 2010 y 2015, el país galo aumentó el gasto público en Defensa de 73 a 75 euros por habitante, pero el tiempo medio de resolución de litigios pasó de 256 a 304 días durante el mismo período. Otro caso digno de mención lo tenemos en Italia, donde los tribunales manejan más recursos públicos (94 euros por habitante) pero la demora media a la hora de zanjar los procedimientos administrativos, mercantiles y civiles alcanza los 393 días.
En sentido contrario, también hay países que han logrado importantes avances sin comprometer más recursos públicos. A raíz de la crisis y del "rescate", Portugal puso en marcha una agenda de reducción de gasto que recortó significativamente los presupuestos generales, incluyendo las partidas dedicadas a los tribunales. Sin embargo, aunque el desembolso de las arcas públicas cayó de 87 a 56 euros por habitante, el tiempo medio de espera cayó de 1.090 a 710 días.
De hecho, si medimos el peso del gasto en Justicia como porcentaje del PIB, nos encontramos con que Estonia y Dinamarca son el tercer y el segundo país que menos recursos dedica a esta partida. En ambos casos, hablamos de un desembolso equivalente al 0,2 por ciento del PIB, la mitad que el 0,4 consignado por España. Y no, la clave tampoco está en abrir más juzgados: Dinamarca tiene 7 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a los 10 de Francia, los 12 de España o los 19 de Portugal.
¿Soluciones?
El Consejo General del Poder Judicial sigue con detenimiento el desempeño de sus juzgados. Gracias a este trabajo sabemos, por ejemplo, que el juez más eficaz de nuestro país tiene nombre y apellidos. Se llama Juan Carlos Mompó, es natural de Valencia y suele tener sus sentencias listas en pocos días. Como él mismo ha declarado, hay dos claves para acelerar y mejorar el funcionamiento de la Justicia: por un lado, una reordenación profunda de los protocolos de trabajo que jueces, letrados y funcionarios suelen asumir por inercia; por otro lado, una revisión de los plazos de instrucción que fijan las leyes. Habría que añadir una tercera clave: ofrecer incentivos salariales ligados a la productividad de los juzgados.
Hay otros aspectos que conviene revisar. Por ejemplo, no estaría de más permitir que los órganos judiciales con menos carga asumiesen litigios planteados en demarcaciones que no tienen capacidad de resolverlos a corto plazo. Al fin y al cabo, el Consejo General de Economistas ha determinado que el 45 por ciento de los juzgados está sobrecargado, mientras que un 25 por ciento opera por debajo de su capacidad.
Por último, conviene abordar el problema de la sobrerregulación. España emite diez veces más leyes, normas y regulaciones que Alemania. Conforme el marco regulatorio gana en complejidad y arbitrariedad, el rol de los tribunales cobra peso y el nivel de litigios se dispara. Todo lo contrario ocurre en otros países europeos, en los que el marco regulatorio es más inteligente y aboga por la estabilidad, la certidumbre y la claridad.