Una serie de profesionales del Derecho, representantes de los autónomos, de las empresas de la construcción, agrícolas o empresas familiares han pedido la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, al considerarlo "totalmente injusto" tanto para las empresas como para los particulares.
La petición ha sido unánime durante un encuentro entre profesionales celebrado en el bufete A. Rozados & Asociados, en el que han participado el presidente de la Asociación Stop Impuesto Sucesiones, Juan Carlos Valverde, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, el gerente de la patronal de la construcción Gaesco, Juan Aguilera, el gerente de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, el director general de la Asociación Andaluza de Empresa Familiar (AAEF), Mario Carranza, y el notario Javier López Cano. Además, también se encontraban en dichos encuentros el socio director del bufete Rozados & Asociados, Armando Rozados, y el socio de dicho bufete, José María Rueda.
Todos los agentes han pedido la supresión de este impuesto ydemandan el establecimiento de una bonificación al 99 por ciento mientras que no se acometa dicha supresión, apuntando que la aplicación de este impuesto afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas y particulares. También piden que esa bonificación y posterior supresión se aplique también a la parte de Donaciones y consideran que en el decreto aprobado por la Junta "la aplicación del mínimo exento no está bien planteada". Asimismo, critica que, en la supresión del impuesto, la Junta "se empecina y se atrinchera" para no promover esa supresión.
Armando Rozados ha apuntado que este impuesto "va contra el derecho a la propiedad privada y el derecho a la herencia, recogidos en la Constitución" y ha explicado una simulación sobre un caso real, de forma que "no hay derecho a que se pague lo que se paga en Andalucía, pues por el cobro de una herencia un hijo debe pagar 63.000 euros aquí y 617 en Madrid; existe un trato desigual y la Junta ametralla a las familias".
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, considera que el impuesto se debe suprimir "pero desde La Junquera a Tarifa" y aunque resalta la importancia de los impuestos en el Estado del Bienestar, critica la "mala gestión de los impuestos y de los recursos públicos". Amor considera que este impuesto "es injusto" y está presidido por una "total improvisación", de forma que "ha perdido el papel redistributivo que tenía, recaudando sobre la clase media y no sobre los grandes patrimonios", además de alertar de las diferencias entre las comunidades autónomas. "Ahora hablar de ahorro es una entelequia", lamenta Amor, quien pide que "mientras llega o no esa supresión, se debe acometer la bonificación al 99 por ciento" en el pago del impuesto.
Por su parte, el gerente de Asaja Sevilla, Eduardo Martín, coincide con los intervinientes en que "es el impuesto más injusto", dejando claro que"está sobretributado, pues se grava sobre el mismo bien tres y hasta cuatro veces". Martín lamenta que se dan muchos casos "en los que los herederos no tienen mas remedio que vender", lo cual supone "cargarse la actividad agrícola", tras lo que reconoce que el campo "es ejemplo de lo que ocurre en Sucesiones, puesto que es un sector envejecido, donde un tercio tiene más de 65 años y sólo un 6,4 por ciento tiene menos de 35 años, y con poca capacidad de planificación".
Ha recordado las medidas puestas en marcha por Asaja para la incorporación de jóvenes y promover el relevo generacional, y, aunque valora las medidas puestas en marcha por el decreto de la Junta "que amplían opciones", insiste en la supresión de esta tasa "que penaliza la propiedad privada y el ahorro" y apunta que quedan "flecos" por perfilar, como acabar con el concepto de "hombre o mujer invisible, fruto de las parejas que estén bajo el régimen de gananciales, a los que no se les aplica la bonificación; o el caso del 'hijo más querido', esto es, que sólo se la aplica la bonificación al hijo que se siga dedicando a la actividad agraria".
El notario Javier López Cano ha puesto algunos ejemplos de problemas en la aplicación de este impuesto que supone "una total injusticia para los que van a heredar", y advierte de que las bonificaciones "pueden generar fraude". Además lamenta que la Junta "aplica la norma con crueldad, como el caso del cobro de recargos".
López Cano aboga por la supresión del impuesto, no por la armonización fiscal, ya que "una armonización sería muy conveniente pero eso en toda España es imposible, pues para ello sería esencial un mercado único". Pide la supresión del impuesto en Andalucía para evitar "deslocalizaciones fiscales, que perjudican a la comunidad, pues supone un emprobrecimiento fiscal de Andalucía"; tras lo que ha considerado que "existe una corresponsabilidad fiscal de la Junta, y no puede ser que otro recaude, yo me lleve el dinero y el 'malo' no sea yo".
Por su parte, el presidente de la Asociación Stop Impuestos Sucesiones, Juan Carlos Valverde, ha alertado del "expolio a las familias" que supone la aplicación de este impuesto, y lamenta que los partidos políticos "se dedican a lanzarse unos a otros la pelota de acabar con este impuesto", insistiendo en la necesidad de suprimirlo y de efectuar una previa bonificación hasta que su eliminación. Valverde lamenta el "afán recaudatorio" de este impuesto y apunta que otras comunidades están revisándolo. Considera que la Junta actúa como "banco usurero" en los aplazamientos al aplicar el cobro de intereses.
Valverde valora que en estos últimos tiempos "sí ha logrado crearse una concienciación social" acerca del problema que genera este impuesto, que constituye "un auténtico drama para las familias trabajadoras" y la necesidad de eliminarlo. De esta forma, aunque reconoce que se trata de "una lucha de David Contra Goliat", ha apuntado las medidas impulsadas por su asociación, como acudir al Defensor del Pueblo andaluz. En breve acudirá al Defensor nacional y ha indicado que además de acudir a los tribunales andaluces y nacional, esperan ir incluso a los europeos.
Empresas familiares y de la construcción
El director general de la AAEF, Mario Carranza, ha recordado los logros alcanzados para las empresas familiares en materia de Sucesiones, con bonificaciones al 99 por ciento, recordando que "la obligación de una empresa es la continuidad, que en el caso de la empresa familiar se ve interrumpida por un fallecimiento, por lo que hay que propiciarla". Carranza pide que esa bonificación también se aplique en el caso de Donaciones y pide mejorar "la letra pequeña y la aplicación de la bonificación, para darle fluidez". Recuerda que "el problema con este impuesto lo tienen las personas, pues el 95 por ciento de empresas son pymes y el 80 por ciento de ese 95 por ciento son personas físicas".
El gerente de Gaesco, Juan Aguilera, considera que este impuesto "atenta contra la formación de familias y hogares; es un ataque directo a las familias", puesto que "quien se va meter a comprar una vivienda si sabe que le puede dejar a sus hijos un problema". "Es difícil comprar ahora una vivienda, supone un ataque a la estabilidad de los mayores y un ataque a la generación de empleo y riqueza de un sector vital para la economía", ha aseverado.
Aguilera, quien resalta la importancia de la vivienda como "derecho de la persona", lamenta la "desorbitada presión fiscal sobre la vivienda, desde el momento en que se proyecta", frente a lo que critica que la Junta "es cicatera, y en vez de proteger suprime de un plumazo deducciones y subvenciones", de manera que "la vivienda está trillada a impuestos, y el coste fiscal de la vivienda supone un tercio de su precio". Además, critica la aplicación de ciertos coeficientes "en vez de aplicar el valor real del inmueble".