La reunión entre sindicatos de estibadores y la patronal Anesco de este jueves se rompió tras apenas una hora y media después de su inicio, al presentar la representación de las empresas una propuesta que "choca frontalmente" con el objetivo del mantenimiento del empleo e "imposibilita el acuerdo".
Así lo indicó al término de la reunión el dirigente de Coordinadora de Trabajadores del Mar, Antolín Goya, quien indicó que las empresas habían planteado "cambiar prácticamente todo el convenio colectivo del sector". Para el dirigente de los estibadores, "el Gobierno, al asegurar que no se puede garantizar por ley la subrogación de los trabajadores, ha dado una oportunidad de oro a las empresas", que dicen que "sólo si los sindicatos cumplen lo que proponen plantearán a las empresas si subrogan o no a los estibadores".
Por su parte, el director gerente de la patronal Anesco, Pedro García, se limitó a indicar que con su propuesta, las empresas sólo buscan garantizarse "la dirección y organización efectiva de sus trabajos". La entidad asegura que la reconversión de esta actividad "impactará necesariamente sobre el empleo en el sector", actualmente conformado por 6.150 estibadores, por lo que plantea abordar "prejubilaciones forzosas y bajas voluntarias" para los trabajadores que resulten excedentarios y pide ayudas públicas para quienes se vean afectados por estas "medidas extintivas".
De esta forma, concluyó rota la nueva reunión para tratar de alcanzar un acuerdo en el plano laboral que permita al Gobierno desbloquear la aprobación del cambio legal del sector de la estiba con el fin de cumplir con Europa y evitar una sanción de la UE. Lejos de avanzar hacia el acuerdo y a pesar de la urgencia del Gobierno por culminar la reforma, las negociaciones sobre la reconversión del colectivo dedicado a cargar y descargar mercancías de los barcos en los puertos se complican aún más.
La propuesta planteada por la patronal es la tercera que se pone sobre la mesa de negociación en una semana, tras la presentada por el Gobierno el pasado miércoles día 15 y la realizada por los sindicatos de estibadores este martes día 21. A pesar del desencuentro, las dos partes han convenido en reunirse de nuevo la próxima semana, un encuentro al que esperan que acuda de nuevo el Gobierno, que no estuvo presente en la reunión de este jueves, dado que se iba a centrar en aspectos bilaterales entre empresas y trabajadores.
La subrogación de los trabajadores, el gran escollo
Hasta ahora, tras semanas de reuniones y diálogo por ambas partes, patronal y sindicatos mantenían más o menos una cierta sintonía a la espera de que el Gobierno intercediera para llegar a un acuerdo definitivo mediante la concesión de ayudas y subvenciones de todo tipo para facilitar la aprobación de la liberalización del sector a la que obliga la Justicia europea. La última propuesta del Ejecutivo ascendía a un desembolso próximo a los 750 millones de euros: unos 250 millones por parte del Ministerio de Empleo para financiar el plan de prejubilaciones voluntarias, con el 70% del sueldo medio de los últimos seis meses para los estibadores de 50 años o más; y otros 500 millones que abonaría Fomento a través de Puertos del Estado para cubrir las indemnizaciones de despido y otros pasivos laborales.
El sindicato de los estibadores, sin embargo, rechazó la propuesta la semana pasada, imposibilitando con ello la aprobación del real decreto en el Congreso por considerarla insuficiente. Su principal reclamación consistía en que el Gobierno garantizara por ley la subrogación de el empleo y las condiciones laborales que hoy disfruta el sector, blindando con ello al resto de estibadores que no se acogieran voluntariamente al plan de prejubilaciones y de bajas incentivadas. Algo imposible, según Fomento, porque incluir dicha subrogación por ley vulneraría la legislación vigente, tanto a nivel nacional como comunitario.
El Gobierno ha insistido en que tal subrogación debe acordarse entre patronal y sindicatos dentro de la negociación del convenio colectivo del sector, y luego será el Ejecutivo el que se compromete a vigilar y garantizar su cumplimiento. Sea como fuere, la fallida reunión de este jueves ha dinamitado esta dinámica, después de que la patronal se descolgara con una nueva propuesta que resulta "inadmisible" para los estibadores.
Los puntos clave del citado documento son los siguientes, informa Rocío Regidor
- Corresponde a los operadores portuarios "la dirección, organización y control de la actividad laboral" de los estibadores".
- Las empresas podrán llamar y nombrar a los estibadores para la realización de los trabajos, pudiendo organizar su movilidad, la organización de la producción y la distribución del trabajo según el libre criterio de dichas empresas.
- Las empresas determinará la distribución diaria del trabajo "en atención a sus necesidades organizativas y productivas", pudiendo establecer jornadas mínimas de 6 horas y máximas de 8 horas, a opción de la empresa.
- Flexibilidad en los horarios del comienzo de la jornada.
- "Es competencia exclusiva de las empresas determinar las medidas que permitan adaptar los equipos de trabajo a los cambios tecnológicos que se puedan producir, fijando la composición de las manos".
- Los puertos y terminales que no hayan incorporado tales medidas para mejorar la productividad deberán aplicar una "reducción del 30% del coste de la operaciones" de estiba y desestiba o "una reducción automática de la masa salarial en la misma cuantía".
El documento no recoge, por tanto, la principal pretensión de los sindicatos de estibadores, la subrogación por ley de todos los empleados del gremio. En este sentido, Anesco indica que "una vez se determine la plantilla operativa adecuada para las necesidades de servicio en cada puerto", las empresas contratarán "'ex-novo" los trabajadores que no pasen a constituir los centros portuarios de empleo. Sólo contemplan la subrogación "cuando el trabajador se incorpore a un centro portuario de empleo que hayan creado las empresas de estiba de un determinado puerto".
Anesco asegura que, ante la reforma, su "objetivo prioritario reside en que el cambio normativo que se realice en el sector garantice la igualdad entre las empresas existentes antes de la reforma y los nuevos operadores que entren al mercado tras su modificación legal (liberalización), para que ambos puedan competir en igualdad de condiciones".