Incumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativo a la liberalización de la estiba tendrá un alto coste para el bolsillo de los contribuyentes, en particular, pero también para el conjunto de la economía española, en general. El Congreso ha tumbado este jueves el real decreto que presentó el Gobierno para reformar el monopolio de la estiba, cuyo origen se remonta a los inicios del régimen franquista.
El TJUE dictaminó a finales de 2014 que el sistema vigente, por el cual los operadores portuarios no pueden contratar voluntariamente a los trabajadores que se encargan de cargar y descargar las mercancías de los barcos, es contrario a la legislación comunitaria. El retraso en la aplicación de la sentencia, que es de obligado cumplimiento, conlleva una sanción económica que, hasta el momento, asciende a cerca de 23 millones de euros. Sin embargo, a partir de este momento, el Gobierno se enfrenta a una multa adicional de 134.000 euros diarios hasta que se apruebe la reforma. Dinero que, en todo caso, saldrá del bolsillo de los contribuyentes.
Sin embargo, éste es tan sólo el coste directo y más visible. La paralización de la reforma supone otra serie de costes indirectos cuya factura es muy superior. El monopolio sindical que ejercen los estibadores está dañando la competitividad de los puertos españoles, de cuyo buen funcionamiento depende la inmensa mayoría de productos que entran y salen del país. Este gremio, compuesto por poco más de 6.150 trabajadores, ha logrado una serie de privilegios y sueldos desorbitados gracias a dicho monopolio. El alto coste, sumado a las amenazas de huelga que han lanzado los estibadores para paralizar la reforma, se están traduciendo en una pérdida de clientes para los puertos españoles.
En concreto, el coste salarial de descargar un barco en España es el doble que en Gran Bretaña y, entre otros efectos, el puerto de Tánger, que está justo enfrente del de Algeciras, ha duplicado su actividad solo en sólo dos años. En este sentido, los expertos coinciden en alertar que el mantenimiento de este monopolio perjudicará el tráfico de los puertos españoles a medio plazo en favor de otros puertos más competitivos.
La otra factura: 2.400 millones de euros al año
Pero el mayor coste, sin duda, es el que no se ve, el denominado coste de oportunidad. Es decir, lo que dejaría de ganar España si no se liberaliza la estiba. Según las estimaciones elaboradas por por PwC, la implementación de la reforma tendría un impacto muy positivo sobre los costes portuarios, ya que se verían reducidos un 30% de media, pasando de suponer en la actualidad 6,9 euros por tonelada de mercancía transportada a 4,8 tras su implementación.
Esta reducción de costes tendría unos impactos significativos sobre el propio sector portuario y sobre todas aquellas empresas españolas que utilizan los puertos como un factor de producción, propiciando una reducción de sus costes e incrementando, por tanto, su competitividad y la del conjunto del país. En concreto, según el citado informe, dichas reformas tendrían los siguientes impactos anuales sobre la economía española:
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Incremento de la competitividad de las empresas españolas, que se traduciría en una reducción del nivel de precios de la economía española del -0,087%.
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Incremento medio del PIB real del 0,22%, que supone 2.409 millones de euros.
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Aumento de las exportaciones en un 0,19%, que supone un incremento de 678 millones de euros con respecto a la cifra actual.
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Aumento de la balanza comercial de 609 millones de euros.
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Creación de 18.129 empleos, incluyendo tanto asalariados como autónomos.
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Incremento de la renta de los trabajadores, asalariados y autónomos, en 878 millones de euros, lo cual representa un crecimiento de su poder adquisitivo del 0,17%.
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Aumento de la recaudación fiscal en 486 millones de euros, así como una reducción del gasto en prestaciones por desempleo de 52 millones de euros.
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Incremento del tráfico de mercancías en los puertos españoles de un 4,99%, que supondría un incremento de unos 24 millones de toneladas.