El Gobierno ha planteado a los estibadores un plan de prejubilaciones voluntarias al que podrán acogerse los trabajadores que tengan al menos 50 años de edad, que se retirarán con el 70% del sueldo medio que hayan percibido por todos los conceptos de retribución en los seis meses anteriores a su baja. Se trata de una de las cuatro medidas que incluye la propuesta de acuerdo que el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha planteado en la tarde de este miércoles a la patronal y los sindicatos del sector.
De la Serna presenta esta la propuesta 'in extremis', la víspera de que el Decreto Ley de reforma del sector de la estiba se enfrente este jueves a debate y votación para su aprobación en el Congreso, un trámite necesario para su ratificación definitiva, para el que hasta el momento el Gobierno no cuenta con suficiente respaldo de los grupos parlamentarios. De hecho, el Ejecutivo confía en que su nueva propuesta de acuerdo lleve al resto de formaciones políticas a replantearse su posición de rechazo a la reforma, especialmente al PSOE y Ciudadanos, quienes vinculan su respaldo a que haya un acuerdo con el sector.
El ministro acudió al comienzo de la reunión entre patronal y sindicatos que arrancó a las 16.00 horas de este miércoles en el Consejo Económico y Social (CES) y presentó la propuesta de acuerdo junto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y el director general de Empleo, Xavier Thibault. Posteriormente, la reunión prosiguió sin el titular de Fomento y a la espera de Antolín Goya, secretario general de Coordinadora de Trabajadores del Mar, principal sindicato del sector, que voló a Madrid desde Canarias tras conocer la intención del Gobierno de plantear una propuesta a la mesa de negociación.
Más competitividad
En cuanto a la propuesta de acuerdo del Ejecutivo, incluye cuatro medidas. La primera de ellas es la garantía de mantenimiento del empleo del colectivo de 6.150 estibadores que actualmente se encargan de cargar y descargar la mercancía de los barcos en los puertos, la que constituye principal reivindicación de los sindicados del sector que aún tienen convocados cuatro días de huelga en los puertos. Para ello, la propuesta plantea que los trabajadores se subroguen en las empresas de estiba. En la actualidad, los estibadores dependen de las sociedades de gestión de estibadores portuarios (sagep), que controlaba su contratación por las empresas, y que de facto constituyen un monopolio que la reforma pretende romper mediante la supresión de estas firmas.
La segunda propuesta del Gobierno es el referido plan de prejubilaciones voluntarias. Podrán acogerse los estibadores que estén a sesenta meses (cinco años) o menos de su edad de jubilación (los 55 años en el caso de los estibadores) a cambio del 70% del salario medio total de últimos seis meses. De la Serna no facilitó el importe que puede suponer la ayuda que el Estado otorgará para este plan de prejubilaciones, dado que "por su carácter voluntario", no se puede determinar el número de trabajadores que se acojan.
"No obstante, el importe de la multa que la UE puede imponer a España por incumplir el sector de la estiba la normativa comunitaria siempre sería mayor que el importe al que ascenderán las ayudas por bajas voluntarias", aseguró De la Serna. "El esfuerzo que realiza el Gobierno es muy importante", remarcó el ministro, que además indicó que el plan de bajas contempla unas condiciones mejores a las pactadas en las reconversiones de otros sectores, que además estaban en crisis.
La propuesta del Ejecutivo se contempla con el compromiso de empresas y sindicatos a acordar medidas para mejorar la productividad en los puertos, y el del Gobierno a garantizar el cumplimiento del eventual acuerdo mediante la constitución de una comisión de seguimiento. En la propuesta de "Acuerdo tripartito para el mantenimiento del empleo y la mejora de la productividad en el sector de la estiba" presentada por De la Serna se indica que su objetivo es facilitar un "tránsito ordenado" a la liberalización del sector, para que "la libre competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores".
El ministro considera que constituye un "nuevo gesto y esfuerzo del Gobierno para lograr un acuerdo en el ámbito laboral que garantice el empleo y que, en paralelo, permita la aprobación del Decreto Ley de reforma del sector para que España cumpla con la UE y sortee una posible sanción".