La Junta de Andalucía reclama al guardia civil Juan Antonio Reina Morales 143.778 euros, sumado los intereses de demora, por el Impuesto de Sucesiones de una herencia por la que, según el afectado, si se aplicase correctamente la liquidación, no habría que pagar nada.
El caso ha subido de nivel porque el número dos del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, explicó ayer que el guardia civil tendría la misma carga impositiva si tuviese domicilio fiscal en Madrid, al reducir la polémica a una herencia entre sobrinos y tíos.
Por si fuera poco, el secretario de Organización del PSOE llegó a mencionar al PP acusándolo de mentir sobre el impacto del impuesto "que sólo afecta al 2% de los andaluces, que son los que tendrían que pagar". Los nervios del PSOE andaluz sobre el frente del impuesto de sucesiones, que ha llevado a la celebración de manifestaciones, tienen que ver, además, con la presión que Ciudadanos ha comenzado ejercer sobre el tema.
El caso es que el contribuyente Reina Morales tiene embargadas sus cuentas hasta dentro de diez años por la liquidación unilateral practicada por la Junta a la herencia de su tía. A pesar de que el interesado pidió hace seis meses la paralización de los expedientes de apremio y la revisión de tal liquidación por considerar que contenía "graves errores y omisiones que afectarían tanto al caudal hereditario a disposición de los herederos" como a la cuota fiscal. Su petición no ha sido admitida.
ABC detalla que, según el guardia civil, el importe debió ser de "cero euros" tras aplicar una serie de reducciones que no se tuvieron en cuenta por omisión de la Administración o por ignorancia de su tía, que a su vez había recibido como herencia de su hermano una vivienda, un coche y el 50% de una parcela en el municipio sevillano de Coria del Río.
Reina Morales considera que no se le había aplicado la reducción del 95 por ciento que establece la normativa autonómica para las adquisiciones "mortis causa" de la vivienda habitual del fallecido.
A pesar de que ha entregado los certificados de empadronamiento de sus dos tíos, ambos discapacitados, emitidos por el Ayuntamiento de Dos Hermanas, que acreditan que tanto Manuel como Concepción Morales tenían su domicilio desde mayo de 1996 en la misma vivienda que ahora hereda su sobrino, no fue atendida su reclamación.
Según el afectado, una norma autonómica (el decreto legislativo 1/2009) establece que las personas con discapacidad, cuya base imponible no sea superior a 250.000 euros, se ven beneficiados con "una base liquidable de importe cero" en el tributo de sucesiones. La Consejería de Hacienda advierte que el contribuyente no le proporcionó toda la documentación cuando hizo la autoliquidación.