Bruselas ha vuelto a poner a la libertad comercial en la lista de reformas pendientes para España. Tal y como ha publicado la patronal de la gran distribución Anged haciendo referencia al último informe de la Comisión Europea sobre nuestro país, Bruselas advierte de que "persisten restricciones a la competencia, especialmente en el sector de los servicios. España es uno de los diez Estados miembros que regula el comercio minorista de forma más restrictiva. A nivel autonómico, solo se han registrado avances limitados en la puesta en práctica de la reforma del sector minorista de 2014".
Bruselas pone el foco principalmente en los gobiernos autonómicos. Según su análisis, "no todas las Comunidades Autónomas han adoptado medidas para su puesta en práctica, aunque la conformidad de la normativa autonómica con la Ley nacional correspondiente se supervisa de forma sistemática". De hecho la Comunidad de Madrid es la única autonomía española que tiene totalmente liberalizados los horarios comerciales y sus correspondientes periodos de rebajas. En su opinión, "los beneficios" de la reforma del comercio minorista en Españao la Ley de Garantía de Unidad de mercado "todavía dependen de que las Administraciones Autonómicas adopten los actos de ejecución necesarios".
Por otro lado, el Grupo de Alto Nivel sobre la Competitividad del Comercio ha alertado sobre el exceso de cargas administrativas y las barreras para el ejercicio de la actividad comercial.
Por su parte, el Informe sobre la estrategia para el mercado único presentado en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo hace hincapié en "la importancia de eliminar las restricciones operativas al ejercicio de la actividad al por menor, como la regulación de los horarios de apertura de los comercios, los impuestos específicos y selectivos de los comercios al por menor y la solicitud desproporcionada de información a las empresas".
Desde Anged defienden "una regulación moderna y acorde a la transformación digital y los grandes cambios del consumo que vive hoy el comercio". Añaden que "no se pueden imponer barreras innecesarias a la inversión, ni discriminar unas propuestas comerciales sobre otras".