En las últimas semanas se han publicado diversas noticias relacionadas con medidas que la candidata a la presidencia francesa por el partido Frente Nacional, Marine Le Pen, podría llevar a cabo de resultar elegida Presidenta. Este escenario, que provocaría la salida del euro de Francia y, como veremos más adelante, medidas que afectarían directamente a la industria en España, está provocando ciertos nervios en los mercados, aunque, en perspectiva, todavía no se puede afirmar que sean relevantes.
Así, si se toma como referencia la prima de riesgo de la deuda francesa, ésta ha repuntado desde los 20 puntos que registraba a mediados del año pasado a algo más de 70 en la actualidad.
En perspectiva, no se puede afirmar que la probabilidad de que ocurra ese evento sea elevada -también hay que considerar el efecto de la compras por el BCE en la cotización del bono galo- si se compara con la prima de riesgo de, por ejemplo, España en 2011, cuando se descartaba un escenario de salida del euro.
Sin embargo, más allá de la salida o no del euro, una de las medidas más polémicas de Le Pen es su intención de repatriar la producción francesa, incluida la de vehículos, desde otros países, tal y como se indica en este artículo publicado en elEconomista.
El sector del automóvil es relevante en la economía española. Sus fábricas -de camiones, automóviles o componentes como los motores- emplean a cerca de 230.000 de trabajadores, cifra que se incrementa hasta los 500.000 ocupados si se incluyen las actividades de servicios en talleres y concesionarios para la reparación y venta de automóviles, respectivamente. Desde 2013, el peso de la fabricación de vehículos es creciente y ha pasado del 1,1% al 1,3%. En este periodo, el empleo en esta actividad ha aumentado un 20%, el triple que el crecimiento del empleo total.
Medida la aportación directa en la actividad de economía mediante el Valor Añadido -referencia que puede asimilarse al PIB, pues, únicamente, deben sumarse los impuestos indirectos como el IVA para obtenerlo-, la fabricación de vehículos de motor suponía en 2014 al 1,2% del total de la economía española, frente al 0,9% registrado en 2012. En esos años, mientras la economía española apenas creció, al Valor Añadido de las fábricas de vehículos de motor se disparó un 29%.
La contribución al Valor Añadido de la economía incluye únicamente el efecto directo y no los derivados de la demanda de otros insumos y factores en la cadena de valor. Estos efectos indirectos, que genera la industria del automóvil para poder desarrollar su actividad, implican que el impacto efectivo en la economía es incluso superior.
Otra referencia del peso de esta actividad son las compensaciones que reciben los empleados en la fabricación de vehículos, cuyo peso sobre el total era del 1,2% en 2014, con una tendencia creciente desde 2010.
Además, la buena marcha del sector del automóvil también explica, en gran medida, la mejora de las exportaciones de mercancías. En 2016, esta industria supuso el 18% del total, 1 y 4 puntos más que en 2015 y 2011, respectivamente. La importancia de este sector en el crecimiento de las exportaciones puede resumirse con este dato: la automoción explica tres cuartas partes del crecimiento de las exportaciones en los dos últimos años.
Sin embargo, una de las principales características de la producción de vehículos es que buena parte corresponde a grandes multinacionales extranjeras, ya que, en la actualidad, España carece de una industria nacional del automóvil. En concreto, el número de empresas extranjeras dedicadas a la fabricación de vehículos de motor en España alcanzó un total de 185 en 2014, y de éstas 32 eran compañías francesas.
Estas empresas foráneas generaron algo más de 100.000 empleos en 2014, de los que una cuarta parte se corresponden con sociedades francesas. Es decir, algo más de 24.000 empleos en España dependen directamente de la producción de coches franceses, lo que supone un 12% del empleo total del sector, dos puntos menos que en 2010.
En cuanto al impacto en el Valor Añadido, los fabricantes franceses generaron algo más de 1.700 millones de euros en 2014, el 17% del total del sector, por debajo del 20% en 2010. Si se suman el del resto de empresas extranjeras, dicho valor asciende a más de 8.200 millones de euros.
En definitiva, al tratarse de actividades donde la fabricación es realizada por empresas extranjeras, el sector de los vehículos de motor y, en particular, el del automóvil, es muy dependiente de las decisiones de inversión que lleven a cabo las grandes multinacionales. Ahora bien, si presionadas u obligadas por su gobierno, dichas empresas decidieran deslocalizar sus fábricas desde España a sus respectivos países de origen, el impacto para la economía española sería muy notable.
En el caso concreto de las empresas francesas, entre las que destacan PSA Peugeot Citröen o Renault, éstas generan un Valor Añadido y un empleo que suponen el 17% y el 12% del total del sector del motor en España, respectivamente. El peso de Francia en este campo es inferior al de Alemania, con Volkswagen-Seat o Mercedes, seguido de las estadounidenses -Ford o General Motors a través de Opel-. Luego vendrían las compañías francesas, japonesas -como, por ejemplo, Nissan- e italianas -como es el caso de Fiat a través de Iveco-.
La presencia de empresas extranjeras es esencial en la industria española de la automoción, que es la octava del mundo por volumen de producción de vehículos, con 2,73 millones de unidades en 2015, según datos de la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos a Motor (OICA). A su vez, este sector juega un papel relevante en las exportaciones, ya que el 84,3% de los vehículos fabricados en España en 2016 tuvieron como destino mercados exteriores, según ANFAC-, con el consiguiente impacto positivo que ello supone para el conjunto del PIB español.
Si la nueva amenaza del nacionalismo económico y el proteccionismo que blande Le Pen se extendiera más allá de los fabricantes franceses, afectando al resto de las los fabricantes extranjeros radicados en España, el impacto directo sería superior a los 8.000 millones de euros al año y supondría la pérdida de unos 100.000 empleos, aproximadamente.