Habrá huelga. La reunión entre el Ministerio de Fomento, los estibadores y la patronal ha acabado sin acuerdo, por lo que los sindicatos mantienen la convocatoria de paros parciales para los próximos días 20, 22 y 24 de febrero en protesta por la reforma del sector, que el Gobierno aprobará esta semana. Así lo ha señalado a los medios, tras el encuentro en el Ministerio, el coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Antolín Goya, quien ha añadido que Fomento no ha convocado más reuniones para seguir con el proceso de negociación.
Aunque Goya ha dicho que los sindicatos han presentado alternativas a Fomento, se han encontrado con una postura cerrada del ministerio, que mantiene que la única solución para dar respuesta a la sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de diciembre de 2014 es el real decreto ley que se aprobará este viernes.
Sin embargo, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, ha explicado que la parte sindical ha vuelto a presentar el mismo documento que el 24 de julio de 2015, que gira sobre la exigencia de un registro de trabajadores y una restricción a la libre contratación, algo a lo que se opone claramente la Comisión Europea (CE).
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha advertido este martes a los estibadores que el Gobierno está atado "de pies y manos" en este conflicto. "Nuestro marco es el de la Unión Europea. Estamos atados de pies y manos", ha afirmado el ministro en una entrevista en RTVE, en la que ha afirmado que el Ministerio de Fomento está "en el límite" de lo que la UE permite, "flexibilizando al máximo las posturas a favor de los trabajadores".
En ese sentido, ha recordado que la UE ya ha dicho que no va a permitir que exista un registro de trabajadores como reclaman los sindicatos. "No nos lo van a permitir. La sentencia caerá sí o sí si decidimos poner un registro y los sindicatos en estos momentos siguen empeñados en que tiene que figurar ese registro que dejaría las cosas como están. Nosotros no podemos poner lo que libremente queramos", ha añadido.
El coste de la huelga
El vicepresidente de la Plataforma de Inversores de Puertos Españoles (PIPE), José Luis Almazán, ha asegurado que tener los puertos parados le costaría a la economía española 50 millones al día. Almazán ha comentado en Cope que "esa es la gran fuerza que utilizan para tener estos privilegios", a propósito de las movilizaciones y paros parciales anunciados por este colectivo. El vicepresidente de PIPE ha indicado que el valor de la mercancía que se mueve es de 200.000 millones de euros al año.
Según Almazán lo que intenta el Gobierno es "flexibilizar la rigidez de un sistema que con el tiempo se ha vuelto incomprensible". Ha precisado que en los puertos "se han quemado grúas y mercancía", por lo que ha solicitado a los estibadores que se acabe con esta situación y que "tengan responsabilidad".
Huelgas encubiertas y vandalismo
La asociación nacional de empresas estibadoras y consignatarias de buques (Anesco) denuncia que siguen las "acciones ilegales de huelgas encubiertas selectivas" por parte de estibadores y "actos vandálicos" en algunas terminales y exige su cese inmediato. La patronal del sector de la estiba añade que sus empresas asociadas han sufrido acciones ilegales de huelgas encubiertas selectivas entre compañías para presionar la firma de los documentos que no se firmaron por unanimidad en la asamblea de la asociación.
A fecha de hoy, "continúan realizándose estas intolerables actuaciones a aquellas empresas que han podido dejar de acceder a las pretensiones sindicales", ha denunciado Anesco en un comunicado de prensa, para añadir que también siguen teniendo lugar "actos vandálicos en algunas terminales". Según la patronal, estas medidas de presión ilegales están provocando "cuantiosas pérdidas económicas a las empresas coaccionadas y al conjunto del sector logístico".
Sentencia europea
El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo viernes un real decreto ley para liberalizar la estiba, en cumplimiento de la sentencia condenatoria del TJUE de 2014, que posteriormente tendrá que ser convalidado por el Congreso.
En el sistema actual, las empresas estibadoras no pueden contratar a quien quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar. Las sagep tienen una plantilla de 6.156 trabajadores, con una retribución media de unos 60.000 euros anuales, aunque en algunos puertos pueden llegar a cobrar hasta más de 110.000 euros, trabajando de forma efectiva un 75% de su jornada laboral.
Para eliminar las restricciones a la libertad de establecimiento de las empresas, el nuevo modelo elimina la obligatoriedad de participar en el capital de compañías y establece la libre contratación de los trabajadores que cumplan con los requisitos de capacitación establecidos (titulación académica o certificados de profesionalidad con al menos 100 jornadas de experiencia).