La Confederación Intersindical de Crédito, representada en este procedimiento por Andrés Herzog –exportavoz de UPyD– ha ido un paso más allá en su intención por que Bankia pague por el desplome en Bolsa que perjudicó a sus inversores. Aunque Frenando Andreu, el juez que instruye la causa en la Audiencia Nacional, había desestimado sus pretensiones, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha revocado la decisión. Comparecerán como investigados –antes imputados– los responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores competentes para supervisar BFA-Bankia cuando se constituyó y salió al mercado de valores. Entre ellos, personajes de renombre como el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordoñez MAFO, hermano menor del exministro fallecido Francisco Fernández Ordóñez; y el expresidente de la CNMV Julio Segura.
La Sala acuerda también las citaciones de otros responsables como Pedro Comín, Mariano Herrera García-Cantauri, Pedro González, Jerónimo Martínez Tello y Javier Arístegui y Fernando Restoy. Considera, "pese a las reiteradas advertencias del equipo de inspección del Banco de España de la inviabilidad del grupo y de que la solución de salida a Bolsa no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes", aprobaron el movimiento. El perjuicio para los inversores se estima en unos 15.000 millones de euros.
Como sustento de su decisión, los magistrados presentan la testifical del inspector del Banco de España José Antonio Casaus y los correos electrónicos que aportó a la causa, donde alertaba del fiasco que supondría la salida a Bolsa. De esta forma, creen "razonable" y "razonada" la pretensión de la CIC sobre la base de la existencia de indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad respecto de los responsables del Banco de España y la CNMV en cuanto garantes e indicativos de la corresponsabilidad de ambos en los hechos investigados". Se refieren a un supuesto delito de estafa a los consumidores que en todo caso tendrán que calificar las acusaciones cuando el juez instructor culmine la investigación.
El debate jurídico
Este litigio gira alrededor de dos postulados sobre un mismo hecho: si Bankia reflejó fielmente su contabilidad en el momento de la salida a Bolsa o, por contra, si los auditores manipularon la situación real de la entidad. Es concretamente una vertiente del conocido como caso Bankia, que instruye el juez Fernando Andreu en la Audiencia Nacional. Muchos de los que perdieron dinero en aquel episodio, sobre todo particulares, se han sumado a la acusación contra Bankia y quienes elaboraron el informe de cara a la salida a Bolsa. Siguen personadas en el procedimiento como acusación la Confederación Intersindical de Crédito, encabezada por quien fuera líder de UPyD, Andrés Herzog; y el colectivo ciudadano creado ah hoc 15MpaRato. Estas dos partes han encontrado respaldo en dos peritos del Banco de España a los que el juez Andreu pidió diligencias. Concluyeron que las cuentas de la salida a Bolsa no reflejaban la imagen fiel de la entidad.
El socio de Deloitte y auditor de Bankia, Francisco Celma, defendió "la rigurosidad y profundidad" de su trabajo, negando supuestos errores en las cuentas a los que hicieron alusión los peritos adscritos al Juzgado de Fernando Andreu. Celma explicó ante el juez que para realizar ese informe de salida a Bolsa siguieron instrucciones de la CNMV y del Banco de España; y además contaron con su aval. De hecho, según el imputado, las conclusiones de otras firmas de reconocido prestigio, como PwC, Ernst and Young y KPMG, que auditaron en 2010 las cuentas de cinco de las cajas que se integraron en Bankia, también contradicen el criterio de los peritos.
Celma sostuvo que las provisiones de Bankia ascendían en aquel momento a 3.000 millones de euros, aportando documentación para apoyar esta tesis. La postura de las asesorías y supervisores externos del informe que presentó el banco en la Oferta Pública de Suscripción de Acciones converge en que los peritos judiciales han analizado unos hechos del pasado utilizando información posterior. En otras palabras, que parte de una caída del mercado que aún no se había producido. El auditor de Deloitte ha manifestado que los peritos judiciales aplicaron "una normativa contable inventada por ellos mismos". Son Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, adscritos al Banco de España, quienes ratificaron el pasado 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, conformado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su "imagen fiel" a los inversores y a los accionistas.