La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha desestimado las pretensiones del juez que instruye el caso Bankia de dejar al margen del proceso al gobernador del Banco de España en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Los magistrados han ordenado la comparecencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez en calidad de investigado, junto con otros altos cargos de la máxima institución financiera en el momento de la salida a bolsa de Bankia, así como de los principales responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Según el auto hecho público este lunes, Fernández Ordóñez autorizó la cotización en el mercado de valores del referido grupo bancario, resultante de una fusión contranatura en la que se asumían los activos tóxicos de cajas de ahorro en situación de quiebra técnica. Hasta en cuatro ocasiones advirtió la inspección del Banco de España al supervisor de que la salida a bolsa de Bankia acabaría en la quiebra y en el posterior rescate público de la entidad. Efectivamente, poco tiempo después, eso fue exactamente lo que sucedió, con un perjuicio para los inversores de 15.000 millones de euros.
Ahora bien, la de obviar las advertencias bien fundadas de los expertos del Banco España fue solo la última –y más dañina– decisión del inefable MAFO, en el marco de una gestión que no pudo ser más desastrosa.
El gobernador socialista del Banco de España negó la existencia de la crisis pese a disponer de todos los indicadores que anunciaban la mayor recesión de la historia reciente. Cuando la tormenta se desencadenó, MAFO actuó de la peor manera posible en un regulador: autorizando una cadena de fusiones entre cajas solventes y cajas que no lo eran en absoluto, lo que aumentó exponencialmente los costes del rescate financiero posterior. Consumado el desastre, MAFO autorizó la emisión de títulos dudosos –las famosas participaciones preferentes– con que algunas cajas de ahorro se aprovecharon de la confianza de sus clientes para tratar de evitar la quiebra inmediata.
Miguel Ángel Fernández Ordóñez es uno de los grandes responsables de la crisis devastadora que ha asolado el sistema financiero español. En lugar de vigilar el comportamiento de los agentes bancarios y establecer medidas de profilaxis, colaboró en extender la mentira alimentada por el Gobierno socialista de que lo que estaba ocurriendo en 2007 era tan solo una leve "desaceleración". Sobran las razones, pues, para investigarlo penalmente. Era, de hecho, un clamor.