Los estibadores están en pie de guerra desde que el Ministerio de Fomento anunció hace escasos días la liberalización de este particular gremio, cuya regulación es de origen franquista. Dicho cambio no parte de la iniciativa del Gobierno, sino que es fruto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de diciembre de 2014, en la que establece que el modelo español es contrario a la legislación comunitaria.
Los sindicatos de la estiba amenazan ahora con paralizar la actividad portuaria mediante una huelga a finales de febrero para intentar frenar la reforma, lo cual podría generar graves perjuicios económicos, puesto que la mayoría de las exportaciones e importaciones del país pasan por los puertos españoles. En el sistema actual, las empresas estibadores no pueden contratar libremente a quien quieran, sino que están obligadas a emplear a los trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.
Las Sagep, que tiene una plantilla de 6.156 trabajadores, funciona pues como un monopolio blindado ante la competencia exterior. El hecho de que las empresas que operan en los puertos no puedan contratar trabajadores libremente otorga a esta entidad un enorme poder que ha sido aprovechado durante muchos años para elevar sus sueldos muy por encima del precio de mercado y lograr diversas ventajas y privilegios laborales, además de controlar de forma férrea quién entra y quién no en este reducido y exclusivo nicho, ya que su influencia se deja notar en los procesos de selección de personal, según fuentes del sector.
En este sentido, los lazos familiares son abundantes y no es nada extraño encontrarse con estibadores que, a su vez, son hijos y nietos de estibadores, conformando así una especie de sistema hereditario. Y todo ello por obra y gracia de la regulación existente. La herramienta de presión es sencilla: al ser los únicos que están autorizados a descargar mercancías de los buques, pueden paralizar por completo la actividad de los puertos, generando ingentes pérdidas a los operadores, de ahí que las empresas, tradicionalmente, hayan cedido a sus reivindicaciones.
La cuestión es que el mantenimiento de este sistema no sólo vulnera los principios elementales de competencia y libre contratación que estipula la normativa comunitaria, sino que lo puertos españoles han perdido competitividad con respecto a otros países debido a los crecientes costes de personal.
Los costes y privilegios de la estiba
En concreto, según un estudio elaborado por la consultora PwC sobre la competitividad de los puertos españoles y las ventajas de la liberalización, el sistema vigente de la estiba adolece de varios problemas graves:
1. Costes por encima de la media europea: los costes de estiba en España suponen un 53% del total de costes de manipulación de las mercancías, mientras que en las terminales europeas esta cifra supone de media únicamente un 38,8%.
2. Rigidez e ineficiencia en la prestación de los servicios: las empresas que operan las terminales portuarias no pueden contar con su propio personal estibador, ya que están obligadas por ley a ser accionistas de las Sagep del puerto correspondiente y a contratar a sus trabajadores para la carga y descarga de buques. La nula capacidad de las compañías a la hora de definir la organización del trabajo genera un gran incremento en los costes de sus servicios.
- Turnos de trabajo fijos e indivisibles: los estibadores sólo pueden ser contratados en bloques de 6 en 6 horas, generando en muchos casos el pago por horas no trabajadas.
- Organización ineficiente del trabajo: la composición de los equipos de estibadores (número, rol y categoría profesional de los operarios) es establecida por la Sagep y no puede ser ajustada por los contratantes en función de las necesidades. Cada equipo de estibadores es asignado a un turno y a un barco concreto y no pueden prestar servicios a otros barcos aunque todavía no haya acabado su turno y no tengan más trabajo.
- Falta de flexibilidad: incapacidad para adaptarse a cambios en el calendario de las empresas contratantes, que hace que en ocasiones se llegue a pagar por la totalidad de los servicios a pesar de no haberse realizado.
3. Ausencia de requisitos de acceso uniformes y objetivos: el sistema de contratación de los estibadores por parte de las Sagep adolece de falta de objetividad y transparencia, haciendo muy difícil el acceso a la profesión a aquellas personas que no tengan vinculación alguna con los estibadores ya contratados. Tampoco hay ninguna formación específica.
4. Costes salariales fuera de mercado: los salarios medios de los estibadores son elevados en comparación con los del resto de profesionales que trabajan en los puertos españoles o en otros sectores de actividad. Además, sus estructuras salariales (salario mínimo garantizado más pluses) les incentivan a presentar niveles de productividad reducidos. Suelen realizar de forma efectiva el 75% de su jornada laboral, y en algunos casos los sueldos, sumando extras, pueden llegar a superar ampliamente los 100.000 euros al año.
5. Un modelo de estiba anticuado frente al resto de Europa: existen amplias diferencias en sueldo, horario, organización y modernización en comparación con otros países europeos. Así, en España, el peso de la mano de obra en los costes de manipulación de mercancías es del 51%, frente al 25% en Reino Unido, el 37% en Alemania o el en 44% Italia.
6. Problemas de adaptación a la modernización en el transporte marítimo de mercancías: los nuevos mega-buques precisan de una rápida manipulación de las mercancías para que las inversiones realizadas puedan recuperarse. La falta de eficiencia puede decantar a las navieras que operan este tipo a buques a optar por otros destinos en detrimento de España.